Desde hace casi veinte años, la empresa Landnort se dedica al tratamiento y disposición final de residuos por biodegradación asistida (vuelcan residuos industriales en tierra arada y la remueven para que ésta se encargue de degradar sus componentes).

Esta empresa forma parte de la llamada “mafia de tratadores de residuos” de la provincia de Buenos Aires, descarga en sus terrenos residuos líquidos y semisólidos de limpieza y bombeo de cámaras y tanques de petróleo crudo, de limpieza de separadores de refinería y plantas química, de aceites usados de motores y máquinas, de barros provenientes de estaciones de servicio, etc. En todos los casos provenientes de industrias nacionales y corporaciones mundiales.

Año tras año es objeto de denuncias de vecinos sobre contaminación de suelo, agua y aire, enfermedades y lesiones en la piel, diarreas infantiles, leucemia y otros cánceres.

La mayoría de los vecinos no posee acceso digno a la salud pública ni privada a través de una obra social, de esta forma son atendidos en salitas y allí les diagnostican sarna y el único tratamiento es que se bañen, pero nunca se acepta que las lesiones en la piel; los problemas respiratorios y gastrointestinales son consecuencia de la contaminación.

Lejos de ayudar, en los últimos años las sociedades de fomentos manejadas por los punteros políticos se han encargado de individualizar a los vecinos que protestan para luego quitarles los beneficios sociales que tenían como personas carenciadas (plan Trabajar, bolsa de alimentos, plan jefes, etcétera), con el sólo intento de aislar cualquier organización social en contra de la empresa y el municipio.

La empresa cuenta con el aval del Estado municipal, provincial y por la Justicia Federal que revocó su clausura de 2012, acusada de presuntas violaciones a la Ley Nacional 24051/91. En ese entonces se reunieron suficientes pruebas que determinaban excesivas concentraciones de plomo, hidrocarburos y demás sustancias peligrosas. El municipio, además, tomó muestras cuyos resultados son alarmantes. Los niveles de concentración de níquel, plomo y nitritos exceden la legislación ambiental de la provincia y la Nación, además de la contaminación en el agua que hace peligrar al acuífero y a los barrios lindantes.

Existe un proyecto en el Concejo Deliberante que solicita, en primer lugar, la clausura preventiva de la planta (Fuente: http://campanaargentina.com/view/4166).

El Partido Obrero plantea:

– acceso a la información de análisis de los últimos cinco años (control de las muestras de residuos, del suelo, así como el muestreo de la red de pozos de agua freática, subterráneas) que fueron exigidos, pero nunca informados por el Estado provincial;

– clausura total inmediata de la empresa;

– plan de cierre, de abandono y de remediación del suelo, bajo control de los vecinos y profesionales universitarios independientes, pagos por la empresa;

– indemnización, reubicación y mantenimiento de la antigüedad de los trabajadores de la firma.

Gabi