Luego de que el repudio popular y la contundente movilización contra la aplicación del beneficio del 2×1 a los represores obligaran al gobierno a recular y criticar un fallo de la Corte Suprema alineado con su política de impunidad, la “pitonisa” del macrismo Elisa Carrió hizo una defensa del otorgamiento de la prisión domiciliaria a los genocidas de más de 75 años. Sus declaraciones ratifican una vez más que la cuestión de la amnistía a los genocidas de la dictadura tiene alcances estratégicos.

 

Cubierto por Carrió con el manto de los “derechos humanitarios” para los mayores de edad, la concesión de la prisión domiciliaria es ante todo una forma de encubrir la libertad de los represores. Al día de hoy, de 2780 genocidas imputados, apenas 750 (el 27%) fueron condenados y, de ellos, 518 cumplen "prisión domiciliaria". En 2016, mientras el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, tomaba mate con los familiares de los represores, este beneficio fue dado a más de 50 presos por delitos de lesa humanidad (Clarín, 09/12/16).

 

La manipulación de informes, peritos y compañía está a la orden del día para mandar a los genocidas a casa. Lo mostró el reciente otorgamiento de la licencia a Miguel Ángel Etchecolatz en una de sus múltiples causas, determinada por los jueces pese a un informe médico pericial que descartaba motivos sanitarios para el beneficio. Días atrás, un juez federal concedió en La Plata la domiciliaria a Osvaldo Omar Pallero, partícipe de asesinatos y torturas tanto con la Triple A como durante la dictadura, porque “estaba deprimido” (Perfil, 10/5).

 

Carrió se erige como una verdadera "ideóloga" de la impunidad. Insiste en justificar a los jueces amnistiadores de la Corte porque “fallaron conforme a lo que establece el artículo segundo del Código Penal”, obviando la evidencia de que hubo dos votos en contra. Los rumores la sindican como autora ideológica de los fundamentos de la ley que, a los apurones, el Congreso sancionó entre el martes y el miércoles pasado. Su objetivo: otorgarle un salvoconducto a los jueces amnistiadores, ocultando que el fallo viola jurisprudencia internacional y responde a lineamientos políticos de la Casa Rosada. A tal operación, el Partido Obrero le opone el reclamo de juicio político a los jueces.

 

En la misma entrevista, Carrió entona la teoría de los dos demonios que busca igualar a víctimas y victimarios de la dictadura, pidiendo el “derecho a la verdad” para los genocidas (Clarín, ídem). Se integra así al coro del que forma parte la Iglesia Católica, cuya armonía es la “reconciliación” con los militares y cuya nota final es la reducción de penas.

 

Toda esta política de impunidad está directamente ligada al objetivo de reinstaurar a los militares en tareas de represión interna, con el fin de garantizar el ajuste de Macri y sus gobernadores. El repudio popular, expresado en los cientos de miles que se manifestaron en todo el país, obligaron a los funcionarios del gobierno a discursear contra el fallo, mientras orquestan el rescate político de los cortesanos.

 

Al revés de las pitonisas de la antigüedad, cuyos mensajes eran crípticos, la que tiene el gobierno expone sin vueltas lo que otros funcionarios enmascaran.