La petrolera YPF, de mayoría estatal, acaba de lanzar un canje para refinanciar 413 millones de dólares de un bono de deuda que vence el 23 de marzo del corriente año. Ante el límite de acceso a divisas fijado por el Banco Central (BCRA) en un 40% de las deudas que vencen antes del 31 de marzo, los mecanismos autorizados por el gobierno plantean una serie de privilegios exorbitantes para las patronales y el capital financiero.

Con una deuda total de alrededor de 6.600 millones de dólares, YPF representa el principal desafío corporativo luego de las restricciones originadas desde el endurecimiento del cepo cambiario, respecto al pago y el vencimiento de obligaciones de deudas corporativas acumuladas durante los últimos años.

Este megacanje que pretende la petrolera local es resultado de una negociación previa. El vencimiento original, del bono en cuestión, era por unos 1.000 millones de dólares, por los cuales en julio de 2020 la empresa realizó un canje voluntario, que contó con la adhesión del 58,7% de los acreedores.

La disposición del BCRA establece, desde el 15 de septiembre de 2020, restricciones al acceso de divisas para la cancelación de deudas superiores a 1 millón de pesos por mes con vencimiento antes del 31 de marzo de 2021.

La calificadora Moody’s llegó a estimar los alcances de esta situación en unas 35 compañías con deudas por 1.253 millones hasta ese plazo fijado, de entre las que YPF se encuentra a la cabeza, seguida por Banco Hipotecario SA, Irsa, Cresud SA y otras, algunas ya refinanciadas.

El problema estaba más que claro para cualquier observador: la ecuación resultante entre un encarecimiento de los pagos, al ritmo del crecimiento del dólar paralelo, y el cierre  del mercado de crédito, debido a las pocas garantías de repago, fue objeto de reclamo de las patronales al gobierno.

Tal es así la cosa que en el cuadro adverso para las petroleras, agravado por la pandemia, YPF incluso ha puesto en venta su torre en Puerto Madero, para hacerse con algunos (muchos) dólares, mientras espera que una refinanciación exitosa le dé margen para repuntar en el corto plazo, a base de tarifazos, despidos y una reestructuración patronal.

Privilegios para el capital financiero

La medida oficial obliga a las compañías endeudadas a refinanciar sus pasivos o a acceder a operaciones cambiarias costosas, liquidando sus deudas al tipo de cambio vigente por fuera del dólar oficial, lo que implicaría un costo desmesurado y un callejón sin salida.

Pero, parafraseando un dicho popular, cuando el gobierno cierra una puerta también abre una ventana, aunque solo sea para la burguesía. Es lo que ocurre con la letra chica de las comunicaciones del Banco Central, desde donde se habilita a las patronales exportadoras a mantener sus fondos en cuentas off shore si estos se utilizan para cancelar deuda corporativa.

Entre las nuevas disposiciones también se habilita la creación de fideicomisos “para garantizar la atención de los servicios de capital e intereses de tales endeudamientos”, los cuales podrán acceder al mercado de divisas en condiciones privilegiadas.

De esta manera, YPF no solo espera refinanciar los 413 millones de dólares de deuda restante, sino que la oferta alcanza a casi todos los bonos internacionales emitidos  por la empresa, con vencimientos en 2021 y 2022, por un total de 6.200 millones de dólares.

Para obtener una fuerte adhesión, la empresa está ofreciendo a los acreedores que accedan una parte del cobro de las exportaciones de la petrolera: un esquema similar al practicado por provincias como Neuquén, donde el gobernado Omar Gutiérrez ha puesto las regalías petroleras como garantía del cobro de los acreedores de la deuda externa.

Esta refinanciación, con la emisión de tres bonos, es sin quita en el capital ni en los intereses, convirtiéndose en un negocio redondo para los especuladores financieros, respaldado por las medidas del gobierno nacional.

Restricciones para los trabajadores

Las garantías ofrecidas por el gobierno para la refinanciación de deudas corporativas contrastan con los bloqueos que encuentra la clase trabajadora para proteger sus ahorros e incluso para realizar operaciones dirigidas a satisfacer las necesidades más elementales. Es lo que ocurre para el caso de adquirir una vivienda, en un mercado completamente dolarizado, al cual los trabajadores deben acceder por medio de operaciones financieras como la adquisición del dólar MEP, más cerca del blue que del dólar oficial.

Ni hablar del dólar ahorro, que cuenta con cupo de 200 dólares mensuales, impuesto PAÍS  y recargo del 35% por “ganancias”.

Las medidas del gobierno siguen alimentando la fuga de capitales en el medio de una supuesta lucha por el “ingreso de divisas”. Se trata de una puerta giratoria donde las ganancias capitalistas son refrendadas y donde la clase obrera debe contentarse con un ajuste cada vez más duro.

El control de cambio y la nacionalización del conjunto de la banca debe ser el puntapié para montar una salida obrera a la crisis actual, evitando la sangría de los recursos nacionales y anteponiendo los intereses obreros por sobre el capital financiero.