La sentencia judicial que reclama la clausura del Casino Flotante ha sacado a la luz una de las “cajas negras” más voluminosas de la Capital: los juegos de apuestas que inauguró Menem, toleró De la Rúa y expandieron Ibarra y Kirchner.

 

En 2003, los organismos de apuestas de los gobiernos nacional y de la Ciudad firmaron un acuerdo para determinar las modalidades del juego en la Capital y el reparto de los ingresos fiscales resultantes entre las dos jurisdicciones. En su primer artículo, se señalaba que la Lotería “no autorizará ni admitirá la instalación y/o funcionamiento de nuevas salas de bingo ni casinos, ni salas de máquinas tragamonedas distintos de las ahora existentes”. De este modo, se legalizaba sinuosamente al Casino Flotante de la Costanera Sur, que funcionaba hasta ese momento sin acuerdo de las autoridades porteñas y que Ibarra execraba, cada vez que podía, como un “legado del menemismo” (La “ley de juego” votada por la Legislatura en 2001 llegaba a plantear que “el Estado de la Ciudad hará los máximos esfuerzos para lograr la erradicación del Casino”).

 

El fallo judicial denuncia esta legalización del Casino, pero va más lejos. El convenio refrendado en 2003 por la Legislatura incluía un “anexo” con un conjunto de normas y resoluciones identificadas sólo por su número. Entre ellas, se encontraba la autorización para instalar tragamonedas en el Hipódromo de Palermo. Pero también el aval para que el concesionario del Casino Flotante… instale otro casino en la Ciudad. Tanta “generosidad” no puede justificarse por razones de recaudación de impuestos, ya que de toda esta expansión del juego la Dirección de Rentas de la Ciudad no recibió un centavo. El juez Gallardo se inclina, en cambio, a sospechar sobre un “episodio de corrupción de dimensiones impensadas”. Es decir, una “caja paralela” del progresismo que deja al affaire de los Chabán y el “sistema” de inspecciones reducido a un juego de niños.

 

Pero esta “caja” no pertenece sólo al ibarrismo: fue compartida desde el vamos con Kirchner. Es que el convenio denunciado fue firmado en noviembre de 2003, ya bajo el gobierno del patagónico. En nombre del Estado nacional lo firmó el ultrakirchnerista Waldo Farías, entonces presidente de la Lotería y ahora director del Banco Central. A mediados de 2004, Farías firmó decretos nacionales que autorizaron la instalación de tragamonedas en el hipódromo, y que habilitaron a Cirsa a instalar otro casino en la Ciudad (ver nuestra denuncia en PO Nº 887). Es decir que los decretos del kirchnerismo terminaron de “abrochar” el acuerdo Nación-Ciudad que hoy impugna la Justicia porteña. Los diputados porteños del kirchnerismo que acaban de “solidarizarse” con la sentencia contra Ibarra no han dicho una palabra de esta connivencia nacional en la corruptela del juego.

 

La “caída libre” del gobierno de Ibarra no va a dejar indemnes a sus socios transversales.