Desde la bancada del Frente de Izquierda en el Concejo Deliberante, presentamos un proyecto de ordenanza para establecer la adhesión a la Ley Nacional Nº 27.350 -Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados-, a la Ley Provincial 1.0756, como así también a las reglamentaciones nacionales que hacen a su aplicación.

Para impulsar esta iniciativa se realizó en la tarde del 26 de mayo una conferencia virtual donde participaron diferentes organizaciones cannábicas, activistas, y familiares de usuarios del cannabis medicinal. Entre los asistentes estuvieron presentes Nadia Podsiadlo, abogada de Feministas Cannabicas Córdoba; Azul Torres Orona reconocida luchadora en este campo; y compañeras/os de las organizaciones Feministas Cannábicas Córdoba, de la Asociación Edith Moreno Cogollos Córdoba, y del Movimiento por la normalización del Cannabis Manuel Belgrano.

Después de años de lucha y numerosas iniciativas de movilización impulsadas por el movimiento de mujeres y organizaciones sociales, con cuatro años de atraso se impuso la adhesión provincial, convirtiendo a Córdoba una de las últimas provincias en plegarse a la legislación nacional.

A pesar de tratarse de una problemática de salud pública, el gobierno provincial rechazó durante años la adhesión, apoyado en su lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, esta política sólo ha servido para avanzar en la represión y persecución judicial contra la juventud, las madres y familiares de pacientes que usan el cannabis medicinal, manteniendo intacta la impunidad con la que se manejan las grandes redes de narcotráfico y el crimen organizado en nuestra provincia.

El proyecto de adhesión presentado en el Concejo Deliberante prevé la creación de una comisión de control de las organizaciones sociales, profesionales, familiares y usuarios, de carácter vinculante, para intervenir en la reglamentación y en el control para su afectiva aplicación, garantizando su acceso en especial a los sectores vulnerables.

Ante un sistema de salud municipal colapsado y desmantelado, por años de vaciamiento de las gestiones, antes del radicalismo ahora del PJ, la intervención activa de las organizaciones sociales es la única garantía de avanzar en su aprobación, como así también de enfrentar los negociados con la industria farmacéutica que se abre camino también en este terreno.