El escándalo desatado por las denuncias de la DGI por la evasión impositiva cometida en la importación de autos desde el Uruguay, ha puesto de manifiesto que si Franco Macri y todo el directorio de Sevel tienen que ir presos por evasión impositiva y fraudes reiterados, Domingo Cavallo y Carlos Menem deberían seguirle los pasos por encubridores y cómplices.

La maniobra montada por Sevel (Macri) para evadir los impuestos era “sencilla”: a través de una compañía controlada por el grupo, importaron desde el Uruguay 15.000 autos (fabricados por Sevel Uruguay)  a nombres de particulares inexistentes, para lo cual debían fraguar la documentación y las firmas de los “futuros usuarios”. Mediante este “expediente” evitaron pagar el 11% de impuestos (IVA y ganancias) que corresponde cuando las importaciones las realiza una concesionaria para su posterior reventa, unos 50 millones de pesos. Pero, además, como el precio de venta en Uruguay es, medido en dólares, inferior al que rige en Argentina, con la maniobra, obtenían un superbeneficio adicional del  50% (El Cronista, 15/2).

Ante el escándalo que provocó la presentación penal de la DGI —y ante el hecho de que implicaba personalmente al propio Francisco Macri—, Cavallo ordenó a la DGI “suavizar”  la denuncia. “La medida habría sido resuelta después de un encuentro entre el ministro de Economía y el secretario general de la presidencia, Eduardo Bauzá. Este último habría transmitido a Cavallo un pedido expreso que dejó Carlos Menem antes de partir hacia Ecuador” (Clarín, 18/2). Semejante decisión sólo puede recibir una calificación: encubrimiento.