Córdoba está indudablemente en bancarrota. Pero la velocidad con que se ha producido la quiebra, que significó acumular una deuda de 1.000 millones en sólo 5 meses refleja una debacle más general, del “plan” Cavallo.

Ejemplo de esto es que el Banco Social tenía varios plazos fijos en el Banco Feigin, que se fue a la lona. Con la fuga de depósitos, el otro banco, el  de la Provincia de Córdoba, se quedó sin efectivo para financiar al Tesoro provincial, que mientras tanto vio mermar sus ingresos por la caída de la recaudación de los impuestos provinciales, provocada por la recesión industrial. En el caso cordobés, la recesión afecta a las automotrices, que comenzaron ya en marzo a suspender la producción y, en el caso de las autopartistas, directamente a despedir personal. El Tesoro nacional también envió menos dinero de los impuestos de coparticipación federal, simplemente porque cayeron los impuestos recaudados por la DGI.

Antes de las elecciones, Angeloz había anunciado la fusión entre el Banco de la Provincia y el Social de Córdoba, pero la gran banca, a través de la Bolsa de Córdoba, pretendía que los bancos y EPEC, la compañía de luz, fueran privatizados. Cavallo pasó a ser el vocero de esta posición. Ramón Mestre, el gobernador electo, se opuso al planteo de Cavallo, entre otras cosas porque EPEC es la “caja” de la UCR nacional. En torno a esa “caja” se produjo el asesinato no esclarecido del senador Maders, en el que está involucrado el propio Angeloz.

Debido a la feroz presión privatizadora, Angeloz accedió a rematar el 49% de las acciones de los bancos, lo que Cavallo rechazó, porque pretende el control mayoritario, arriba del 51%.

Menem y Cavallo han visto en el hundimiento del gobierno cordobes la oportunidad para alzarse con el botín bancario y eléctrico.  Pero la privatización reclamada por Cavallo llevaría el ajuste mucho más lejos que el del propio radicalismo.

Con Angeloz entre las cuerdas, Cavallo reclama el 2% de las acciones de los bancos para el gobierno nacional, el que de este modo se convertiría en el árbitro de esas instituciones. Según lo reprodujo Ambito Financiero, Cavallo le dijo a Alfonsín que, “para nosotros, perdón, para los organismos internacionales… el 49% de las acciones no es una privatización… ¿Por qué no convencen a Angeloz y a Mestre de que le den a la Nación 2% de las acciones para llegar al 51%?” (25/6/95).

Menem y Cavallo se han lanzado a dar un golpe de estado provincial, favorecidos por la política antipopular de Angeloz y Mestre.

Por eso, es esencial hoy en Córdoba denunciar el proyecto de intervención federal  directa o indirecta —en este caso, con la colaboración de la UCR y de Angeloz. Asimismo, es esencial la reivindicación de que los bancos Provincia y Social, y EPEC, sigan en manos del Estado, bajo control de los trabajadores, para investigar sus cuentas y mandar a la cárcel a sus vaciadores.