En una carta a la Mesa del FIT Unidad fechada el 1º de setiembre pasado*, desde el Partido Obrero les propusimos a los integrantes del frente una “movilización política y un acto con las banderas desplegadas del FIT Unidad…colocándolo como un polo político desde el punto de vista obrero y socialista para abrir paso a una salida de los trabajadores”.

Transcurridos casi dos meses de aquel momento, se han confirmado con creces las cuestiones centrales para una acción política urgente del FITU que anticipamos en aquella carta: el fracaso del canje de la deuda, la escalada devaluacionista con sus consecuencias de desorganización económica y descarga de la crisis sobre los trabajadores, el fracaso de la política sanitaria que ya denunciaban los trabajadores de la salud, la continuidad de los despidos que han llevado la desocupación real al 29%, el presupuesto 2021 de ajuste, el saqueo de la Anses y la continuidad del robo de la movilidad a los jubilados, las rebajas salariales y paritarias a la baja mediante el pacto CGT-UIA-Gobierno.

Y tal cual lo preveíamos en el texto, el gobierno apelaría a un pacto con el FMI como última tabla del salvataje capitalista contra las masas trabajadoras. En aquel momento citamos la promesa presidencial a Kristalina Georgieva de “poner las cuentas en orden”. Hoy, el ministro Guzmán ha anunciado que presentará al Congreso un plan “plurianual” de tres años de “convergencia fiscal y monetaria”, acordado previamente con el FMI. De manera que el “plan económico” que reclaman desde todos los sectores del poder será el del FMI. Como dijimos en aquella carta “el rechazo a cualquier acuerdo con el FMI será una bandera exclusiva del Frente de Izquierda y debe transformarse, desde ahora, en un eje central de intervención de nuestro frente”.

Esta cuestión va al núcleo de la situación política, su consecuencia sobre los trabajadores y el rol de la izquierda obrera y socialista. Argentina se coloca al tope de la crisis económica y social de América Latina, cuando una segunda ola de rebeliones populares empieza a mostrar signos en Chile, en Colombia, en Bolivia en la previa a la aplastante derrota electoral de los golpistas. En un cuadro mundial signado por la propia rebelión en el imperio en medio de la pandemia.

En el plano político escala la crisis, confusión y tensión interior en las filas del gobierno, con un gabinete cuestionado, con el ministro de Economía con plazos perentorios, con un gobierno que desarticula él mismo sus propias iniciativas demagógicas como en el caso Vicentin, el eternamente postergado, licuado y mutilado “aporte solidario” a las grandes fortunas, la capitalización estatal de los subsidios ATP o el desarme de las Leliqs para dar un aumento a los jubilados, cosa que ocurrió exactamente al revés. El pretendido arbitraje de la crisis entre las clases deriva en la descarga integral de los agravios sobre los trabajadores, bajando, en cambio, retenciones al capital exportador, otorgando moratoria y blanqueo a los evasores, facilitando la fuga de capitales hasta la fundición del Banco Central, aplicando tarifazos en los combustibles y dando nuevos subsidios a los pulpos petroleros mientras se interrumpe el IFE o se define un salario mínimo de indigencia.

La vocinglera oposición de derecha, dividida ella misma, centra su disputa en las porciones de poder en la Justicia o en su prédica anticuarentena, pero comparte la agenda de fondo que dicta el capital en general y el capital financiero en particular. Lo cual no impide los choques interiores entre sectores capitalistas y camarillas políticas que los viabilizan, brindando a los trabajadores la oportunidad para su intervención independiente. Una intervención a la que el FITU tiene que contribuir en cada lucha y brindando su iniciativa política y su programa de salida a la crisis, basado en el gobierno de los trabajadores.

Las acciones callejeras de sectores de la burguesía y de la pequeña burguesía acomodada son una expresión de fondo de la crisis, porque reflejan el descontento de la clase social dirigente con su propio régimen. Pero al hacerlo crean un clima de agitación política que alcanza también a los explotados y legalizan las acciones callejeras que en el pasado esos mismos sectores sociales reclamaban reprimir. Por otra parte, alrededor de la lucha por el juicio y castigo a la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro, de las movilizaciones en apoyo a Guernica a Plaza de Mayo y en La Plata, la autoconvocatoria de enfermeras y enfermeros masiva en CABA, la autoconvocatoria de docentes misioneros, en los cacerolazos en Orán y Aguaray en Salta, la gran jornada nacional del Plenario Sindical Combativo del 16 de septiembre, los piquetes ambientales en Rosario o las movilizaciones de tercerizados y precarizados, se empiezan a ocupar las calles desde la vereda de los trabajadores.

