El 6 de enero, la gobernadora anunció un plan de ajuste que afecta a los empleados de la administración pública y a los beneficiarios de planes sociales y becas.

La medias anunciadas hace tres semanas se comenzaron a concretar en estos días, así fue que se dio de baja a 3.544 planes sociales y se anuncia para esta semana la baja de 450 empleados no docentes, cuyas designaciones fueron concretadas desde junio de 2011 hasta los últimos días del gobierno de Brizuela del Moral, alegando error en el pase a planta. Los ex empleados alegan, con razón, que el estatuto del personal no especifica una antigüedad superior a los seis meses para ser empleados públicos. Víctimas de este ajuste también fueron los becados y quienes cumplían función con planes sociales; lejos quedaron los conceptos vertidos por la gobernadora en su discurso de asunción, cuando se refería a los casi 4.000 empleados pasados a planta por el gobierno del FCyS: “…no se perseguirá a los catamarqueños, invitamos a los que alcanzaron su estabilidad laboral a formar parte de este gobierno, quienes fueron la variable de ajuste durante años”.

El ajuste no tuvo en cuenta a los propietarios de latifundios en la provincia que se ven beneficiados con impuestos que gravan sus propiedades valuadas a precios irrisorios, 20 veces menos del valor de mercado.

Ya había anticipado el ministro de Hacienda que las regalías mineras no se tocan, pues según el gobierno este sector debe contar con un marco legal que le dé seguridad jurídica para su mayor producción.

Esta “sintonía fina” de Corpacci viene de la mano con la exigencia nacional por la prórroga del desendeudamiento, sobre todo si se tiene en cuenta que el presupuesto de 2012 cuenta con un déficit de 800 millones de pesos. Es de esperar un tarifazo en los transportes públicos y en los servicios de energía eléctrica y agua potable.

A su vez, los intendentes han entrado en “sintonía fina”. El de la ciudad capital elevó al Concejo Deliberante un proyecto para incrementar las tasas municipales.

Desde el Partido Obrero planteamos: ningún despido, pase a planta ya de todos los trabajadores precarizados, defensa de los derechos previsionales, por el 82% móvil, aumento salarial de un 40% que compense la inflación. Por impuestos extraordinarios a los grandes propietarios urbanos y rurales, así como a los grandes monopolios capitalistas instalados en la provincia para financiar estas medidas. Que las direcciones sindicales rompan con los gobiernos ajustadores y resuelvan un plan de lucha hasta la anulación de todos los recortes contra el pueblo.