En su último discurso, Cristina Fernández de Kirchner criticó el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (Rigi), incluido en la Ley Bases, desde el punto de vista de los intereses patronales que se verían afectados por la medida. Defendió en cambio la asociación de un sector de la burguesía nacional con el capital extranjero, la cual ha sido incapaz de promover un desarrollo autónomo para el país.

Por un lado, actuó como vocera de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimira), que rechaza el Rigi porque el mismo plantea aranceles 0% y la eliminación del Impuesto País para los bienes de capital e insumos importados. De este modo, a las mineras y petroleras incorporadas a este régimen les resultará más rentable importar maquinaria del exterior que comprar aquella que se fabrica en el país. Según Adimira, a modo de ejemplo, la pérdida de competitividad para el fabricante local del cable eléctrico para la distribución de energía frente al proveedor extranjero sería del 22%; y del 36% en el caso de quienes producen equipos de proceso de acero inoxidable para petróleo y gas.

Ahora bien, CFK no discute que haya que otorgar incentivos para promover los proyectos extractivistas. Incluso, en el mismo discurso reivindicó el pacto firmado con Chevron durante su presidencia, a través del cual la petrolera obtuvo, a cambio de invertir en Vaca Muerta, retenciones 0% y libre disponibilidad de divisas. Como vemos, defiende un modelo a partir del cual un puñado de multinacionales se enriquecen explotando los bienes comunes de Argentina, mientras que las comunidades, lejos de recibir algún beneficio, pagan las consecuencias de la depredación ambiental que generan actividades como el fracking y la minería a cielo abierto. Curiosamente, ahora confiesa que estas no crean empleo significativo, cuando desde el poder político siempre se pretendió justificar el ingreso de estos emprendimientos contaminantes con el verso de combatir la desocupación.

El kirchnerismo no solo le abrió las puertas del país al fracking (prohibido en países como Francia y Canadá), sino que además, durante los primeros diez años de gobierno (entre 2003 y 2013), la cantidad de proyectos de exploración minera pasó de 40 a 600 y se consolidó el  monocultivo de soja, el cual pasó de ocupar 12 millones de hectáreas a 20 millones. Néstor y Cristina Kirchner fomentaron una matriz de primarización económica y una industria subordinada a ese esquema de dependencia, que ahora estaría en peligro si se implementa el Rigi.

A su vez, la exmandataria criticó en su alocución que un defecto del Rigi es que les permite a los proyectos adheridos disponer del 100% de las divisas generadas luego del tercer año. Sin embargo, no le preocupa el saqueo que esto implica para el país, sino que Argentina se quede sin dólares para pagarle al Fondo Monetario. De hecho, dijo textual “¿Con qué dólares van a pagarle al FMI?”

No sorprende este razonamiento, teniendo en cuenta que bajo la década kirchnerista proliferaron los regímenes de promoción destinados a distintas ramas de la economía (hidrocarburos, unicornios, sojeros, etc.) con el objetivo de recabar divisas, que luego se dilapidaron en el pago de la deuda externa usuraria, desatando una crisis de reservas en el Banco Central que desembocó en la devaluación del 2014.

La alternativa a este Rigi absolutamente entreguista no puede ser otro similar pero con los capitalistas nativos actuando como socios menores y al servicio del pago al FMI. Por el contrario, en vez de colmar de beneficios a capital extranjero para atraer inversiones, agravando la dependencia colonial de Argentina y en detrimento del ambiente, es necesario transitar el camino opuesto: terminar con la fuga de capitales incesante por medio de la nacionalización bajo control obrero del sistema financiero y el comercio exterior, repudiar la deuda ilegítima y romper con el FMI, y, de este modo, conservar el ahorro nacional para inaugurar con él un ciclo de inversiones que industrialice el país y resuelva las necesidades sociales.

Esta salida solo es posible con un gobierno de los trabajadores que planifique la economía en función del interés mayoritario. Por lo tanto, es incompatible con el programa del kirchnerismo, una fuerza política tributaria a la clase capitalista y al FMI, que, lejos de disponerse a tirar abajo el plan Milei en las calles, tiene la mira puesta en un recambio electoral que, dicho sea de paso, llegará con los trabajadores habiendo sufrido una derrota histórica. Urge entonces luchar por otra perspectiva, que es la de construir desde ahora la huelga general para que no pase la Ley Bases y su contenido reaccionario.

En cuanto al posible cierre de empresas si se aplica el Rigi, llamamos a la ocupación obrera de esos establecimientos para defender los puestos de trabajo, avanzar en la apertura de los libros, y, en última instancia, pelear para que el Estado se haga cargo de que sigan funcionando con todos los trabajadores adentro.

Un paro contundente: a preparar una movilización masiva contra la ley Bases

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prensaobrera.com