El cierre del plazo habilitado para la inscripción del bono anunciado por el gobierno dejó un saldo total de casi 18 millones de personas, entre inscriptos y contemplados (jubilados), alrededor del 57% de la población adulta (31.621.700 de personas). Casi cuatro de cada diez inscriptos en la Anses fueron rechazados. Un reflejo del salto en la pobreza y el agravamiento de la crisis social, de la mano de plan de ajuste del gobierno y el FMI.

Se trata de 11,8 millones de trabajadores desocupados y/o precarizados y monotributistas que se inscribieron ante la Anses, a pesar de las dificultades del sistema, y 6,1 millones de jubilados, quienes fueron incorporados automáticamente por el sistema.

La Anses rechazó la solicitud de 4,3 millones de inscriptos, por diversos motivos: por registrar alguna relación laboral reciente o por el cruzamiento de datos bancarios y/o el uso de la tarjeta de crédito, entre algunas razones. Además, se estima que una cantidad importante de personas no pudo acceder a los medios tecnológicos para anotarse.

Cabe recordar que el bono, o IFE 4, fue resultado del plan de lucha de la Unidad Piquetera, con dos acampeas frente a Desarrollo Social y diversas movilizaciones en todo el país y en el centro del poder político.

La alarmante cifra de quienes intentan acceder a un bono de $18.000, pagadero en dos cuotas, es una nueva manifestación de las dimensiones de la crisis social en curso. Se trata de más del 57% de la población adulta, que no cuenta con ingresos suficientes para llegar a fin de mes y que se anota por un poco de “oxígeno” para paliar los efectos de la crisis.

La cantidad de inscriptos por el sistema virtual de Anses casi que iguala a la suma de los inscriptos para el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) bajo la pandemia, cuando la actividad económica se encontraba semiparalizada y los ingresos populares disminuidos a su mínima expresión. La diferencia entre un proceso y el otro es la cantidad de “bochados” por los filtros del gobierno, que en esta oportunidad es más amplia, y las sumas otorgadas -en oportunidad del IFE de pandemia fueron tres pagos de $10.000 y actualmente son dos pagos de $9.000, con más del 100% de inflación mediante.

Tomados de conjunto, se trata de 18 millones de anotados y 13,6 millones de reconocidos por la propia Anses, casi una estadística de las necesidades económicas y sociales de la etapa, ante un agravamiento de la inflación y del deterioro del poder adquisitivo de trabajadores y jubilados.

El gobierno, mientras tanto, no deja de repetir que ya ha atendido las demandas sociales por medio del aumento del 50% en la tarjeta alimentar –congelada durante años- y el reciente adelanto de las cuotas de hambre del salario mínimo. Sin embargo, como diría el “General”, citando a Aristóteles, “la única verdad es la realidad”, y la política de bonos de temporada y adicionales no hace más que cristalizar la caída de salarios, ingresos populares y jubilaciones ante la inflación

Esta cruda realidad respalda la reciente movilización de la Marcha Federal piquetera, que el gobierno quiso descalificar como una “acción política y minoritaria”, que denunció la creciente desocupación y miseria social, y rechazó las medidas de ajuste en el gasto público y la asistencia económica a los desocupados.

La Unidad Piquetera ya habría advertido que la inscripción al bono –arrancado con la movilización popular- iba a resultar masiva y que el gobierno organizaba el procedimiento de “acceso” de forma tal de restringir el total de los beneficiarios.

Ahora con los datos en la mesa cabe destacar que la asistencia anunciada resulta más que insuficiente, ubicándose en un monto que representa menos de la mitad de la canasta de indigencia y el salario mínimo, y alrededor de una sexta parte de la canasta de pobreza.

Que se pague el bono  al conjunto de los inscriptos y se faciliten los medios para que puedan acceder todos aquellos no lograron anotarse en su momento, como medida inmediata. Por la duplicación del salario mínimo y la equiparación de los programas sociales a este, camino a una recomposición económica de los ingresos populares. Por una jubilación mínima que cubra la canasta básica y salarios por arriba de la canasta familiar. Todo un programa de emergencia que la clase trabajadora tendrá oportunidad de discutir camino al plenario de trabajadores ocupados y desocupados que impulsa la Unidad Piquetera.