El gobierno nacional accedió a un préstamo internacional de 400 millones de dólares con el supuesto destino de mejorar la alimentación las familias en la indigencia. Los dólares ingresan en medio de las necesidades financieras del gobierno para cumplir con el FMI y cuando Desarrollo Social protagoniza un ajuste sobre los comedores populares y el gasto social.

Los fondos tienen como origen el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y llegan con el supuesto destino de mejor la alimentación de 2,4 millones de familias en situación de vulnerabilidad, para financiar el Plan Argentina contra el Hambre (Pach).

Según el propio sitio oficial el Pach “Implica la promoción y fortalecimiento del Acceso a la Canasta Básica de Alimentos” en un país donde el gobierno viene fijando un salario mínimo y jubilación mínima –que afectan a millones de personas- por debajo del umbral de dicha canasta.

Se trata de una impostura total por parte de un gobierno que licua el gasto social por medio de la inflación, recorta la provisión de alimentos a los comedores populares y entrega alimentos de baja calidad nutricional, ajusta los salarios, jubilaciones e ingresos populares y desenvuelve una política económica que produce más pobres e indigentes.

Si tomamos el presupuesto ejecutado en 2022 para Políticas Alimentarias, donde domina el programa Tarjeta Alimentar y lo comparamos con lo presupuestado para el 2023 tenemos que el año pasado se destinaron $410.144,48 millones contra una previsión de $442.755,69 para el periodo actual: un aumento menor al 8%, contra una inflación interanual anual que ronda el 100% y cuando la canasta básica alimentaria trepó un 109% en un año.

La secretaría que administra el ajuste sobre estos fondos se encuentra en manos de la camportista Laura Alonso, lo que da cuenta que el kirchnerismo está inserto en el núcleo de esta política de ataques a los trabajadores, cuya capitana es la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que viene de despedir 100.000 trabajadores precarizados del Potenciar Trabajo y difama a las organizaciones piqueteras.

El ministro de Economía, Sergio Massa, felicitó al excanciller Felipe Solá por las gestiones, cuando es su programa económico de ajuste fiscal, consensuado con el FMI, el que está haciendo estragos en los ingresos salariales y populares y en la economía.

Estos 400 millones de dólares llegan “oportunamente” cuando el gobierno requiere de financiamiento internacional para respaldar el pacto con el FMI, ante un deterioro de las reservas netas del Banco Central y luego de que el FMI flexibilizara las metas trimestrales ante un preanunciado incumplimiento oficial. El gobierno dilapida los recursos nacionales en el pago de la fraudulenta deuda externa y financia las corridas cambiarias y la fuga de divisas.

El financiamiento del BCIE tendrá 20 años de plazo, con cinco años de gracia, a una tasa de interés anual “competitiva”.

Como el gobierno de Mauricio Macri, el Frente de Todos recurre al endeudamiento internacional en moneda extranjera, utilizando la miseria social producida por su orientación fondomonetarista como cobertura de su política derechista. Massa cumple con las metas del FMI sobre la base de un mayor endeudamiento, lo que implica una hipoteca mayor de la economía nacional, con su impacto negativo sobre los indicadores sociales.

El problema de la alimentación en el país tiene respuestas más directas y sencillas a la mano del Estado, comenzando por subir el salario mínimo por arriba de la canasta básica de pobreza, una recomposición general de los salarios, trabajo genuino, apertura y aumento de los programas sociales y provisión de alimentos a los comedores populares.

Esto está discutiendo el Plenario Piquetero Nacional de la Unidad Piquetera en Plaza de mayo, así como nuevas medidas para enfrentar y derrotar el ajuste fondomonetarista.

https://prensaobrera.com/movimiento-piquetero/miles-de-piqueteros-deliberaran-en-plaza-de-mayo-como-enfrentar-el-ajuste

https://prensaobrera.com/politicas/planeta-alberto