Una nueva audiencia pública se transformó en un acto de repudio a la política energética del gobierno kirchnerista, como ocurrió en septiembre pasado con la del dragado de la ría. Al ser ‘no vinculante', el gobierno tiene las manos libres para actuar, pero la movilización popular que se gestó a partir de septiembre contra el dragado ha logrado frenar -por ahora- el negociado y una destrucción mayor del medio ambiente.

Con el argumento de que Bahía es un nodo energético, se pretende construir una nueva termoeléctrica que funcionará con gas, gasoil o biodiésel. Los primeros deberán importarse y el biodiésel se obtendría de una planta a construir. Una usina termoeléctrica que funcione con hidrocarburos agrava la situación de dependencia energética argentina, y potencia el proyecto del dragado en Cerri vinculado con los barcos metaneros que traen el gas licuado importado a precios que quintuplican a los internos.

En la audiencia, cuarenta expositores rechazaron el proyecto. La media docena que lo apoyó respondía a la UIA y a La Cámpora.

Un docente de la UNS y miembro de Aduns (gremio docente) denunció que el encuadre de la audiencia pública en torno de la problemática ‘ambiental' tenía el objetivo de evitar el debate sobre la cuestión del financiamiento de la obra y de los costos e ingresos previstos a partir de su puesta en marcha. La empresa y sus gestores políticos pudieron eludir toda mención a dos aspectos esenciales del negocio que AES y la Secretaría de Energía están cocinando. El primero es el nivel de tarifas requerido para que el capital privado importe o produzca el combustible necesario para la generación termoeléctrica (gas, gasoil o biodiesel). El segundo es el mecanismo de financiamiento de la obra. Los comunicados oficiales afirman que el Estado Nacional va a aportar recursos fiscales para la ejecución del proyecto de AES como contrapartida de una deuda del fisco con la empresa. Bajo la misma metodología se construyeron las termoeléctricas de Campana y Timbúes. La Secretaría de Planificación entregó la propiedad de las usinas al conjunto de las empresas privadas, en proporción a su participación en la deuda original y, a continuación, concedió un incremento del precio de la electricidad cobrado por dichas empresas.

Este mecanismo volverá a aplicarse en este proyecto. Es notable la ausencia de toda información oficial sobre esta deuda y su origen. Es indudable que se la está empleando como tapadera de una transferencia lisa y llana de fondos públicos en favor de las generadoras privadas.

La proyectada termoeléctrica es un negociado armado por todos los responsables de dos décadas de vaciamiento energético: AES, De Vido, los importadores de GNL como Repsol y Petrobras, que son los mismas que armaron la ‘huelga de inversiones' en la Argentina en todos estos años.

Denunciamos y rechazamos el contrato con la multinacional AES. Ningún contrato con los responsables de la crisis energética que vive el país. Denunciamos el negociado que esconde la presunta deuda de Cammesa con AES.

El desarrollo de las fuerzas productivas del país al servicio de los trabajadores y el pueblo requiere incrementar la generación de energía, no negociados que destruyen el ambiente y nos hacen más dependientes de combustibles importados y caros.

La salida a la crisis que produjo la política kirchnerista de subsidiar y rescatar a los vaciadores requiere la nacionalización de los recursos energéticos sin indemnización para ponerlos bajo control de los trabajadores; el repudio de la deuda externa para financiar la exploración, explotación y elaboración de los combustibles y las obras necesarias para la generación y distribución de la energía; la nacionalización de la banca y el comercio exterior para frenar la fuga de capitales. En ese marco, habrá que considerar qué plan de generación de energía nos damos, elaborado por técnicos y trabajadores, con el asesoramiento de universidades y organizaciones científicas estatales, independiente de los monopolios y el capital financiero.