En una exposición ante los miembros del Rotary Club en el día de ayer, Miguel Ángel Pichetto (jefe del bloque de senadores del PJ-Frente Para la Victoria) declaró que el Estado y la Gendarmería “están trabajando bien” en el caso Maldonado, y afirmó que “tras resolver el caso se debería debatir ‘qué hacer con los sectores violentos que tienen ocupación ilegal y reivindican un Estado dentro del Estado’” y que “el argumento de la tierra sagrada, toda esa pavada [¡!], no se puede sostener” (La Nación, 14/9).

 

Pichetto, un hombre de Estado, se coloca de este modo en una línea de preservación del gobierno (incluyendo a Patricia Bullrich) y de la Gendarmería frente a la crisis abierta por la desaparición de Santiago. Pretende resguardar la integridad de una fuerza destinada a garantizar la represión de los conflictos obreros y populares (en estos días se apostó contra las protestas en Cresta Roja) que engendra un ajuste que él secunda como parte de un bloque que le votó a Macri decenas de leyes.

 

En sus palabras, "el peronismo y los gobernadores hicieron un aporte importante en las medidas económicas que el Gobierno impulsó. Todas las medidas han sido votadas" (ídem).

 

Que el gobierno y la Gendarmería estén "trabajando bien" no resiste el menor análisis. La familia de Maldonado reclama la recusación del juez de la causa y ha puesto en evidencia un vasto operativo oficial de encubrimiento al que ahora se pliega Pichetto.

 

Al mismo tiempo, el ataque contra la "tierra sagrada" y la patraña sobre los "sectores violentos" (que incluye la crítica a un "Estado dentro del Estado" que ningún grupo reivindica) es un llamado al desalojo y la persecución en toda la línea contra los pueblos originarios. Pichetto se prueba como un agente del gran capital: de los intereses de Vaca Muerta, de las mineras, y de los grupos como Benetton que fundan su poder en la apropiación inicua de la tierra.

 

El mensaje de Pichetto debe ser tomado con atención en momentos en que se vence la ley que impide los desalojos (26.160) y el tema debe ser tratado por el Congreso -en el caso de Salta, el gobernador Juan Manuel Urtubey celebró que una ley similar, la ley provincial 6758, sólo se ha prorrogado por seis meses, lo que implica un desalojo a término de muchas familias en beneficio de un puñado de grupos económicos.

 

La intención de Cristina de integrarse a un bloque con Pichetto exhibe la verdadera naturaleza patronal de su candidatura –ello con independencia de que Pichetto haya expresado en estos días su negativa a esta pretensión.

 

Las declaraciones del jefe de bloque del PJ-Frente Para la Victoria se suman a su larga bitácora de posicionamientos xenófobos, como la tesitura de que “las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos; y la Argentina incorpora toda esta resaca” (ídem, 2/11/16), su invocación a la deportación de migrantes y su oposición al ingreso de refugiados sirios.

 

Para dar la pelea contra el ajuste y la avanzada represiva de Macri y los gobernadores, la salida es por izquierda.