La Ley de Emergencia Económica y el recorte de los salarios fueron la gota que rebalsó el vaso de una política que en 100 días sólo significó atropellos y más atropellos contra la educación y la salud pública, contra los trabajadores y los desocupados. El 6 de marzo, convocado por una coordinadora de más de 30 gremios, se cumplió un paro masivo y se realizó una concentración que reunió a varios miles de trabajadores, llegados de todos los pueblos. El cuadro de rebelión obligó al gobierno a diversas maniobras (declaración de la conciliación obligatoria en el conflicto docente, amenazas represivas, promesas parciales de puestos de trabajo en el Foro de Desocupados), sin lograr frenar el empuje combativo de los trabajadores. Los paros, las manifestaciones y las ocupaciones de diversos lugares de trabajo y de estudio son diarios. Los trabajadores de Obras Sanitarias apedrearon la Casa de Gobierno para repudiar la entrega de la empresa.

Esta rebelión ha puesto al gobierno a la defensiva: han comenzado a renunciar algunos funcionarios del gabinete, impotentes para dar alguna solución o frenar los reclamos.

Están dadas las condiciones para ganar la lucha. Sin embargo, la inmensa mayoría de la dirigencia que convocó el paro del 6, tanto la que se agrupa en la CGT como la de la CTA o Ateca (el gremio docente), está jugada a una estrategia de desgaste y, en última instancia, de derrota. En lugar de profundizar la enorme voluntad combativa demostrada por los trabajadores mediante un plan de lucha, han decidido reeditar las “marchas del silencio”, es decir, una rutinaria marcha semanal. Algunos dirigentes le quieren agregar la instalación de una carpa. Existe una clara negativa a ir a una lucha a fondo, que es lo único que podría obligar al gobierno a dar marcha atrás con la Emergencia Económica y las rebajas salariales.

El Partido Obrero ha planteado, por medio de su agitación, que es necesario un plan de lucha votado en un plenario provincial de delegados mandatados de todas las organizaciones de trabajadores, públicos y privados, ocupados y desocupados.

Un plan de lucha de todos los trabajadores debe contar con un claro programa de reivindicaciones: contra el recorte salarial; por un salario mínimo de 600 pesos; por la derogación de todas las leyes de ajuste contra los trabajadores; por la estabilidad de todos los trabajadores contratados y temporarios; por el reparto de las horas de trabajo; por la jornada de 8 horas; fuera la reforma laboral flexibilizadora; por el cese de todas las causas judiciales contra los luchadores; disolución de todos los organismos de represión y de persecusión política y gremial; suspensión de la Ley Federal de Educación; no al hospital de autogestión, por el hospital público gratuito; no a la privatización del servicio del agua; apertura de las cuentas públicas y de las grandes empresas; aumento de las regalías mineras.

Un plan de lucha de todos los trabajadores debe dar lugar a la conformación de un Comité de Huelga provincial formado en base a delegados mandatados y revocables; o sea, una dirección bajo control de los propios trabajadores en lucha.

Esas son las condiciones para ir a una lucha victoriosa. Llamamos a todos los organismos sindicales, a los dirigentes combativos y a los luchadores a impulsar una campaña para abrir paso a un verdadero plan de lucha, en el que no estaremos solos. En Córdoba, en Corrientes, en Jujuy y en Salta los trabajadores también están saliendo a la lucha a enfrentar los planes de hambre y desocupación de los gobiernos y las patronales.