El gobierno ha derogado el decreto que impedía la extradición de argentinos acusados de violaciones a los derechos humanos, firmado en diciembre de 2001 por Fernando de la Rúa.

Sin embargo, el encarcelamiento de los genocidas sigue tan lejos como siempre, por los sucesivos vallados de impunidad que ha establecido el Estado. El decreto del gobierno dispone que las solicitudes de extradición deben quedar en manos de los jueces, pero “en el marco de la ley 24.767 de cooperación internacional en materia penal y extradición”, que dispone que es la Cancillería la que habilita la solicitud de extradición para girarla al juez que corresponda y “al final del juicio de extradición (que puede durar mucho tiempo), el gobierno debe pronunciarse y autorizar la extradición” (Clarín, 26/7).

Los jueces que responden a la impunidad pueden sortear las extradiciones apelando a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos, postergando casi sin límite en el tiempo cualquier decisión.

El presidente Kirchner planteó en Estados Unidos que, en su opinión, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final eran “inconstitucionales”, pero no se pronunció por su nulidad inmediata.

Es más, se ha iniciado una campaña tendiente a que el gobierno deje la suerte de las leyes de impunidad en manos de la “Justicia”.

El diario La Nación llegó a plantear que si se anularan las leyes de Obediencia Debida y Punto Final “siempre existiría la posibilidad de que los acusados cuestionaran la constitucionalidad de la ley anulatoria. La palabra de la Corte volvería a ser la que vale” (26/7).

Pero es el propio diario que hace de virtual vocero del gobierno, Página/12, quien recoge este mismo planteamiento y el de que “la cuestión debe resolverse con la normativa existente”, proponiendo que “si la Corte Suprema no se pronuncia o declara la constitucionalidad de las leyes de impunidad, los represores sean juzgados en el exterior como lo dispone la nueva legislación universal”, un trámite de no menos de siete años, luego del cual el 85% de los represores pueden estar muertos (28/7).

El PO se moviliza y llama a movilizarse el martes 12 de agosto a Congreso, por Cárcel ya a los genocidas.

Y convoca a una jornada preparatoria, el miércoles 6 de agosto, en todo el país, con centro en la Escuela Mecánica de la Armada, a las 15 horas.