Este domingo 14 el gobernador del Chaco dio una conferencia debido al crecimiento de casos de Covid-19 que se han registrado en los últimos días.

“Estamos transitando un tiempo extremadamente complejo, los casos se han incrementado a pesar de haber tomado medidas drásticas”, dice el gobernador. Las medidas drásticas y represivas fueron contra las barriadas y contrastaron con la habilitación de megaeventos para las iglesias evangélicas, como fue el caso del pastor Ledesma, quien congregó a más de mil personas en sus autos en su megaiglesia. El gobernador reconoció haber autorizado la realización del evento en forma oral, directamente al Pastor.

Persecución contra los trabajadores de la salud

El gobernador mantiene al personal de salud en condiciones precarias, tanto edilicias, laborales como salariales y no solo no garantiza los elementos de bioseguridad necesarios, sino que los persigue judicialmente cuando realizan los reclamos o denuncias. La directora del Hospital Perrando, en efecto, reclamó a una médica residente que “ratifique o rectifique” las denuncias públicas realizadas por el estado calamitoso de los servicios. A esto se corresponde una política de persecución en los hospitales de la provincia contra los médicos que denuncian la situación crítica de la provincia.

Capitanich dijo que “con los casos leves, vamos a intentar generar una condición de aislamiento en centros hospitalarios público o privados”, planteo que no se ajusta a la dura realidad, que es precisamente en estos espacios en donde se registra un mayor número de contagios -más del 50% de los contagiados es personal de salud de centros públicos y privados- debido a la precarización salarial, laboral y a la falta de políticas sanitarias serias.

Está situación se pone más crítica en las localidades del interior, que también registran casos y que las condiciones de precariedad, de infraestructura de salud, laborales y salariales, de garantías de alimentos o algo tan elemental como redes de agua potable, no están garantizadas hace años.

La provincia registra hasta el momento 1.421 contagios, acumula 73 muertes por coronavirus y el Gran Resistencia tiene las tasas de mortalidad y letalidad más altas del país superando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, Capitanich y sus funcionarios, a los que el mismo gobernador ha tildado de “inexpertos para enfrentar la situación”, se pasean por la provincia sin llevar las soluciones ni recaudos necesarios. Esto sucedió en el hospital de Castelli donde la ministra de Salud y hasta el mismo Capitanich se paseaban sacando fotos haciendo hincapié en los 9,5 millones de pesos que gastaron en pintar el hospital, mientras el personal hace más de 10 años que está en negro, con salarios precarios y costeando ellos mismos los elementos de seguridad e higiene debido al abandono de este servicio tan esencial.

Ahora tres integrantes de la cartera provincial dieron positivo, la ministra de Seguridad, Gloria Salazar; la secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, Marta Soneira, y la Secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez. En las siguientes semanas se sabrá el alcance de esta cadena de contagios, ya que tuvieron contactos con otros funcionarios y distintas personas con las que compartieron una recorrida por el Impenetrable, evidentemente en una visita demagógica que no cumplió con los protocolos establecidos para evitar el contagio y la propagación de la enfermedad.

Cuarentena a punta de pistola

Como solución el gobierno pretende continuar con los guetos en los barrios, aumentar los controles para que la gente no circule y cerrar los bancos y comercios, profundizando la política represiva que derivó en las golpizas contra la familia qom del barrio Bandera Argentina de Fontana. La vuelta a la “fase 1” de la cuarentena, sin medidas sociales para garantizarla, se lleva adelante sobre la base de una fuerte represión policial en los barrios.

Esta línea represiva contrasta con el silencio absoluto acerca de las políticas o lineamientos que va llevar a cabo para garantizar los alimentos en los barrios y comedores, sobre todo para aquellos que no cuentan con un trabajo registrado. No hay comentario alguno sobre pases a planta o el aumento salarial, ni una palabra de qué coordinación se llevará adelante a nivel nacional que garanticen las necesidades básicas para poder atravesar la cuarentena obligatoria. “Tenemos que hacer un esfuerzo”, pero quienes no están haciendo un esfuerzo son los bancos nacionales y extranjeros acreedores de la provincia, que siguen cobrando puntualmente la deuda externa provincial.

Capitanich pretende descargar la responsabilidad a la clase trabajadora pretendiendo desligarse de la crisis, mientras aplica recetas que no hacen más que agravar la situación. Con el cierre de bancos, por ejemplo, que va a impedir que se puedan retirar salarios, las tarjetas para cobrar el IFE o las de ayuda a monotributistas, nada tiene que ver con la prevención, al contrario, traerá graves consecuencias para la clase obrera que no llega a fin de mes, se alimenta a crédito y ahora se va a ver imposibilitada de acceder a sus ingresos. Otro ejemplo es la restricción al combustible, bastó que el gobernador dijera “a partir de mañana solo van a poder cargar combustible las ambulancias, patrulleros y vehículos autorizados” para que la gente concurriera en masa a las estaciones de servicios para poder abastecerse. Parece que el gobierno padece de amnesia y se olvida que el 50% de la población no tiene empleos registrados, que trabajadores de la salud, supermercados, periodistas, farmacias, kioscos, despensas, verdulerías o frigoríficos entre otros, tienen que seguir trabajando, al igual de los que trabajan de changas o trabajos esporádicos.

Un programa de salida

Desde el Partido Obrero venimos denunciando los atropellos a clase obrera desde hace meses, y tampoco hubo respuestas desde la burocracia sindical, sino más bien se comportaron como cómplices junto a la supuesta oposición radical, fueron completamente indiferentes a los planteos de aumento salarial y subsidios a las y los desocupados, a la necesidad de alimentos, a los despidos, a las rebajas salariales, a la precarización o la falta de trabajo de los docentes.

Defendemos la cuarentena y el aislamiento social con las condiciones materiales aseguradas para todas las familias. Debe establecerse un subsidio a los desocupados de 30.000 pesos. Corresponde centralizar el sistema de salud público y privado y garantizar los insumos, nombramientos médicos e infraestructura para garantizar la atención.

El Partido Obrero presentó un proyecto de impuesto a las grandes rentas y fortunas que podría financiar parte de estas necesidades, junto al necesario cese del pago de la deuda externa provincial, mucha de la cual es en dólares y tiene una carga que se ha agravado en los últimos meses con las sucesivas devaluaciones y la recesión.

Junto a estas medidas sociales y sanitarias, corresponde desmontar el aparato represivo policial, que está actuando con carta blanca en los barrios y contra las comunidades indígenas. Reclamamos el juicio y castigo a los culpables de las golpizas a las comunidades originarias, y la renuncia de los responsables políticos.