A su vez las ocupaciones de tierras con centro en Guernica, pero que abarcan miles y miles de familias en todo el país luchando por tierra y vivienda, como las huelgas tenaces aunque aisladas por la burocracia sindical como la de Algodonera Avellaneda, la lucha salarial del puerto de Buenos Aires o ahora la de los metalúrgicos de Gri Calviño, plantean un desafío político a la izquierda. La de ofrecer una salida de conjunto a los reclamos que solo pueden tener satisfacción mediante un programa basado en la reorganización económica y social del país bajo la dirección de los trabajadores. Tenemos la responsabilidad de desarrollar esta alternativa de los trabajadores y la izquierda que es el FIT Unidad, para promover la intervención de conjunto de los trabajadores en la crisis y desafiar y quebrar la polarización de las fuerzas políticas que han gobernado el país las últimas décadas.

En este marco de crisis excepcional, cuando faltan apenas dos meses para que termine el año, les planteamos que convoquemos una gran jornada política nacional del Frente de Izquierda, con actos simultáneos en todo el país, con cabecera en la Plaza de Mayo para el 28 de noviembre, con el distanciamiento que la situación requiere, pero convocando masivamente a la militancia y a los trabajadores. 26-10-20

https://prensaobrera.com/politicas/mas-deuda-dolarizada-y-ajuste-el-plan-guzman-en-medio-de-la-deriva-devaluatoria/

 

* Carta enviada a los partidos del FIT-U el 1-9-20

Carta a los partidos del Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad

Compañeras y compañeros:

Urge que nuestro Frente de Izquierda intervenga con su propia fisonomía en el escenario nacional. La reciente confirmación de un ingreso masivo de los bonistas al canje de deuda -ofrecido por el gobierno de los Fernández- confirma lo oportunamente denunciado por nuestro frente: el canje de deuda ha sido un nuevo acto de entrega nacional. Pues la hipoteca nacional ha quedado intacta y solo se han pateado para un futuro no muy lejano el paquete de vencimientos de una deuda completamente usuraria y fraudulenta. La perspectiva de default de la Argentina no se elimina, sólo se aplaza. El BCRA se encuentra prácticamente sin reservas de libre disponibilidad y procede sistemáticamente a despilfarrar divisas en aras de contener la cotización del dólar. La Argentina atraviesa desde hace años una profunda recesión económica, y sus posibilidades de reversión están condicionadas por la evolución de la crisis capitalista internacional, que limita la ‘salida exportadora’ agitada por los Fernández y, a su vez, la llegada de inversiones que posibiliten una reactivación económica en lo inmediato.

El canje de deuda preside, además, otro acto de sometimiento colonial que se encuentra en marcha: el que el gobierno prepara ante el Fondo Monetario Internacional. Sin que se hayan iniciado las negociaciones formales con el FMI, el Presidente Fernández prometió a la presidenta del FMI que “pondrá las cuentas en orden”, y el ministro Guzmán que pretende un nuevo préstamo del FMI como forma de refinanciar la deuda con el propio Fondo para lo cual ya prometió un ajuste fiscal en el presupuesto 2021. Los presupuestos de salud y de educación, el Anses y las cajas previsionales de las provincias y la brutal rebaja del salario real o los despidos en masa, son ‘botines’ sobre los cuales el gobierno pretenderá avanzar para poder llegar a un acuerdo con el Fondo. Una muestra de esta política quedará en completa evidencia con el presupuesto 2021, que será presentado a mediados de septiembre. Por otro lado, que el gobierno pretenda que el Congreso Nacional refrende el acuerdo con el FMI revela que da por descontado el apoyo de la oposición patronal. Sea cual fuese el acuerdo. El rechazo a cualquier acuerdo con el FMI será una bandera exclusiva del Frente de Izquierda y debe transformarse, desde ahora, en un eje central de intervención de nuestro frente.

