El gobierno de la ciudad, mediante el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), presentó un proyecto de urbanización del Playón de Chacarita “La Fraga”.

Este plan está fuertemente vinculado a los negocios inmobiliarios que impulsa  el gobierno, que  incluyen desde la extensión de la avenida Triunvirato sobre el costado de las vías del ferrocarril, hasta la posible construcción de mega torres y un shopping. Parte de la improvisación de este plan de urbanización se ve en la presentación del plano que fue cambiando constantemente y en algunas versiones incluía la demolición de “el galpón”  y de “la Mutual Sentimiento”, dos espacios abiertos al barrio y de uso comunitario. El plan de urbanización es la retaguardia para esta gran entrega.

El modus operandi del gobierno de la ciudad en este caso es un calco del que tuvieron en la Villa 20 y la Rodrigo Bueno, los planes de urbanización son dictados por las necesidades inmobiliarias y no las que son propias de los vecinos. Lo pérfido de este método delata la intención del gobierno que en vez de solucionar los problemas en primera medida, se colocan sólo para viabilizar los proyectos inmobiliarios de sus lobbys constructores.  

Sin embargo, los vecinos no tardaron en responder. Durante dos masivas asambleas, que ya constituyen un hito en la organización del barrio por su concurrencia, los vecinos discutieron a fondo los planes del gobierno. En primer lugar abordaron una conclusión de fondo: el proyecto presentado por el gobierno no representa las necesidades que tiene el barrio, sino que la intención del IVC es apurarse para poder realizar las obras inmobiliarias. En consecuencia, en asamblea, los vecinos elaboraron una propuesta que fue manifestada cara a cara al gobierno y que incluía reivindicaciones propias, como por ejemplo la necesidad de realizar un nuevo censo monitoreado por los propios habitantes del barrio. En el gobierno de Larreta, sin embargo, aparecen “consensos truchos” que consisten en la cooptación de referentes barriales para aparentar un consenso con los habitantes del barrio sobre los proyectos del gobierno. En el caso Fraga este “consenso” mostró su cara real, el gobierno, mediante funcionarios de Jefatura de gobierno y el IVC rechazaron taxativamente cualquier pedido de los vecinos.

La respuesta contundente de los vecinos hizo reconfigurar las relaciones de fuerza en el barrio. A pesar del proceso de cooptación, las amenazas y la extorsión del gobierno, no pudieron dejar pasar los negociados. En este escenario nuestro planteo es sumar a la pelea la necesidad de que el gobierno de la ciudad garantice el presupuesto para las obras y que se lleve a cabo un relevamiento exhaustivo del barrio para verificar las condiciones de hacinamiento y las obras necesarias, tanto de infraestructura pública como de infraestructura interna de las viviendas, respetando los desgloses familiares y el derecho a la vivienda propia de los inquilinos. Este planteo, impulsando una fuerte campaña que incluya estos puntos y con la organización independiente de los vecinos del barrio es la opción para poder lograr la urbanización real de La Fraga.