El gobierno de Macri no ceja en sus esfuerzos en pos de la instalación de una central nuclear china en la provincia de Rio Negro,a pesar de que este proyecto,fuertemente rechazado por la sociedad rionegrina,se llevó puestas las pretensiones electorales del gobernador Weretilneck en las últimas PASO, obligándolo a retirar su lista de las generales ante el inevitable papelón. En reciente reunión con el ejecutivo provincial, Macri ha manifestado su intención de emprender acciones judicialescontra la recientemente promulgada ley provincial 5227, que prohíbe la instalación de centrales nucleares en territorio provincial. Pretende declarar la “inconstitucionalidad” de la misma y no descarta una eventualintervención federal a la provincia. El gobierno provincial ya bajó los brazos ante la embestida macrista: Weretilneck expresó que “no pondría trabas a la intervención judicial”.

Un poco de historia reciente

¿En qué consiste este “negocio” que Macri defiende con tanto ahínco, al punto de estar dispuesto a avasallar la autonomía provincial?

El acuerdo original con China fue firmado por CFK y reimpulsado por Macri expresamente tras su viaje a China.

El tratado beneficia principalmente a China,que se asegura el financiamiento total de la obra (12.500 millones de dólares a 20 años con el 5% de interés anual), más la provisión en exclusiva de la tecnología necesaria para su construcción y posterior funcionamiento y una fuerte participación en las hidroeléctricas del sur y en el Belgrano cargas. En tamaño negociado no podía faltar la mordida de la “patria contratista”, quienes se asegurarían un 40 % de participación en la construcción de las usinas. Los “amigos del gobierno” Caputo, Pescarmona y Mindlin, picaron en punta y ya tienen una porción del negocio abrochada.

En la reciente y fallida “consulta popular” realizada en Sierra Grande (votó apenas el 20 % del padrón habilitado y los sectores ambientalistas que impulsaban el NO se retiraron de la compulsa –e incluso de la fiscalización– ante la evidencia de presiones y eventual fraude gubernamental)el gobierno nacional utilizó hasta el hartazgo el caballito de batalla de “los puestos de trabajo que generaría el emprendimiento”. Contó para ello con la absoluta colaboración del senador Pichetto, jefe del bloque peronista de la Cámara Alta, y oriundo de la localidad de Sierra Grande.

Sin embargo, la empresa CNNC (Corporación Nacional Nuclear de China) que construirá la central ya se ha asegurado que los eventuales trabajadores en la construcción de la misma tengan un convenio “especial”, en la línea de los firmados en la industria petrolera de Neuquén, lo que implica graves perjuicios para los derechos y conquistas de los trabajadores.

En síntesis, estamos ante un negociado que beneficiará a los capitalistas chinos y a sus socios de la “patria contratista” local, por lo que no responde a ningún plan de desarrollo energético y de industrialización (ni nacional ni mucho menos rionegrino, en una provincia que ha perdido la casi totalidad de sus industrias); y que genera dependencia tecnológica absoluta y superexplotación y desconocimiento de derechos laborales para los trabajadores que eventualmente pueda tomar.

Por último, y no menos importante, está el tema del impacto ambiental. Dejar en manos de la voracidad capitalista un desarrollo potencialmente contaminante, que conlleva serios riesgos para los trabajadores del proyecto y la población cercana sería criminal. El accidente de Fukushima, Japón, ocurrido en 2011, da una visión del riesgo de este modo de producción de energía en manos capitalistas. Y el régimen de la burocracia china –agreguemos–no se caracteriza precisamente por el resguardo del medio ambiente. Por el contrario, una de las “ventajas” que ofrece a los capitales de todo el mundo, además de bajos salarios y una fuerte regimentación de sus trabajadores, es otorgar carta blanca para contaminar.

La acción de los trabajadores

Por los motivos expuestos, desde el Partido Obrero de Río Negro rechazamos la construcción de esta central nuclear en nuestra provincia y la amenaza del gobierno central de avasallar la autonomía provincial; y convocamos a las organizaciones políticas, gremiales, sociales, juveniles y ambientales a desarrollar la más amplia movilización a tal efecto.

La construcción de centrales productoras de energía eléctrica (térmicas, hidroeléctricas, nucleares, solares o eólicas) no puede ser definida por los vaivenes de los negociados de los gobiernos de turno. Debe ser un congreso de trabajadores el que defina la orientación y las prioridades para el desarrollo social y productivo de la provincia y el control obrero es indispensable tanto para asegurar ese curso como para verificar el cumplimiento de todas las normas laborales, de seguridad y de protección ambiental pertinentes.

Solamente un gobierno de trabajadores que convoque a una deliberación sobre la matriz energética nacional e imponga la nacionalización de todos los recursos energéticos (producción y distribución de la energía) para un desarrollo nacional bajo control de los trabajadores y al entero servicio de las necesidades nacionales podrá ofrecer una salida a la crisis energética e industrial del país.