La directa consecuencia de la ley de “cargos específicos” que acaba de aprobar el Congreso es un aumento de las tarifas de gas y electricidad para la inmensa mayoría de la población. Es que son un adicional porcentual que se cargará a las tarifas para alimentar fondos fiduciarios “creados o a crearse”, con los cuales se financiarán obras de extensión de las redes. Los porcentajes a cobrar sobre las tarifas, la duración de su cobro y las obras a realizar serán determinados de manera unilateral por el gobierno nacional. Los usuarios deberán comenzar a pagar mucho antes de que comiencen las obras, ya que se podrá imponer un “cargo específico” apenas cada una de éstas sea aprobada.

 

A diferencia de anteriores aumentos tarifarios, esta vez el tarifazo llegará a todos los hogares. “El nuevo marco legal abre la puerta para extender los adicionales tarifarios a casi todos los clientes residenciales (…) La ley contempla que, además de los comercios e industrias, la nueva carga pese también sobre los consumidores domiciliarios medianos y grandes. La excepción para los ‘pequeños usuarios’ apareció en un segundo borrador, no estaba en el primero (…) no parece que (…) dejar al margen las casas de familia (…) sea el ánimo de quienes lo redactaron” (Clarín, 29/4).

 

Crisis de las privatizaciones

 

Originalmente, la ampliación de las obras estaba a cargo de las propias empresas, según compromisos específicos establecidos en los contratos de privatización. Pero ninguna empresa cumplió los compromisos de inversiones. Para realizar las inversiones, las empresas reclamaban que se aumentaran las tarifas. Precisamente, el radical Terragno, uno de los críticos de los “cargos específicos”, señaló un “cuadro tarifario inadecuado”. En otras palabras, en lugar de los “cargos específicos”, Terragno reclamaba un tarifazo liso y llano.

 

Con los “cargos específicos”, Kirchner-De Vido pretenden realizar una verdadera cuadratura del círculo: darle una salida a la crisis de las privatizaciones —que en algunos casos, como el del agua, están al borde del colapso—; permitir que las privatizadas sigan siendo cajas recaudadoras (siguen sin invertir un peso de su capital), y estimular el aumento de las tarifas.

 

Gobierno de camarillas

 

La proliferación de fondos fiduciarios —ya son 16, con fondos por 4.200 millones de pesos, el equivalente al 5% del presupuesto nacional— desnuda a un gobierno de camarillas. Esos fondos están fuera del presupuesto y no están sujetos a control; pueden ser utilizados arbitrariamente, para establecer contratos directos, y hasta ser utilizados para fines diferentes de los establecidos. La mayoría de esos fondos son controlados por De Vido, el cajero de Kirchner.

 

La Sindicatura General de la Nación detectó graves irregularidades “con las consiguientes pérdidas patrimoniales” en la utilización del Fondo para la Reconstrucción de Empresas, creado para asistir a entidades financieras en crisis: “falencias en el otorgamiento de créditos, falta de control sobre la documentación y de seguimiento en el control del cobro, deficiencia en los registros contables” (Página/12, 7/8/05). Un festival.

 

La Auditoría General de la Nación señaló que los fideicomisos no tienen ni plan de cuentas ni criterios contables comunes. También están exentos de la obligación de publicar sus estados contables o de someterse a auditores externos. Los fondos están incluidos sólo a título informativo en el Presupuesto nacional, y “la planilla de flujos no permite conocer los destinatarios concretos de los recursos o el patrimonio acumulado como resultado del superávit acumulado de años anteriores”. Un decreto de 2004 permite al Ejecutivo disponer libremente de “los recursos líquidos de los fondos que temporariamente no se hallaren asignados”. Aunque la Ley 25.827 obliga al jefe de Gabinete a detallar cada cuatro meses las transferencias y las obras ejecutadas, el ministro Fernández todavía no consideró necesario hacerlo.

 

El manejo de estas cajas paralelas es un factor fenomenal de disputa entre las distintas camarillas del entorno presidencial. La Nación (22/4) recuerda que “las diferencias sobre el manejo discrecional de la obra pública fueron una de las razones de la renuncia de Sergio Acevedo como gobernador de Santa Cruz”.

 

Subsidio a las privatizadas

 

Los fondos fiduciarios constituyen un fenomenal subsidio a los pulpos privatizados.

 

El Fondo de Infraestructura de Transporte, con recursos provenientes de una tasa aplicada al gasoil, debía invertirse en mejoras a la red de caminos y la infraestructura ferroviaria. Se derivó a subsidiar empresas ferroviarias, de colectivos, de camiones y barcos. Uno de los beneficiados es Benito Roggio, concesionario de la construcción y explotación del puente Rosario-Victoria. El Estado puso 207 millones pero Roggio incumplió su parte, por lo que K lo subsidió con 51 millones de pesos más del fideicomiso. La Auditoría General de la Nación dijo que será imposible recuperar ese dinero en los 25 años que dura la concesión.

 

El Fondo de Infraestructura Hídrica —creado con un impuesto a la nafta y al GNC para financiar obras públicas de emergencia por las inundaciones en Santa Fe, La Pampa, Córdoba y Buenos Aires, y para la recuperación de tierras productivas— se derivó a obras en otras regiones y, en dos oportunidades, a cancelar deudas con Ferroexpreso Pampeano (Techint).

 

Gracias a los fondos fiduciarios, las privatizadas podrán extender sus ventas y su producción sin invertir un solo peso de su capital. Nada cambió, en consecuencia, desde la privatización menemista: con los “neoliberales”, el aumento de tarifas debía financiar las obras; con los “nacionales y populares”, las obras se financian con tarifazos encubiertos. Por eso, “las empresas prestadoras no se quejan demasiado con el cambio” (La Nación, 28/4).

 

“Cargos específicos”: un salvataje de las privatizadas a costa del bolsillo popular.