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Carta Abierta a Anibal Ibarra

Buenos Aires, 29 de mayo de 2001


Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires


Dr. Aníbal Ibarra


Queremos establecer, a través de esta carta, nuestra apreciación y nuestra salida para la situación de las masas trabajadoras y los explotados de nuestra ciudad.


La propaganda oficial nos habla diariamente de un «Buenos Aires para todos», de un «Buenos Aires presente». La realidad es que Buenos Aires *su Estado, su gobierno* no es «para todos» ni está «presente» en la vida cotidiana y las aspiraciones de sus trabajadores, vecinos explotados, desocupados y compañeros sin vivienda. En la ciudad donde la riqueza social generada alcanza los índices más altos por habitante, 150.000 compañeros están desocupados y otros tantos subocupados; 400.000 vecinos se encuentran en emergencia habitacional, y la educación y salud públicas se derrumban en sus prestaciones, en las condiciones laborales de sus trabajadores y hasta en su infraestructura edilicia.


No cabe aquí argumentar que este cuadro es «una herencia del pasado», o el resultado de «una política nacional». En lo que va desde agosto del 2000 hasta hoy, en la ciudad se ha gobernado, decretado y legislado para los grandes pulpos inmobiliarios, turísticos, comerciales y financieros. Esta orientación social está conduciendo a una mayor miseria y precarización laboral; a la expulsión de los vecinos de sus viviendas; a la liquidación de la educación y salud gratuitas.


Salario y condiciones de trabajo


Los estudios e informes oficiales no cesan de referirse a la «nueva realidad inversora» que se desarrolló en la ciudad en la última década, aludiendo a la instalación de supermercados, hoteles de lujo y otras actividades de servicios. No se menciona, en cambio, que estas inversiones se asientan sobre la más completa miseria salarial, y el desconocimiento de las conquistas laborales. Encuestas privadas han revelado que el 50% de los trabajadores de la ciudad perciben 400 pesos o menos de salario mensual. La miseria salarial fuerza, naturalmente, al sobretrabajo para conformar un ingreso que permita vivir: según el Indec, el 40% de los trabajadores ocupados en la ciudad laboran más de 40 horas semanales.


La superexplotación se agrava entre los jóvenes: aquéllos que se emplean en los supermercados perciben 240 pesos por mes, por jornadas de trabajo extenuantes y con intimidaciones permanentes de su patronal. El suicidio de un joven en Paternal, meses atrás, retrata a qué extremos conduce esta política de superexplotación. El trabajo «en negro» asume las formas más diversas, encubierto muchas veces bajo la forma de los pagos «con factura». Es el caso de los jóvenes «motoqueros», que arriesgan su vida y sus propios medios de trabajo sin que exista legislación protectiva alguna, y donde un sistema de trabajo «a destajo» los empuja a permanentes y crecientes accidentes laborales. Una situación similar se registra en Metrovías: como si no fuera suficiente el deterioro que reina en las condiciones laborales de los trabajadores del subte, la pretensión de la empresa es eliminar a los guardas, sobrecargando criminalmente las tareas de los conductores y poniendo en peligro la seguridad de los usuarios.


En octubre pasado, una seguidilla fatal de accidentes laborales en la ciudad desató en la Legislatura un «reguero» de «declaraciones» y «pedidos de informes». Pero no se adoptó la menor disposición efectiva contra la inseguridad laboral. Es que en la base de estos accidentes está el sistema privado de riesgos del trabajo (ARTs) que los partidos del régimen quieren preservar. Un sistema que ha abaratado sustancialmente a las patronales los resarcimientos por accidentes laborales. Este panorama se agrava, naturalmente, con la corrupción sindical, la ausencia de una policía del trabajo y la imposibilidad de un control efectivo de las normas de seguridad por parte de los propios trabajadores.


El propio Gobierno de la Ciudad viene haciendo punta en la precarización laboral. La Ley de Empleo Público suprime la estabilidad y derechos fundamentales de los trabajadores municipales y prevé la perdida de vigencia de los estatutos especiales. Este hecho se combina con la existencia de 10.000 trabajadores contratados o en negro, que vienen desempeñando sus tareas bajo la forma de «locaciones de servicios» y/o de «autónomos». Esta política de precarización ya se ha cobrado víctimas fatales en las filas de los docentes gravemente enfermos, centenares de los cuales fueron obligados a retomar sus funciones laborales habituales.


