La prensa nacional, en todas sus varian­tes, se sorprende de que el estallido del caso “Al Kassar” no haya provocado se­cuelas económicas o que la complicidad en el escándalo de funcionarios menores, mi­nistros del gabinete, hombres de la extrema confianza del presidente como su hermano Muñir y, quizás, el propio Menem (Mera Figueroa reconoció que el sirio había sido “invitado especiar a la asunción del riojano e Isidoro Gilbert, corresponsal de La República de Montevideo en Buenos Aires (1/6) asegura que Zulema guarda una foto de Menem con Al Kassar “para negociarla en una situación límite”) no disparara una masiva fuga de dólares, un recrudecimiento de la inflación o el derrumbe de la Bolsa.

Sostienen que, por lo tanto, el “escán­dalo Al Kassar” no llega a configurar una crisis del régimen político sino apenas una “crisis cortesana” (Marcelo Zlotogwiazda, de Página 12), una “crisis de la corte” (Clarín y La Nación) y hasta un “circo” (Mariano Grondona). Estas caracterizacio­nes configuran, en realidad, un “encubri­miento” de la descomposición efectiva del Estado y de la sociedad burgueses, que separa a la “economía” de la “política” y rescata la “competencia” de Cavallo en contraposición al “entorno” de Menem. Pasan por alto, con toda liviandad, que la existencia de “una banda delictiva en- quistada en el Estado” (según la definición de la UCR) en un régimen que gobierna por decretos de “necesidad y urgencia” (en especial “económicos”), sin responsabili­dad ni control parlamentario o judicial es, sin lugar a dudas, la expresión de una crisis del conjunto de las instituciones políticas y de la sociedad en las que se apoyan. Ninguno de estos hombres podría explicar por qué una 41simple” “crisis cortesana” sin trascen­dencia movilizó, además de la prensa, i los servicios de inteligencia de media docena de países, plantea una crisis de gabinete y obliga a la cabeza política de la principal potencia del planeta a respaldar a Menem.

Criminalización de la política y de la economía

El caso Al Kassar y el Yomagate han servido para mostrar la criminalización mun­dial del conjunto de la economía mundial y de los regímenes políticos burgueses. El amigo de Amira y Muñir era un protegido de Felipe González, de Hafez Assad de Siria, de la CIA, del ministerio de Defensa británico y hasta de los servicios secretos búlgaros.

Pero Al Kassar es apenas una gota en el mar. Gaith Pharaon, otro amigo de la cama­rilla menemista y dueño del BCCI, banco lavador de dinero “sucio “de todo el planeta tiene la puerta abierta en el palacio de la monarquía saudita, que no casualmente es el primer productor mundial de petróleo, y cuenta con la protección del británico Bank of England y del Pentágono norteamerica­no. La crisis política italiana, otro caso, está directamente relacionada con el papel de la maffia, en tanto que en Japón los gabinetes caen como pompas de jabón ante el desta­pe de escándalos de sus miembros en la Bolsa, donde los “yakuza”, la maffia japo­nesa, tienen un peso determinante. El entre­lazamiento del gobierno norteamericano con la maffia es de larga data: mucho antes del escándalo Iran-Contras (en el cual el ejecutivo yanqui utilizó el dinero proveniente del narcotráfico para proveer de armas a los “contras”) se habían destapado los acuer­dos entre Kennedy y los maffiosos para asesinar a Castro. En Estados Unidos, el “crimen organizado” tiene una importan­cia económica que sólo superan la industria armamentista y la petrolera. El narcotráfico mueve 500.000 millones de dólares por año, solo superado por el tráfico de armas. Se trata, evidentemente, de “negocios” mucho más lucrativos que cualquier otro en el planeta.

En nuestra América Latina, las denuncias de corrupción asuelan a los gobiernos de Collor o Pérez y el entrelazamiento de los regímenes políticos con el narcotráfico es un secreto a gritos en Colombia, en Perú y en Solivia.

Las instituciones financieras mundiales giran en torno al lavado del dinero “suelo” de estas operaciones, como lo demostró el rápido crecimiento del BCCI (y su fulminan­te caída por las denuncias de sus competi­dores). “Según (Jacobo) Timmerman cualquier empresa mundial en dificulta­des recurre al dinero del narcotráfico. El Bank of América (el más grande de los Estados Unidos en su momento), el Conti­nental Illinois de Chicago, cuando estu­vieron en dificultades pidieron dinero al narcotráfico” (Página 12,31/5). Los direc­tivos y los asesores de estos grandes ban­cos forman parte del staff de las corporacio­nes financieras mundiales (FMI, Banco Mundial) y de los gabinetes de las potencias imperialistas: recientemente, John Sununu, jefe del gabinete de Reagan y de Bush debió renunciar al descubrirse sus implicaciones en el BCCI. Pocos meses antes corrió la misma suerte, y por los mismos motivos, otro “prócer” de la política norteamericana, Clark Clifford, alto dirigente del partido de­mócrata y hombre de confianza de Jimmy Cárter.

El entrelazamiento de los monopolios con el Estado es la regla histórica del impe­rialismo: han sido los trusts de materias primas, de armas, de petróleo los que empu­jaron a sus Estados a las guerras coloniales y mundiales.

La criminalización de la economía mun­dial es un esfuerzo supremo del capital para mantener y elevar la desfalleciente tasa de ganancia, que ya no puede sostenerse en las rama$ de producción prevalecientes y que necesita “ampliar “ al mercado mundial mediante el desarrollo de ie explotación del vicio y de la corrupción, lo que a su turno se derrama como maná sobre tas Bolsas, los sistemas financieros y la especulación in­mobiliaria. La acción de la ley del valor impone al capital la constante violación de) Código Penal. Esta criminalización de la economía mundial es una expresión brutal de la descomposición y del parasitismo ca­pitalistas que, a la vez que eleva la tasa de ganancia torna cada vez más volátiles los patrimonios envueltos, que pasan a depen­der como nunca de los “favores” guber­namentales, de las luchas de camarillas, de los golpes de mano y de las crisis políticas.

Quienes dicen que el “escándalo Al Kassar” no afecta a la economía, simple­mente, están pasando por alto la criminalización de la economía argentina Se alegraron porque la Bolsa no cayó, pero solo Dios —si existiera— podría conocer el ori­gen de los fondos que entran a la Bolsa de un país sin ningún tipo de control cambiarlo para- comprar acciones innominadas que cambian de mano de hora en hora. Las propias privatizaciones, según la DEA, son el terreno para el lavado de dinero “sucio”, ya que se realizan con títulos públicos in­nominados, amén de constituir negociados decididos despóticamente por el gobierno en favor de sus “socios” privados pasando por encima de todas las leyes. El régimen político actúa como “gestor” de camarillas cuyos componentes son virtualmente des­conocidos (¡aún hoy, un año después de su entrega, se desconoce la composición del paquete accionario de Aerolíneas!). Son estos enormes negociados y la lucha de tos pulpos por monopolizarlos los que desatan los “escándalos” y las “crisis de palacio” como el Swiftgate y el Yomagate.

¡La economía determina la política!