La absolución final del jurado de enjuiciamiento al fiscal Laureano Palacios, actuante en la investigación de la muerte del ministro Juan Carlos Rojas, solo confirma algo que hemos denunciado desde siempre: la justicia es un reducto de defensa corporativa de los poderosos, ineficaz por su propia naturaleza y conformada por todos los que han gobernado hasta ahora.

El ministro de Desarrollo Social de Catamarca fue encontrado sin vida en su casa. Al principio se dijo que fue una muerte natural, y, con el andar de las horas, la autopsia desmentía los dichos del fiscal Palacios. El cuerpo del ministro tenía un hematoma subdural, producido por un golpe. La intervención de Palacios, entre errores deliberados y otros que no parecen tanto, no contribuyó a echar luz sobre lo ocurrido. Mientras la familia exige justicia, recibe del justicialismo gobernante al cual Rojas representaba un silencio cómplice y más señales de encubrimiento que de resolución. Si ese tratamiento recibe uno de los propios, ¿qué le espera al resto de la sociedad?

Y esto que decimos no solo lo comprueba la inacción de la Justicia frente a los femicidios y casos de violencia y abuso, que, justamente ayer en una nueva jornada del 3J, denunció el movimiento de mujeres, sino también en casos como el de Diego Pachao, el de los pibes de la Alcaidía o los transfemicidios, etc., que conmovieron a Catamarca. La diferencia entre el encubridor y revictimizador actuar de la Justicia en estos casos es que en el actual la víctima era un ministro en funciones y en los otros jóvenes de clase trabajadora sin acceso a la mediatización espectacularizada. Simplemente por eso los manoseos quedan bajo la alfombra, sin que nadie, ni oficialismo ni oposición, se rasguen las vestiduras, aunque los procesos se extiendan por más de una década como en el caso de Diego Pachao, asesinado por la policía local, que a la fecha, sigue impune.

Y la explicación es tan simple como dolorosa: la Justicia que padecemos es el resultado de los nombramientos y manipulación sucesiva de los peronistas y radicales que han gobernado Catamarca, y que se han encargado de nombrar a dedo a sus integrantes, como estrategia de defensa en caso de que las cosas se vuelvan en su contra, y, en otros casos, como garantía para el desarrollo de actividades como la minería, que hacen y deshacen a su arbitrio en los pueblos del interior.

La oposición se subió al caso Rojas como caballito de batalla electoral; el oficialismo es tan contradictorio como el actuar de la presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia, que pasó de marchar pidiendo el esclarecimiento del caso a votar por la absolución de Palacios. A ellos no les importa la justicia, sino salvar a quienes los protegen y designan. Todo un circo del régimen.

La única salida a esta podredumbre es una Justicia conformada por el voto, con mandatos revocables, con publicidad plena en sus actos y nombramientos, y con participación popular en todas sus instancias, algo que solo un gobierno de los trabajadores puede hacer efectivo.

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