Planteamos: ley de salario mínimo de 600 pesos para todos los trabajadores de la ciudad, por una jornada de ocho horas. Convenios colectivos con paritarios electos en asamblea. Derogación de la reforma laboral y toda legislación «flexibilizadora». Derogación de la Ley de Empleo Público y de todas sus claúsulas de precarización laboral. Efectivización de los contratados en el ámbito del Gobierno de la Ciudad e incorporación a planta permanente de los mal llamados «autónomos». Por el control de las condiciones salariales y laborales por parte de delegados y comisiones internas. Por comités de seguridad e higiene en todos los lugares de trabajo. Por el derecho al juicio civil en caso de accidentes. Por 6 horas de trabajo en Subterráneos de Buenos Aires, preservación del guarda por la seguridad de trabajadores y usuarios.


Desocupación


La contracara necesaria de este cuadro laboral es la desocupación en masa. Este régimen social necesita de ella, para coaccionar al trabajador ocupado a aceptar condiciones de superexplotación. Un 20% de la fuerza laboral de la ciudad se encuentra desocupada o subocupada. Lejos de colocar freno alguno a esta tendencia, la orientación del Gobierno de la Ciudad la ha agravado: los recursos destinados a planes de empleo representan el ¡0,4%! del presupuesto de la Ciudad. Más grave aún es el hecho de que estos recursos *como se ha comprobado en las denuncias recientes* han alimentado al aparato de Franja Morada o a la actividad de las ONG’s, donde el llamado trabajo «voluntario» o «solidario» encubre el esfuerzo oficial por privatizar la asistencia social. Como respuesta a estos fraudes, el Gobierno de la Ciudad ha anticipado una orientación aún más pro-capitalista: se trata de la entrega de estos planes de empleo a las empresas privadas, para que contraten trabajadores a 160 pesos, precarizando aún más el salario y las condiciones laborales.


La completa irracionalidad de esta política, si se mira desde el punto de vista de los intereses de la población de la ciudad, salta a la luz cuando vemos el siguiente y brutal contraste: al lado de 300.000 brazos dispuestos a trabajar, se levanta la realidad de una infraestructura escolar que se cae a pedazos; de hospitales derruidos; de complejos habitacionales que se desploman por falta de mantenimiento; de la mugre «copando» las calles de la zona sur, y abriéndole paso a los peores epidemias; de los desagües pluviales y los efluentes taponados por el descuido oficial y la privatización de la obra pública. La salida a esta grave situación, bajo un plan central de obras públicas y mantenimiento de la ciudad bajo control de los trabajadores, abriría paso a la formación de centenares de cuadrillas que tomen a su cargo las tareas planteadas. Reclamamos para ello la creación de 50.000 planes de empleo de 600 pesos por mes, sujetos a cargas sociales y previsionales de ley. La Ciudad destinaría en ese caso 300 millones de pesos por año (el 10% de su presupuesto) a la resolución de su problema más grave y más urgente, el de la desocupación. Pero estamos seguros de que bajo la dirección de sus trabajadores y sus técnicos, habría solución también para sus calles, hospitales y escuelas. Tenemos aquí un planteo verdadero de «planeamiento urbano», que armoniza a la principal fuerza productiva de la ciudad con sus necesidades de infraestructura.


El gobierno que usted dirige, en cambio, ha optado por la privatización de la obra pública, camino que, además de configurar una sangría para la ciudad, ha llevado a los desastres conocidos: ahí tenemos al aliviador del Arroyo Vega, cuya construcción es hoy objeto de una causa judicial, y cuyos fraudes pagan *y están pagando* los vecinos de Belgrano. Con esta misma orientación, su gobierno se ha lanzado ahora a la licitación del mobiliario urbano de la ciudad. Esta actividad *cuya reparación y mantenimiento realizaban los vaciados talleres municipales* será entregada ahora a consorcios privados. Esta privatización pretendió disimularse con la sanción de una ley de «compre nacional» beneficiando a grupos empresarios «locales» o «con domicilio en la ciudad», abriendo la posibilidad de ganar licitaciones aun ofertando con sobreprecios. Pero el jefe de gobierno ha pedido que se modifique esta ley para que puedan competir en pie de igualdad las firmas extranjeras. Es decir que los recursos previstos para esta licitación *500 millones de dólares, que casi duplica el plan de empleos que aquí proponemos* será dirigido entonces a llenar las arcas de importadores disfrazados de empresas locales o de Pymes. Mientras tanto, peligran los puestos de trabajo de los compañeros de los talleres municipales. Reclamamos la anulación de esta licitación, un plan central de mantenimiento y cartelería urbana con la participación de las organizaciones vecinales y los trabajadores municipales, ampliando los talleres propios a las cinco zonas de la ciudad (hoy restringidos a una sola de ellas).


