Este miércoles, en el Boletín Oficial se publicó la nómina de nueve conjueces para la Corte Suprema de Justicia designados por Macri y su ministro de Justicia, Germán Garavano. Para ello, tuvo el aval previamente en la Cámara de Senadores, donde recogió los votos del bloque Cambiemos y justicialistas. En septiembre de este año, Miguel Angel Pichetto destacó la “extraordinaria” y larga trayectoria de los postulados.

Los conjueces ofician de “suplentes” de los Ministros de la Corte Suprema en los casos que no puedan intervenir –sea por licencia o renuncia, recusaciones y/o excusaciones. Es decir, que este aquelarre macrista, puede tener en su mano la resolución de cuestiones jurídicas que tengan relevancia para los trabajadores, las mujeres y la juventud.

Los conjueces elegidos, responden a la cuña macrista y al colectivo más reaccionario en el mundo del derecho.

El primer “premiado” fue Guillermo Lipera, presidente de la asociación civil autodenominada “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires” y fundador de la agrupación macrista Será Justicia. Enemigo de toda movilización popular, de los piquetes y partidario de la “mano dura”, Lipera presentó días atrás una denuncia por la “rebelión” contra manifestante y diputados nacionales opositores a la aprobación del presupuesto de hambre 2019. La institución que preside es un punto de encuentro de abogados de genocidas, empresariales y antiderechos de la mujer. En la lista también figura el radical Ricardo Gil Lavedra, socio del colegio que preside Lipera y militante de Cambiemos. Fue abogado defensor de la vicepresidenta Gabriela Michetti y asesor de Garavano y de la empresa Odebrecht.

Una de las mujeres nombradas es María Angélica Gelli, abogada del Grupo Clarín – al igual que el actual presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz – y declarada opositora a la legalización del aborto. No es, sin embargo la única suplente antiderechos: junto a ella se encuentra el ex convencional constituyente por el PJ, Antonio García Lema, autor del inciso del artículo 75 de la Constitución que habla de la “protección del niño desde la concepción”. El bloque femenino se completa con la exjueza de la Suprema Corte de Mendoza Aída Kemelmajer – quien se destaca por su posición favorable al aborto legal –y la decana de la Universidad del Nordeste, Verónica Torres.

Otros de los nombrados, Julio César Rivera, abogado personal de Mauricio Macri, está a cargo de la sindicatura del concurso de acreedores del Correo Argentino, a pesar de estar vinculado a una de las partes – el Grupo Macri. Fue denunciado por la fiscal de Cámara Gabriela Boquin por dejar correr las maniobras de vaciamiento de la empresa y está imputado en la causa junto a Macri y otros funcionarios y empresarios. Junto a Diego Botana, ambos son profesores de la Universidad de San Andrés y fueron encomendados para corregir el Código Civil y Comercial por el Ejecutivo.

Finalmente, también fue nombrado conjuez Gerardo Conte Grand, ex viceministro del Interior y subsecretario de Inteligencia de Carlos Menem, diputado nacional y legislador porteño.

Al servicio de los capitales, tenemos un “equipo de reserva” para la Corte Suprema, dominado por empleados del presidente, los nostálgicos de la dictadura del ’76 y militantes antiabortistas. Vergonzosamente, el diario pejota-kirchnerista Página/12 desliza para lavarle la cara al bloque peronista que “un senador del peronismo consultado ayer por estas designaciones, confesó que habían votado la lista que llegó desde la Casa Rosada, sin detenerse demasiado en los nombres” (8/11).

¿Habrá votado también el acuerdo con los fondos buitre, la perpetuación del impuesto al salario, la confiscación a los jubilados y – muy pronto – el presupuesto 2019 “sin detenerse demasiado” en sus consecuencias? De ninguna manera. Son los que viabilizaron desde el Congreso todas las leyes contra los trabajadores, incluida esta nómina infame.