El Indec acaba de dar a conocer las actualizaciones de la Canasta Básica Total y la Canasta Básica Alimentaria, quedando en $89.690 y $39.862, respectivamente. Esta realidad agrava las condiciones de vida de millones de trabajadores que no llegan a fin de mes: la inflación golpea sobre las familias obreras, con ingresos y salarios actualizados por detrás de los precios.

Un día antes de que el organismo oficial publicara estos datos, la Junta Interna de ATE-Indec dio a conocer la elaboración mensual de su Canasta Familiar para el mes de marzo, la que asciende a $145.456: un monto que excluye a la mayoría de la población trabajadora. El aumento interanual de la Canasta Alimentaria trepó a un 55,2%, sumando 6,5% en marzo.

El gobierno, que se ufana de librar una “guerra” contra la inflación, es responsable directo de gran parte de esta depreciación de ingresos populares, jubilaciones y salarios, como resultado de la aplicación del programa y las medidas pactadas junto al FMI.

Ingresos arrasados

La responsabilidad del gobierno en este ajuste en marcha queda expuesta, nuevamente, con el reciente anuncio de bonos para jubilados, monotributistas y trabajadores informales, los cuales buscan ocultar la depreciación real de jubilaciones y salarios, al tiempo que consolidan la caída de los ingresos populares. Recordemos que solo la inflación de marzo ascendió a la cifra record de los últimos 20 años de 6,7%.

La jubilación mínima se encuentra en escasos $32.630,40, un piso por debajo de la Canasta Alimentaria de indigencia, que alberga a un universo de 4,3 millones de jubilados y pensionados. El índice de actualizaciones del gobierno ha agravado esta situación, partiendo de un haber ya de por sí muy bajo, que demanda una recomposición inicial urgente para superar al menos la Canasta Básica.

Para el salario mínimo, el gobierno viene de aumentar un 45%, en cuatro cuotas, que recién impacta desde este mes de abril, con un aumento del 18%, que ya está siendo superado por la inflación de los primeros meses del año. La suma total, incluso, ya ha quedado desplazada de toda negociación paritaria, por considerársela muy por detrás del cálculo “realista” de la inflación anual.

Trabajadores mal pagos

Otro dato significativo es que los salarios que se pagan en la actividad privada también se encuentran por el piso. Las cifras que ofrece la estadística oficial, en base a mediciones sustraídas del sistema SIPA no son fidedignas, ya que solo reflejan la situación de los trabajadores y trabajadoras encuadrados en convenios colectivos de trabajo.

La realidad dista mucho de esto, con trabajadores forzados a adherirse al régimen de monotributistas, empleo parcialmente registrado, contratos basura, trabajo informal e imposiciones de todo tipo de las patronales para evadirse de sus obligaciones.

Una reciente encuesta realizada desde las redes de Prensa Obrera refleja que un 56,5% de los asalariados encuestados cuenta con ingresos por debajo de los $80.000 y que más del 79% no llega a cubrir los gasto de todo el mes.

Lo que queda de manifiesto es que hay un profundo ataque y deterioro del poder adquisitivo de la población trabajadora, producto de la política oficial de aumentos a la baja y topes a las negociaciones salariales, en un cuadro de inflación alentado por las propias medidas fondomonetaristas y la adaptación del gobierno a los negocios de los exportadores y el capital privado.

No se puede abordar esta situación con una discusión con bonos de temporada y arengas vacías que afirman que “los salarios le ganan a la inflación”, sino que es necesario proceder a una inmediata recomposición general de salarios, jubilaciones e ingresos populares, para que alcancen la canasta familiar y se actualicen, luego, según la evolución de la inflación.