Por importantes que sean las medidas que aquí proponemos, la situación de los desocupados y hambrientos de la ciudad no puede esperar. Reclamamos: una ley de subsidio de 500 pesos para todo desocupado mayor de 16 años; que se realice un censo general de todos los desocupados de la ciudad; que los planes «Nuevos Roles Laborales» sean entregados a los compañeros sin trabajo, en base a los padrones elaborados por las organizaciones de desocupados. Por un programa de entrega gratuita, en forma quincenal, de alimentos y medicinas en las barriadas y villas de la ciudad, bajo control de las organizaciones vecinales y de desocupados. Por la apertura de las cuentas e investigación de los fondos de Promoción Social.


Vivienda


Mientras la obra pública destinada a las necesidades populares languidece, el Plan de Infraestructura tiene una orientación social inconfundible: la entrega del suelo urbano a los monopolios turísticos, comerciales e inmobiliarios. Es el caso del proyecto Retiro-Puerto; de la propia «Corporación del Sur», donde el Estado ha acaparado *para su posterior enajenación* más de 2.000 predios en esa zona de la ciudad; de los corredores turísticos entre el sudeste y sudoeste porteños, dirigidos a canalizar inversiones de capital del turismo. Se trata de una orientación que expulsa a los trabajadores de la ciudad. Treinta desalojos mensuales desde que comenzó el año, y más de 400 en trámite judicial, dan cuenta de esta furia expulsora. Muchos de estos desalojos constituyen el paso final de operativos de especulación y acaparamiento de viviendas, donde falsos «propietarios» (con la complicidad de escribanos o martilleros) alquilan viviendas de casas obtenidas a través de fraudes, aprovechando la necesidad de familias trabajadoras que no pueden acceder a un alquiler en regla. Luego, cuando aparece una oferta de compra, los inquilinos precarios son tratados como ocupantes, y arrojados a la calle sin miramientos. La única respuesta del gobierno a la ola de desalojos pasa por una «asistencia social» tramposa, consistente en llevar a los desalojados a hoteles por un breve período, con el único propósito de disuadir a los expulsados de toda resistencia. Pero hasta la política asistencial ha hecho crisis frente a la ola de mandamientos, ya que ni los hoteles «oficiales» dan abasto. Reclamamos la urgente suspensión de los desalojos por un período de 2 años, y la formación de una Comisión Investigadora sobre la propiedad de casas e inquilinatos de la Ciudad, y de los hoteles transitorios contratados por Promoción Social.


Tampoco hay perspectivas para los reclamos históricos de viviendas dignas y escrituración definitiva para los compañeros de todas las villas y asentamientos de la ciudad. Los llamados «planes de urbanización» y de apertura de calles también son expulsivos, ya que construyen viviendas para una minoría de las poblaciones existentes y ofrecen «créditos» que los compañeros no pueden pagar. Reclamamos una ley de escrituración definitiva de terrenos y viviendas en las villas de la Capital. Rechazamos la expulsión de sus pobladores. Que se destine por ley el 10% del presupuesto de la Ciudad a la resolución de la crisis de vivienda, lo que permitiría construir 5.000 viviendas anuales en vez de las ¡500! que, en promedio, construye actualmente la CMV. Por planes de construcción y autoconstrucción que aseguren una vivienda a todos los sin techo, con materiales y asesoramiento técnico a cargo del gobierno y empleando a los desocupados de cada villa. Por el control obrero y la participación de los vecinos en la Corporación del Sur, Puerto Madero y Retiro-Puerto.


Como medidas urgentes, reclamamos:


• Condonación de la deuda que tienen diversas organizaciónes vecinales con el gobierno nacional a raíz del Plan Arraigo *entre otras, Villa 21 24, Colonia Solá y Villa 15.

• Basta de persecución a los habitantes del Padelai. Derogación del decreto «desalojador» Nº 1621. Vivienda para sus habitantes, en reconocimiento de sus derechos de propiedad.

