La decisión de la fiscal Silvina Avila de apartar de la investigación por la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado a la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), con el asentimiento del juez, puede significar una carta blanca para la Gendarmería y los funcionarios públicos.

 

Para la fiscal, la participación del organismo -que colaboraba con ella en la investigación- dejó de ser necesaria cuando el juez Gustavo Lleral asumió la dirección de la causa. 

 

La Procuvin era el único estamento del Ministerio Público Fiscal que estaba investigando específicamente el accionar de la Gendarmería Nacional en el contexto de la muerte de Maldonado. Su apartamiento habría sido avalado por el juez Gustavo Lleral, quien no realizó manifestación alguna al respecto.

 

La separación le viene como anillo al dedo al gobierno nacional, que desde el 1° de agosto intenta correr de escena a la Gendarmería Nacional de su responsabilidad por la desaparición -y ahora por la muerte- de Santiago Maldonado, luego de que la fuerza ingresase a sangre y fuego en la Pu Lof (comunidad mapuche) de Cushamen.

 

Encubrimiento recargado

 

Dos días atrás, Mauricio Macri, luego de haber mantenido ‘silenzio stampa’ frente al caso, aprovechó para volver a reforzar el accionar de encubrimiento de Patricia Bullrich, Marcos Peña y Elisa Carrió. 

 

En una entrevista con La Nación+, el mandatario se enredó en sus propios dichos, al exigir “no digan que esto fue una desaparición forzada porque es imposible que un gobierno democrático participe en hacer desaparecer a nadie” -una falacia que huele a confesión, ya que para que se configure el crimen de desaparición forzada de personas no es impedimento que se trate de un gobierno democrático.

 

Por el contrario, la actuación de este gobierno fue de enardecer la actividad represiva y, en particular, sobre lo ocurrido en el territorio ancestral mapuche, de un intenso encubrimiento: no se peritaron inmediatamente los escuadrones de GNA; los vehículos fueron peritados recién diez días después de la desaparición, previamente lavados y se montaron un sinnúmero de versiones sobre el paradero de Santiago.

 

No olvidemos que la Gendarmería tenía en sus manos las fotos que demostraban que él estaba en la Pu Lof aquel día, mientras el gobierno operaba para negar incluso su presencia en el lugar. La aparición del cuerpo de Santiago vino a confirmar lo que afirmó el movimiento popular desde el primer día: que se encontraba allí junto al pueblo mapuche levantando los reclamos por tierras y contra el procedimiento ilegal que soporta Facundo Jones Huala.

En sus nefastas declaraciones, el Presidente se hizo eco de las operaciones de Clarín respecto de supuestos testigos falsos, pero agregando un condimento adicional, con la aserción de que “todos los días aparecía una declaración de la otra parte afirmando cosas”. A confesión de parte, relevo de pruebas: si quienes pugnamos por la justicia y la verdad somos “la otra parte”, los asesinos son el gobierno y el Estado.

 

En este cuadro, advertimos que el apartamiento de la Procuvin puede ir de la mano con la impunidad: si la fiscal Avila, con el asentimiento del juez Lleral, cree que no debe continuar actuando el organismo, puede significar que entienda que el accionar de la Gendarmería Nacional no fue la responsable de la muerte de Santiago y, por ende, se extiende a los funcionarios públicos la carta blanca.