Tanto el juez Gustavo Lleral como el abogado Carlos Quintana desmintieron en las últimas horas las operaciones más recientes que el gobierno, a través de Clarín, desarrolla contra los mapuches de Cushamen y contra el vasto movimiento popular que reclama justicia por Santiago Maldonado.

 

Esta ofensiva comenzó tras la aparición e identificación del cuerpo de Maldonado. Uno de los escribas de Clarín, Claudio Andrade, aseguró entonces que el hallazgo se debió al dato aportado por un “mapuche arrepentido”, denominado “testigo E”.

 

Éste efectivamente había declarado ante una comisión integrada por la APDH y otros organismos de derechos humanos haber visto el momento en el que la Gendarmería secuestraba a Maldonado, pero nunca concurrió a ratificar sus dichos en sede judicial. Según la familia Maldonado y sus abogados, el “testigo E” concurrió tres veces a declarar ante el juez Otranto “pero nunca lo pudo hacer” (Página/12, 24/10). Por su parte, el juez Lleral también aseguró que no haber recibido este testimonio.

 

Sin embargo, el plumífero Andrade insiste en asegurar, en base a “fuentes reservadas”, que el “testigo E” se habría “arrepentido” de sus dichos y señalado, mediante una llamada al juzgado de Esquel, el punto donde fue hallado el cuerpo sin vida de Maldonado, y reclamado para sí la recompensa de dos millones de pesos ofrecida por el gobierno. Finalmente, siempre según las “fuentes” de Andrade, el “testigo E” habría huido a refugiarse en una montaña por temor a represalias.

 

El juez Lleral desmintió haber recibido llamado alguno y asegura, en cambio, que ordenó el último rastrillaje en base a la recomendación de un prefecto.

 

Operaciones y encubrimiento

 

La maniobra de encubrimiento urdida por el gobierno consiste en instalar que, si Maldonado murió ahogado y su cuerpo estuvo alojado en el lecho del río desde el primer momento, la Gendarmería quedaría eximida de responsabilidad. Los mapuches y la familia Maldonado, en cambio, habrían perjudicado la marcha de la investigación.

 

Las apresuradas declaraciones del juez Lleral, a la salida de la morgue judicial, acerca de que el cuerpo de Maldonado “no presenta lesiones” –aun cuando los estudios distan de haber concluido– alimentaron las operaciones oficiales.

 

Sin embargo, con independencia de los dichos del “testigo E”, está claro que lo que ocurrió con Maldonado es responsabilidad de la Gendarmería y que fue el gobierno –ni los mapuches ni mucho menos la familia– el que intentó bloquear el progreso de las investigaciones. Recordemos que la Gendarmería mintió con respecto a haber ingresado ilegalmente al territorio de los mapuches tras el desalojo de la ruta 40; haber disparado y lanzado piedras contra el grupo de manifestantes en el que se encontraba Maldonado y haberlos perseguido hasta la orilla del rio Chubut. “Les dimos corchazos para que tengan”, se jactó uno de los gendarmes en un audio hallado en su teléfono celular, según consta en la causa judicial. La Gendarmería retuvo durante 30 días las pruebas de la presencia de Maldonado en el corte de la ruta 40.  

 

El jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, estuvo a la cabeza del operativo represivo. Eso sella el compromiso político del gobierno con el encubrimiento de Gendarmería. El gobierno, a través de Noceti, mandó deliberadamente a la tropa a actuar sin orden judicial para “escarmentar” a los mapuches. Noceti debe responder penalmente por las consecuencias de sus actos.

 

Patricia Bullrich debe abandonar inmediatamente su cargo por haber mentido en el Congreso, ante la Cámara de Senadores y ante la opinión pública. “No vamos a tirar un gendarme por la ventana”, graficó. Es la principal responsable del encubrimiento. Que se vaya.   

 

 

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