El Juez Federal de Catamarca, Ricardo Antonio Moreno, revirtió el fallo de la Cámara Federal Tucumana que ordenaba la suspensión de actividades de minera la Alumbrera.

 

La justicia tucumana se había pronunciado contra la compañía el 10 de julio pasado  ante un requerimiento de la Corte Suprema de la Nación, que había accedido a un amparo solicitado por un grupo de vecinos de Andalgalá siete años atrás.

 

Con la decisión del juez catamarqueño, pariente de la gobernadora justicialista Lucía Corpacci,  la Alumbrera continuaría con su actividad normalmente.

 

Defienden a las mineras

 

Desde el mismo momento que se conoció la noticia del fallo de la cámara tucumana, se activó en la provincia de Catamarca un operativo político para revocar esa decisión. La gobernadora responsabilizó a la justicia por los daños económicos que significaba la parálisis de la planta y por la pérdida de puestos de trabajo privado de los proveedores mineros.

 

El ministro de gobierno, Gustavo Saadi, precandidato a diputado nacional por el Frente Justicialista para la Victoria, declaró –sin ponerse colorado- que  "el cuidado ambiental es prioritario para Catamarca", cuando en la provincia es perfectamente conocido que Alumbrera no ha permitido ningún control en el emprendimiento, y que el gobierno nunca se hizo eco de las innumerables denuncias que a lo largo del tiempo hicieron los pobladores de la región.

 

La oposición patronal cerró filas con el gobierno en defensa del pulpo minero. Más allá de algunas chicanas y un pedido de informes, el Frente Cívico y Social (UCR)-Cambiemos no ha cuestionado el fallo del juez catamarqueño. Cabe recordar que el Frente Cívico era gobierno cuando los vecinos de Andalgalá realizaron el amparo y que fue también quien reprimió en esa localidad para imponer el emprendimiento minero Agua Rica. 

 

Al bloque entreguista, del gobierno y la oposición patronal, se sumó la burocracia de Aoma (Asociación Obrera Minera Argentina), que se movilizó hasta los tribunales federales en Tucumán y realizó un piquete repudiando el fallo de la Cámara Federal. En su denuncia, Aoma  puso al descubierto que un tercio de los trabajadores tendrían relación de dependencia directa, y que los otros dos tercios trabajarían tercerizados, con peores salarios y condiciones laborales. Pero la burocracia no se movilizó para enfrentar este atropello negrero, sino para que le devuelvan la libertad de acción a la minera.

 

Fin de la actividad

 

En cualquier condición, la empresa ya ha anunciado que en el 2018 se pondría fin a la actividad, lo que plantea la cuestión crucial del cierre de minas, la etapa más traumática de este tipo de explotación. Los estudios independientes que se llevaron adelante plantean que tanto el dique de colas, lugar donde van a parar las aguas después del proceso; como las escombreras, el sobrante de la roca estéril, estarán drenando ácido durante siglos si no se lleva adelante un proceso de saneamiento ambiental.

 

Dicho saneamiento, según actas que se hicieron públicas últimamente, quedará en manos de YMAD (Yacimientos Mineros Agua de Dionisio), empresa minera interestatal asociada con Alumbrera y que está conformada por el Estado catamarqueño, el Estado nacional y la Universidad Nacional de Tucumán.  

 

Saqueo

 

A 20 años del comienzo de la exploración en La Alumbrera, las ganancias  solo llenaron los bolsillos de los pulpos internacionales que han explotado el yacimiento. Lo que queda es un saqueo y un pasivo ambiental difícilmente comparable en la historia argentina.

 

La izquierda y las organizaciones ambientalistas y populares tenemos que enfrentar este nuevo atropello, reclamando la confiscación de los fondos de La Alumbrera para afrontar los costos de la remediación y sanación ambiental y constituir un fondo de garantía salarial para los obreros desocupados de la mina. 

 

Junto con ello, se debe reclamar la investigación patrimonial y el desconocimiento de todos los acuerdos firmados por el Estado y a la UNT, que integraron el YMAD.