La Coopi (Cooperativa Integral Regional de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo Limitada) de la ciudad de Carlos Paz y aledaños cuenta con una planta de al menos 300 trabajadores que se encuentran desde el 2016 en un conflicto permanente con el gobierno municipal de la localidad por la concesión del servicio de agua. Sucede que en dicho año, la gestión de Esteban Avilés, exintendente y actual presidente de la Agencia Córdoba Turismo, mediante el decreto 466 hizo operativa la extinción del contrato y el cese de la concesión precarizada del servicio de agua potable, luego de 55 años de que la Coopi prestara el servicio.

Desde que esto se dio a conocer, la pugna entre el Estado de la ciudad turística y la Cooperativa no cesa. En primera instancia, esta presentó un amparo ante el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, que no hizo lugar al pedido el año pasado. Ante esto, los abogados de la Coopi presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia de la Nación (TSDJN) la posibilidad de que éste reconsidere el fallo de la justicia cordobesa.

En noviembre de este año, el TSDJN dio a conocer la sentencia en la que declara inadmisible el planteo presentado por los abogados de la Cooperativa. La disputa no solo fue en términos judiciales, la Coopi marchó reiteradas veces y se encuentra en estado de alerta y movilización ante los últimos hechos. Bajo el lema “el agua no es un negocio” se movilizarán el próximo miércoles para rechazar el revés judicial del Tribunal Superior.

Si bien la lucha principal es la concesión del agua, vale señalar que la Cooperativa no solo tiene la concesión de este recurso sino también de las cloacas y comparte con el municipio una sociedad a través de la que se gerencia la subdistribución del gas natural. Este último también está es disputa y las últimas novedades datan que el gobierno municipal decidió disolver la sociedad con la Coopi y conformar una nueva con la Cooperativa San Roque.

Planteamos la necesidad de la intervención independiente de les trabajadores para defender todos los puestos de trabajo y el derecho de las familias obreras de la Villa y localidad cercanas al agua potable y todos los servicios para satisfacer las necesidades y no para los negociados.