Los diarios (es decir los funcionarios) atribuyeron las medidas dispuestas en el decretazo a un selecto grupo de economistas que se habrían “refugiado” en el anonimato, para realizar un trabajo que les llevó largos meses. ¡Los amanuenses de Cavallo serían ellos mismos, un ejemplo práctico de las “virtudes” de la “flexibilización laboral”!

Pero en esto no hay, naturalmente, ni una pizca de verdad. Como lo reconoce el publicitado autor del proyecto (Héctor Domeniconi), la elaboración del decreto fue apoyada tanto en materia económica como “intelectual", por Techint, Alpargatas, Banco Roberts, Bridas; tal como lo declara, sin el menor pudor, en la larguísima entrevista que le hizo Ámbito Financiero (5/11).

No estamos ni siquiera, entonces, ante un decreto que pretende tener alcance de ley.

Estamos simplemente, ante una orden impartida, por los principales pulpos (“zorros"), para abrir el corral de las “gallinas”, no ya con carácter de ley, sino como disposición constitucional. El decreto invoca el artículo de la Constitución sobre la “libertad para comerciar” para colocarse a sí mismo contra todo el orden legal y contra los procedimientos de gobierno previstos en la Constitución.

Pero al igual que lo que ocurre con los “acuerdos” con la banca o el FMI, son los pulpos los que “hacen la ley".

En Argentina existe un régimen político completamente especial: el gobierno directo de los capitalistas, que “deliberan y gobiernan" sin que les importen “los representantes”, es decir, un feudalismo o monarquía capitalista.

Domeniconi, Menem y Cavallo han faltado a sus “deberes de funcionarios públicos” y lo mismo harán en pocas horas más los quinientos legisladores.

Los personeros de este régimen están inmersos en un crimen contra el Estado y la sociedad.

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Para la oligarquía: Muerta la “regulación”, viva la “regulación”

La eliminación de la Junta Nacional de Granos y de Carnes no significa que se hayan eliminado los subsidios a los grandes exportadores. El decreto “desregulador” en realidad “regula”, esto porque textualmente dice que “las funciones de política comercial interna y externas de productos agropecuarios" (de esos organismos) se transfieren a la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca. Entre esas “funciones” están la financiación e incluso los subsidios a la exportación de granos cuando disminuyen los precios internacionales. Recientemente, cuando EEUU subsidió la exportación de trigo a Brasil, lo que determinó una baja en el precio de exportación argentino, la Junta Nacional de Granos subvencionó a los exportadores y grandes acopiadores. Es lo que, precisamente, “justificó" en 1930, para liberales y conservadores, la creación de esas juntas. Azaretto y Aguinaga, dos conservadores de vieja “estirpe”, liberales de alma, reconocen que el intervencionismo del Estado es malo pero... “Esto no significa que en determinadas circunstancias de crisis transitorias, el gobierno no utilice los mecanismos a su alcance para corregir distorsiones en el funcionamiento del mercado por causas externas o internas”( El Tribuno, 5/ 11).

La preservación de las “funciones” de las Juntas en manos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca tiene por objetivo mantener el intervencionismo estatal en defensa de los grandes productores, acopiadores y exportadores.

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Estatizan fondos y cajas para pagar a usureros

Por medio del decretazo el Estado pretende una gran confiscación de fondos para pagar la usuraria deuda interna y externa y financiar a los grandes grupos capitalistas y a la especulación financiera. Veamos.

El decretazo destina la mitad del Fondo Nacional del Tabaco al Tesoro Nacional. El impuesto a los cigarrillos que pagan los consumidores se mantiene, pero en lugar de destinarse a los productores de tabaco sus 80 millones de dólares anuales irán a “Rentas Generales".

La unificación del cobro de los aportes y contribuciones sociales (jubilación, obras sociales, subsidios familiares) en el Ministerio de Trabajo no apunta a mejorar la recaudación, sino “cubrir deficiencias transitorias de caja...” (Clarín, 3/11) de la Tesorería. Si hasta ahora el Estado metía mano en los fondos de los jubilados, ahora meterá la mano en los fondos de las asignaciones familiares y las obras sociales. Que esto es así lo revela el simple hecho de que el gobierno en sus previsiones computa un mayor ingreso en la Tesorería, nada menos que por unos 97 millones de dólares anuales, como consecuencia de la “unificación”, (si el propósito fuese solamente mejorar la recaudación y distribución, el llamado “impacto fiscal” debería ser nulo).

El aumento de 5 puntos en el arancel a la importación le dará al Tesoro un ingreso adicional de 350 millones de dólares anuales, que lo pagarán los consumidores argentinos a través de mayores precios.

¿Y quiénes son los que se benefician?

Los exportadores se benefician en 360 millones de dólares simplemente por la eliminación de la “tasa de estadística" a la exportación. La especulación financiera se beneficia en 90 mitones de dólares por la supresión del impuesto a los sellos sobre la actividad financiera y la anulación del impuesto a la transferencia de títulos. ¿Y el resto? El resto se destinará a pagar el BOCE, el BIC, el BOTE (los bonos de la deuda interna) y la deuda externa.