Lo que ha comenzado en el caso del crimen de Candela Sol Rodríguez es una parodia de juicio oral, destinada a convertirse en el último eslabón de una cadena de encubrimiento que dejó a la vista un entramado atroz de complicidades mafiosas entre la policía, el poder político y el judicial. Los tres delincuentes —uno de ellos ya condenado por otros delitos—, todos ellos confidentes de la policía, que se sentarán en el banquillo, son la parte más fina del hilo. Entre los acusados no estarán los grandes responsables: el ex jefe de policía Juan Carlos Paggi, el ex segundo jefe Hugo Matzkin (asumió la jefatura después de que su antecesor cayera precisamente por este caso) y el ex jefe de la Delegación de Investigaciones de La Matanza, comisario mayor Marcelo Chebriau, junto con el ex gobernador Daniel Scioli y su ministro de Seguridad, Ricardo Casal, además del ex fiscal Marcelo Tavolaro, entre algunos otros. Esos son los nombres de quienes encubrieron el crimen para proteger a bandas de narcotraficantes integradas orgánicamente por la policía provincial.

 

Candela Rodríguez, debe recordarse, fue secuestrada el 22 de agosto de 2011 y estuvo en cautiverio nueve días. La niña tenía entonces 11 años y, en medio de una fortísima conmoción social y un despliegue policial y mediático pocas veces visto, su cadáver apareció en un baldío de Hurlingham, en el oeste del Gran Buenos Aires, dentro de una bolsa de consorcio.

 

La madre de la nena, Carola Labrador, acusó directamente a la policía, en sus primeras declaraciones ante el tribunal oral, de “encubrir a los autores” (La Nación, 9/2), y añadió que el entonces ministro de Seguridad de la provincia, Ricardo Casal, “me mintió”. La mujer agregó que la policía “no quiso encontrarla viva (a Candela)”. Los mandos policiales hicieron eso, continuó, porque “taparon a gente de ellos”.

 

Carola Labrador dijo más:

 

—A ella la tuvieron secuestrada en Costa Esperanza, un asentamiento en el que manejaba la droga el hijo del ex intendente (Hugo) Curto. Ella estaba en un ranchito y ése no lo revisaron. Yo, después me metí, anduve por todos lados, conseguí que mucha gente hable. Los vecinos me contaron que la noche del allanamiento estaba ahí y esa misma noche la pasaron. La gente no quiere poner la cara porque ahí están los jefes de la droga y es la policía la que maneja todo. A ella la mata (Hugo) Bermúdez (uno de los acusados en esta instancia) cuando se la entregan, no sabemos quiénes. Hay personas responsables que no van a estar en el juicio: (Juan Carlos) Paggi, ex jefe de la Bonaerense; (Roberto) Castronuovo, ex jefe de investigaciones, y todos los que encubrieron, el fiscal (Marcelo) Tavolaro, el juez (Alfredo) Meade y el ex ministro (Ricardo) Casal (Perfil, 4/2).

 

Esas declaraciones de Labrador tienen sus antecedentes en investigaciones más antiguas:

 

“El espectacular accionar policial durante la búsqueda tuvo como objetivo responder a la presión mediática y desviar la investigación del verdadero territorio en que se desarrollaba el caso”, dice un informe exhaustivo elaborado en su momento por una comisión especial de la Cámara de Senadores de la provincia de la Buenos Aires. En otras palabras: todo ese despliegue tuvo el exclusivo propósito de distraer la atención para proteger a los criminales. Sobre esa comisión senatorial, debe recordarse que se organizó cuando el kirchnerista Gabriel Mariotto era vicegobernador de la provincia y titular de la Cámara, y estaba abiertamente enfrentado con Daniel Scioli. Más tarde, cuando los kirchneristas anudaron su acuerdo con Scioli, ese informe aplastante quedó en el completo olvido.

 

Ahora bien ¿Por qué esa necesidad de encubrir el asesinato de una niña?

 

Porque, desde el primer día, todos los indicios apuntaban a bandas narcotraficantes de San Martín, en el Gran Buenos Aires, ya no protegidas sino integradas orgánicamente por la policía de la provincia. Un negocio paralelo de la policía es secuestrar de vez en cuando a narcotraficantes —o a delincuentes de otros rubros, pero en todos los casos a gente que no puede hacer denuncias— para cobrar rescate.

 

La última señal del Nextel de Candela tenía origen en San Martín. El padre y la madre de la niña son de San Martín y tienen allí vínculos familiares y delictivos (su padre estaba preso por piratería del asfalto) y muy poco tiempo antes, por conflictos entre narcos, había sufrido un intento de secuestro una tía política de Candela, sospechada de actividades narcotraficantes con la policía. Varios llamados al 911, durante los días de la desaparición de Candela, la ubicaban en esa zona, y señalaban a personas de Villa Corea, Costa Esperanza, Villa 18 y Villa 9 de Julio. Ninguno de esos indicios fue investigado salvo muy superficialmente. En cambio, la policía buscaba a Candela en Hurlingham y Villa Tesei, donde sabía que no estaba. Mientras tanto, añade el informe del Senado, se desarrollaban operaciones paralelas por parte de la policía para tratar de recuperar a la niña, que resultaron fallidas. Finalmente, dice el informe senatorial, los secuestradores debieron asesinar a la niña porque “la prolongación del evento ponía en riesgo el verdadero negocio, el mercado delictual del narcotráfico”.

 

Además, según la investigación del Senado, la aparición del cadáver en aquella bolsa tenía un significado especialmente macabro: “La exhibición del cuerpo puede ser interpretada como un mensaje mafioso-político en el contexto de internas policiales por el control territorial y la disputa por la conducción de la policía”.

 

Ese lugar, además, fue contaminado groseramente. Según un perito, una “manada de elefantes” irrumpió en la escena. Era una horda de funcionarios políticos, con Scioli a la cabeza, policías, familiares y periodistas, de modo que se arruinó por completo cualquier posibilidad de encontrar allí indicios útiles. Como semejante torpeza es inconcebible aun en la Bonaerense y en Scioli, tuvieron que hacerlo adrede. Para decirlo con todas las letras: el gobernador en persona, con su cúpula policial, se encargó él mismo de destruir pruebas.

 

El Poder Judicial también fue un cómplice activo. “El caótico expediente judicial —dice el informe— constituye la prueba de la vergonzosa investigación llevada a cabo por el fiscal y la policía”. Por último, incluso la madre de Candela, Carola Labrador, sorprendió a todos cuando apareció patrocinada por el abogado Fernando Burlando, de conocidísimos vínculos con la Bonaerense. La presencia de Burlando indica que aún hoy se siguen jugando en el caso diversas internas policiales.

 

En definitiva, es todo un régimen político corrompido hasta los huesos el que debe sentarse en el banquillo de los acusados. En cambio, para culminar el encubrimiento, han puesto ahí a tres infelices.