Juan Carlos “Gallego” Fernández es el actual secretario administrativo y, en los hechos, “hombre fuerte” de la Unión Ferroviaria. Fue quien recomendó el ingreso del barrabrava Cristian Favale, el acusado de disparar contra Mariano Ferreyra, a los talleres de Remedios de Escalada. Los intentos oficiales de despegarse de Fernández están condenados al fracaso: Fernández era, partiendo de De Vido, uno de los siete hombres responsables del conjunto de negocios entre el gobierno, las empresas privadas y los Estados proveedores de material ferroviario (en términos estrictos, chatarra).

Este entrelazamiento se puede ver en cualquier diario, por ejemplo en Perfil (10/11), donde aparece la foto de un exultante Fernández junto al secretario de Transporte, Schiavi, el ministro de Planificación, De Vido, y el subsecretario de Transporte Ferroviario, Guillermo Antonio Luna, el padre del hombre acusado de ser parte del comando de organización de la patota que acabó con la vida de Mariano. Está tomada en Beijing, cuando integraron la comitiva de CFK para la compra de 160 coches, 24 locomotoras y 500.000 toneladas de rieles, por un monto aproximado de 10.000 millones de dólares, un atentado a la reconstrucción de una industria ferroviaria en el país y un posible negociado -fue una operación concretada sin licitaciones previas.

Del riñón del gobierno…

Un reportaje a Fernández publicado en un sitio vinculado a la Unión Ferroviaria (“Los que cortan los servicios de trenes, tirándose sobre las vías, no son ferroviarios”, publicado el 2 de septiembre con la firma de Juan Carlos Varela García en viarrapida.com.ar) muestra de manera abrumadora las huellas del vínculo de este personaje con la cabeza del gobierno.

“Viajé a China con la presidenta, en representación de la UF, y fue el secretario general de La Fraternidad, el compañero Maturano” -dice Fernández- para ser parte de “una compra y un convenio que son muy importantes”. Ocurre que “nosotros venimos trabajando fuertemente, no sólo en la recuperación de los salarios… sino en la política ferroviaria, nos ha tocado presidir la nueva empresa ferroviaria que creó el Estado nacional”. Se refiere a la Sociedad Operadora Ferroviaria, creada hace dos años bajo la figura de sociedad del Estado y responsable de “asumir por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros la prestación de los servicios ferroviarios, de pasajeros o de carga, que se le asignen” .Tiene como presidente a Juan Rosario Araya, abogado de la UF y como “asesor estratégico” al “Gallego” Fernández, ambos de la absoluta confianza de Pedraza y bajo su administración se desenvuelven centenares de contratos de todo tipo asistidos por el Estado.

La Secretaría de Transporte tiene sus subsecretarías ocupadas por hombres colocados por la burocracia sindical, sin excepciones. Por ejemplo González, de Camioneros, a cargo de la Subsecretaría del Transporte Automotor, o Recalde, a cargo de AA; Antonio Luna, de La Fraternidad, a cargo de la subsecretaría de Transporte Ferroviario -inamovibles bajo Jaime y luego bajo el actual titular, Schiavi.

Fernández hace una defensa apasionada de todos los negocios incubados por esta red. Como el periodista no puede eludir la pregunta sobre la compra de vagones “que no funcionan y los tienen arrumbados en talleres”, Fernández se ‘defiende’: “No es material de rezago, aunque no es material nuevo”; “el trabajo de reparación ferroviaria, agrega, es bastante complicado y esos que se están reparando se van a poner a funcionar en poco tiempo”.

“Vino desde fuera”

“¿Qué pasa con esas personas que paran los trenes tirándose sobre las vías…?” -pregunta el periodista, en alusión a la lucha de los tercerizados.

Atención con la respuesta de Fernández: “no pertenecen al gremio ferroviario”, “no había ferroviarios de las empresas tercerizadas, esto salió de un plenario que se hizo en el Congreso nacional… porque decían que había trabajadores en negro”. Además, “los trabajadores que se tiran en las vías para obligar a parar, no son peronistas, tienen otra bandera” y “sin peronismo, no hay movimiento obrero” -un remedo de la divisa “los sindicatos son de Perón”, esgrimida por la Juventud Sindical Peronista desde la década del ’70. Estas declaraciones constituyen un antecedente ideológico-político de su participación en la patota que mató a nuestro compañero Mariano Ferreyra.
En esta línea, Fernández sale a defender el negocio de las tercerizaciones, que existieron “toda la vida” (falso, no existían hace treinta años) para “trabajos que son eventuales” (falso, corre para tareas que no lo son), para los cuales “se hace una licitación y ejecuta la obra quien gana” (falso una vez más, lo que se constataría con sólo hacer pública la lista de las adjudicadas y su vínculo con las privadas y la burocracia).

Fernández plantea que “no participamos de ninguna interna política, estamos acompañando la política del gobierno a full” y se define, sin ambigüedades, por la reelección para cualquiera de los K: “tendríamos que trabajar todos para asegurar la continuidad del proyecto, tendríamos que observar los índices económicos… el crecimiento de la construcción, el crecimiento de la industria, del agro, la venta en los shopping”.

Fernández es una parte vital del régimen político de los negocios del gobierno y no está preso. ¿No debería estarlo y declarar el resto de los que negocian en su compañía?