En el mismo momento donde se acentúa su política de sumisión al capital financiero internacional, el gobierno pretende terminar de erigirse como un gobierno de arbitraje. En esa línea hay que anotar la fallida intervención de Vicentin, el limitadísimo y tardío impuesto a las grandes fortunas –que ahora promete postergar de nuevo-, o su tentativa de avanzar en una reforma judicial. Esta reforma, no solo tiene como objetivo el rescate de los miembros de la camarilla oficial involucrados en diversos actos de corruptela sino que también apunta a colocar todo el sistema judicial bajo la tutela del gobierno y al servicio de la clase capitalista. La crisis capitalista hará arbitrar al gobierno contra la masas y entre unos intereses capitalistas y otros y necesitan una Justicia que respalde ese curso. Además, representa un golpe a los propios trabajadores judiciales, a quienes se les afectará una cantidad de derechos adquiridos. Se trata, por donde se la mire, de una reforma reaccionaria. El Frente de Izquierda no puede ofrecer un quórum al tratamiento de la ley en nombre de ‘no quedar pegados a la derecha’. En primer lugar, porque una parte de la derecha (Larreta) apoya la reforma, y, por sobre todo, porque en nombre de ‘no quedar pegados a la derecha’ el Frente de Izquierda ofrecerá una colaboración política concreta a un proyecto reaccionario del gobierno fondomonetarista. El Frente de Izquierda debe oponerse a la misma sobre la base de su propio programa: por la elección popular de jueces y fiscales y la revocabilidad de los mismos.

La política del gobierno y la perspectiva descripta se desarrollará en momentos en el cual se profundiza una gigantesca crisis social y sanitaria. Es evidente para todos que la crisis capitalista está siendo descargada sobre los trabajadores y que la pandemia ha sido utilizada como la coartada para procesar una ofensiva en regla contra la clase obrera. En los primeros seis meses del año se perdieron medio millón de puestos de trabajo formales, y la cifra más que se duplica si se incorpora a los precarios o cuentapropistas. Al mismo tiempo se mantienen cerradas la abrumadora mayoría de las paritarias y las que se han acordado han sido con acuerdos a la baja. Las patronales avanzan, a su vez, contra los convenios colectivos de trabajo. Se ha puesto de manifiesto, como nunca, el enorme déficit habitacional que golpea a los sectores más postergados de la clase obrera. Como todo el mundo sabe, la propagación del virus está llevado al colapso a los sistemas sanitarios de numerosos puntos del país y la misma perspectiva se plantea, en términos más o menos inmediatos, en el área metropolitana. Los efectos de la cuarentena precoz están siendo socavados por un levantamiento de la misma sin que el gobierno haya tomado las medidas fundamentales para evitar el colapso: la centralización del sistema sanitario, la duplicación del presupuesto de salud y el establecimiento de estrictos protocolos obreros de seguridad e higiene en los lugares de trabajo, en los transportes públicos y en todas las áreas de la vida social. De conjunto, ha quedado en evidencia el sometimiento del gobierno a los lobbies capitalistas, y lo quedará aún más en las próximas semanas cuando se recrudezca la crisis sanitaria.

La crisis sanitaria y toda la ofensiva anti-obrera en curso se desarrolla con el silencio y la clara complicidad de las burocracias sindicales de todos los colores, que desde mucho antes del desembarco de la pandemia en la Argentina habían colocado a las centrales obreras en cuarentena estricta. Es claro que el “pacto social” que impulsa el gobierno, las patronales y la burocracia apunta a maniatar a los trabajadores para viabilizar el ajuste. De ahí el valor de las acciones del Plenario Sindical Combativo, como los plenarios nacionales que han logrado reagrupar a las principales luchas en curso, o las acciones de lucha como la que se prepara para mediados de septiembre. Se muestra, de esa manera, el claro contraste entre el sindicalismo combativo y la burocracia sindical.

El Frente de Izquierda debe acompañar decididamente todas las acciones del PSC y, al mismo tiempo y por sobre todo, alzar su propia tribuna, asociando todos los padecimientos de las masas a la orientación social capitalista y fondomonetarista del gobierno de los Fernández y desenvolviendo un programa para que la crisis la paguen los capitalistas, colocándose como un polo político desde el punto de vista obrero y socialista para abrir paso a una salida de los trabajadores. Lejos de camuflarnos o diluirnos en la diversidad de reclamos o de movimientos, el Frente de Izquierda debe intervenir con sus banderas desplegadas, para ofrecer a la vanguardia obrera y juvenil una referencia política clara y nítida. La realización de una movilización política y un acto del Frente de Izquierda, naturalmente contemplando la situación sanitaria, aparece como la iniciativa más acorde a las necesidades políticas del momento.

Comité Ejecutivo del Partido Obrero

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