Luis Luque, a quien la población de Catamarca sindica como uno de los asesinos de María Soledad Morales, puede quedar en libertad en cualquier momento ya que la Cámara Penal — intervenida por el gobierno nacional—estudia el pedido de nulidad de su prisión preventiva. El pedido de libertad de Luque fue presentado por el representante del poder ejecutivo, el fiscal Carlos Iglesias, “después de una serie increíble de fracasos del abogado defensor Luis Darritchon” (La Nación, 25/6). El argumento del delegado del interventor Luis Prol —el hombre enviado por Menem para “moralizar" Catamarca— es “que el fallo contra el hijo del diputado Ángel Luque posee ‘fallas y faltas de consideración” (ídem).

La liberación de Luque (hijo) será la culminación de un operativo oficial que “consiguió paralizar la investigación desde hace más de sesenta días” (ídem), tal como pronosticábamos en Prensa Obrera cuando el enviado de Menem asumió la intervención.

El ex-montonero Prol, sin embargo, no sólo se destacó como un eximio encubridor. También se destacó por el violentísimo ataque que descargó sobre los trabajadores catamarqueños desde el mismo día de su llegada: despidió a miles de estatales (y no precisamente a los ñoquis saadistas) y pretende liquidar sus condiciones laborales. El hombre de Menem ya anunció que “no tiene fondos” para pagar los aguinaldos.

El pedido del fiscal de liberar a Luque desnuda el carácter de la intervención federal, que fue reclamada por los radicales, el centroizquierda, la oposición catamarqueña y la iglesia. Esta política de confianza en el interventor menemista condujo a la movilización popular a un callejón sin salida. Otra vez, como en setiembre, el crimen de María Soledad y la lucha contra la impunidad de sus asesinos está en el centro de la crisis provincial.