El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén dictó el sobreseimiento de los 15 imputados en la causa Fuentealba II, que debía investigar las responsabilidades políticas detrás del crimen del docente.

En mayo pasado, una resolución del Tribunal de Impugnación extendió por un año más el plazo de la causa. La sala penal del TSJ anuló ese dictamen y declaró extinguida la causa. Se pretende cerrar así un círculo de impunidad.

Todas las alas del partido de gobierno (MPN) y todos los poderes del Estado provincial han salido al rescate del ex gobernador Jorge Sosbich, de los funcionarios cómplices y de la cúpula policial. Incluido el poder legislativo, que por voluntad de sus bloques mayoritarios rechazó pronunciarse por el castigo a los responsables políticos del crimen.

El asesinato de Carlos Fuentealba fue, sin lugar a dudas, un crimen del Estado contra la clase trabajadora, porque fue consecuencia de la brutal represión policial emprendida contra el piquete de Aten, en la localidad de Arroyito, en el marco de la gran huelga de los trabajadores de la educación de abril de 2007.

El juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales del asesinato de Carlos es una exigencia irrenunciable de los trabajadores de la educación y del movimiento obrero.