Las pericias judiciales realizadas en la zona donde fue asesinado el joven Rafael Nahuel, de 22 años y miembro de la comunidad mapuche Lof Lafuken Winkul que había recuperado unos terrenos en lago Villa Mascardi, Bariloche, revelaron que el relato de los prefectos es una mentira.

Los miembros del grupo Albatros de Prefectura, un escuadrón de élite, habían hecho un descargo en el que señalaban que habían sido atacados por los mapuche al son de cantos de guerra y disparos de grueso calibre, tanto que -según el relato- que "arrancaron un árbol de cuajo". Nada de eso resultó ser cierto.

Las pericias encontraron “31 vainas servidas calibre 9 mm y un cartucho completo y 13 vainas servidas de escopeta calibre 12/70, con munición antitumulto, junto a otro cartucho completo", de acuerdo al informe oficial. Los casquillos fueron encontrados a mil metros de la ruta, y no a 400 como señalaban en su primer informe los Albatros, lo cual da cuenta de que se embarcaron en una cacería de mapuches, que fue respaldada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

No pudo acreditarse la presencia de armas en manos de los mapuche. Las balas que mataron a Rafael Nahuel e hirieron a dos miembros más de la lof fueron todas disparadas por la espalda. Patricia Bullrich, y también la vicepresidenta Gabriela Michetti, señalaron que los Albatros tenían la presunción de la duda, es decir, que les creían por default en una de las operaciones más escandalosas de este gobierno que se niega a investigar a los crímenes cometidos por sus fuerzas de seguridad. El argumento actual del gobierno consiste en señalar que pasaron doce días desde el asesinato de Rafael Nahuel y que la comunidad habría modificado la escena del crimen para resguardarse. Sin embargo, en el recorrido judicial por la zona, no se pudo observar ninguna rama cortada por balas de grueso calibre, excusa brindada por los Albatros para iniciar su cacería fatal. No hay registros de ningún ataque armado por parte de los mapuche que ocupaban aquellos terrenos. Se trató de una cacería que buscaba matar.

Patricia Bullrich le otorgó la categoría de “verdad” al falso relato de los prefectos, al igual que Gabriela Michetti. Este es el segundo muerto en medio de una acción represiva mandada por Bullrich, el primero fue Santiago Maldonado, ahora Rafael Nahuel. Los aprestos para establecer el funcionamiento de la ley antiterrorista son resguardos del gobierno para enfrentar las movilizaciones populares que arreciarán frente al descontento frente al ajuste de Macri y los gobernadores.

En defensa de las libertades democráticas y los derechos de los obreros, Patricia Bullrich debe renunciar. Basta de encubrimiento. Justicia por Santiago y Rafael. Abajo la "unidad antiterrorista".