Los diputados nacionales del Partido Obrero en el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Soledad Sosa (Mendoza) y Pablo López (Salta) han sido convocados a la reunión del pasado miércoles 18 de julio, a las 11 horas, de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados a fin de debatir un temario que plantea la expulsión o suspensión de los fueros del diputado nacional Julio de Vido (FpV-PJ). Nuestros diputados participaron del debate de la Comisión, aunque no la integran, con la siguiente posición:

 

1) el gobierno de Cambiemos pretende colocar el tema corrupción al tope de la agenda política, en momentos en que la situación nacional está sacudida por un derrumbe industrial, los despidos masivos y la agresión en todos los órdenes sobre la condición de vida y de trabajo de las masas. Pero mientras tanto, llevan adelante un encubrimiento por partida doble. En primer lugar, del propio clan macrista, tan envuelto en hechos de corrupción como sus antecesores del kirchnerismo. Dan cuenta de ello las recientes revelaciones de la Justicia norteamericana en el caso Odebrecht, que involucra tanto a los funcionarios del gobierno anterior como a los máximos ejecutivos de IECSA, la empresa que pertenecía al cuñado del actual presidente Macri. En segundo lugar, porque, a través de la supuesta tentativa de avanzar contra De Vido en el Congreso, el bloque oficial mira para otro lado frente a un sistema de justicia que ha dejado impunes a todos los corruptos de la última década, desde el caso Skanska hasta Odebrecht, pasando por la masacre de Once. 

 

El macrismo y sus socios no reclaman el juicio político a esos jueces, que han sido nombrados por el Senado y el Consejo de la Magistratura integrados por los partidos de la corrupción. En cambio, se sirven de esa complicidad y parálisis judicial para avanzar en un procedimiento que sienta un grave precedente: a través de un mecanismo de mayorías especiales, pretenden avanzar en un mecanismo de expulsión o suspensión de diputados que, mañana, bien podría ser empleado para la sanción e incluso la expulsión de parlamentarios que por sus opiniones o acciones, cuestionen la política de ajuste y agresión al pueblo trabajador. Llamamos la atención, en este punto, del cuadro de persecución política que por este motivo se está gestando contra parlamentarios del Frente de Izquierda: es el caso de cuatro diputados y senadores en la provincia de Mendoza, a los que se pretende desaforarar y juzgar por haber apoyado en las calles al  paro general del 6 de abril. Antes, a nuestra compañera Cintia Frencia, legisladora en Córdoba, pretendieron  sancionarla por asumir la defensa y la voz de quienes luchaban contra la contaminadora Monsanto. Días pasados, nuestro compañero Néstor Pitrola fue gravemente atacado por la gran prensa, al apoyar y participar de la marcha por el salario mínimo. En vez de ir contra los jueces que duermen las causas, Cambiemos y sus socios quieren avanzar en la creación de un estado de excepción, que más temprano que tarde será usado contra los fueros como principio para preservar la libertad política y de opinión de los parlamentarios. 

 

Por otra parte, es altamente probable que la figura de “inhabilidad moral” rija para muchos más que Julio de Vido en el propio Parlamento, como ocurre con Carlos Menem. Pero justamente éste tiene culminado un proceso judicial con sentencia firme, que debe avanzar en las causas del ex ministro de Planificación. Las leyes vigentes en materia de fueros permiten que un diputado sea investigado, indagado y procesado. A su turno, el propio proceso judicial demandará la quita de fueros para llevar el juicio público hasta las últimas consecuencias. Pero incluso si ello ocurre y la Justicia pide el desafuero, el Congreso deberá considerarlo luego de un debate político en regla, y no como mero brazo ejecutor de la Justicia. Es en estos términos que nuestro bloque presentó un proyecto de desafuero a De Vido hace un año atrás; 

 

2) la responsabilidad de Julio de Vido como ministro de Planificación Federal, cuando estuvo al tope de los negocios de doce años de la patria contratista, está fuera de toda duda. Ello, desde las grandes represas hasta las viviendas que jamás se hicieron y que llenaron los bolsos de José López, así como las mansiones de Ricardo Jaime o las fortunas de Lázaro Báez. La masacre de Once es la consecuencia más lacerante de este régimen de vaciamiento de los recursos públicos y degradación de los trabajadores. El Partido Obrero lo denunció cuando muchos de los actuales ‘denunciantes’ callaban o, incluso, como Sergio Massa, formaban parte del mismo gabinete que integraban el hoy cuestionado De VIdo. Un militante del PO, Mariano Ferreyra, fue asesinado por luchar contra los agentes sindicales de este régimen de saqueo. Otros compañeros fueron encarcelados bajo la acusación de “sabotaje en las vías”, por parte de los laderos de De Vido. Con esa autoridad, reclamamos la apertura de los libros de todas las licitaciones en marcha, su investigación, el corte de concesiones basadas en corrupción y la puesta a andar de las obras bajo control de los trabajadores. Pero, al mismo tiempo, denunciamos la impostura de quienes, en nombre de una supuesta cruzada contra la corrupción, quieren encubrir a sus propias corruptelas y las del régimen político como un todo, incluyendo al aparato de Justicia. 

 

La coartada de la corrupción -esgrimida por los jefes de los Panama Papers, Arribas y Calcaterra-IECSA- es usada para promover un bloque político de ataque a las conquistas y derechos laborales, con el propósito de descargar la crisis capitalista sobre las espaldas del pueblo trabajador. No formaremos parte del juego distraccionista de quienes enviaron las tropas contra los obreros de Pepsico, disfrazados de demócratas alarmados de los delitos de otros, pero no de los propios. Llamamos a una poderosa intervención popular que una la defensa de todas las reivindicaciones populares amenazadas a la lucha por esclarecer todas las acciones de desfalco de los políticos capitalistas.