• Refacción inmediata de los complejos habitacionales de la CMV. Escrituración definitiva de sus viviendas, condonando deudas pendientes de ABL y otros servicios y sin cláusulas confiscatorias.

Salud y educación


La crisis del hospital público marcha de la mano de su progresiva privatización, bajo la política de la «autogestión», el arancelamiento y el crecimiento exponencial de las «fundaciones» y las ONG al interior de los propios hospitales. La crisis de la salud *expresada en la renuncia de su Secretario*, da cuenta del desquicio al que ha llevado esta política, y del repudio de trabajadores y pacientes a la orientación privatista. Reclamamos la titularización de todos los profesionales concursados en el área de Salud de la Ciudad y la incorporación a planta de 2.500 enfermeros; reivindicamos la defensa del hospital público y la derogación de todo sistema de arancelamiento; y la provisión estatal y gratuita de medicamentos.


La educación pública de la Ciudad también peligra, bajo el peso del descalabro presupuestario, el derrumbe edilicio y el ataque a las condiciones laborales de los docentes. La Ley de Empleo Público suprime la estabilidad y contempla la derogación de los estatutos especiales, comenzando por el Estatuto del docente. La deserción y el fracaso escolar crecen proporcionalmente al aumento de la pobreza y la desocupación. En el ámbito de la ciudad, el 20 por ciento de los menores de edad viven en hogares con ingresos inferiores a 400 pesos. Planteamos un presupuesto de 100 millones de pesos para infraestructura, el otorgamiento de 40.000 becas de 150 pesos para los estudiantes de la educación media, un salario inicial docente de 700 pesos para la jornada simple, supresión de todos los artículos de la Ley de Empleo que vulneran la estabilidad laboral y los estatutos especiales.


Los trabajadores inmigrantes


Decenas de miles de compañeros trabajadores han acudido a esta ciudad, en los últimos años, en busca de techo y pan. La respuesta del régimen social vigente ha pasado por negarles derechos constitucionales, laborales y sociales. Los compañeros inmigrantes son el último eslabón de la escala de atropellos y superexplotación que aquí presentamos. La indocumentación total y parcial abre el camino para el pago de salarios irrisorios, el desconocimiento de cualquier derecho laboral y la imposibilidad para acceder a cualquier posibilidad de vivienda. En todos los estamentos oficiales *y particularmente en la CMV* se discrimina el acceso a los planes de vivienda, cuando la radicación no ha sido completada. ¡El compañero extranjero carece siquiera del derecho a alojarse en los hoteles municipales, cuando es desalojado! Los sistemas de migraciones exigen trámites engorrosos y prohibitivos para acceder a la radicación. Reclamamos como medidas urgentes el cese de toda represión y la entrega de documentación a los inmigrantes que trabajan y viven en la ciudad, a través de un trámite sencillo y gratuito. Derechos similares a los nacionales para el acceso a la vivienda, y para las condiciones laborales.


* * *


Sr. Jefe de Gobierno: En estos meses, hemos asistido en la ciudad a una acción gubernamental y legislativa orientada a dar satisfacción plena a los monopolios capitalistas. No faltó tiempo ni oportunidad, en la Legislatura, para la sanción de una ley de juego, otra de «compre nacional», de Pymes o de turismo, mientras estaban ausentes todas las iniciativas legislativas que dieran cuenta de las reivindicaciones apremiantes de los explotados.


Al asumir su cargo, usted aseguró que esta política conduciría al «relanzamiento económico» de la ciudad. Pero lo que hoy tenemos, en cambio, es una carrera desenfrenada para entregar el suelo, los predios y el propio presupuesto público de la ciudad a los pulpos hoteleros, inmobiliarios o ferroportuarios, aun cuando todos estos rubros ya soportan una inmensa capacidad ociosa. Mientras tanto, la miseria social en todos los planos envuelve también a la clase media de la ciudad, que ya no puede pagar sus expensas. La insatisfacción que, desde Belgrano hasta La Boca, comienza a recorrer al pueblo de la ciudad, es la expresión más concluyente del fracaso de esta orientación social y política.


Con este planteamiento dirigido al poder político, estamos expresando un programa de salida para la ciudad. Frente al vaciamiento de Buenos Aires a favor de los monopolios, levantamos las reivindicaciones de aquellos que producen y consumen la riqueza social de la ciudad, es decir, de sus trabajadores.