El gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich, pretende avanzar con la reforma de la Constitución provincial para vender el 49% de la empresa eléctrica Secheep. Sostiene, falsamente, que estamos en una desaceleración de contagios de Covid (mientras los casos y muertos se multiplican), y que luego de la cuarentena, se avanzará en la propuesta de reforma constitucional que el gobernador viene anunciando desde la campaña electoral.

Como señala Chaco dia por día, “el ministro de Gobierno y Trabajo, Juan Manuel Chapo, explicó que en la reunión se plantearon los ejes que van más allá de la coyuntura de la pandemia, y resaltó la importancia de retomar la reforma constitucional ‘que mejore la calidad institucional y la transparencia política’, y la catalogó como “una deuda histórica con los ciudadanos de la provincia del Chaco”.

La reforma constitucional encubre una línea de privatización de las empresas del Estado y una eventual reforma jubilatoria. El régimen del 82% móvil está garantizado por la Constitución, pudiendo modificarse en el caso de una reforma. En diciembre, Capitanich envió un proyecto de ley que reformaba ampliamente las atribuciones del gobernador, habilitando a vender activos y tierras públicas, una orientación privatista.

La privatización requiere convertir a la empresa en una sociedad anónima. Superando las acciones liberales del menemismo, en 1994, mientras el país avanzaba en reformas neoliberales y las privatizaciones de las empresas estatales, la provincia de Chaco realizó una consulta popular donde se definió que las empresas públicas, como por ejemplo Secheep, no pueden ser vendidas. La idea de privatizar parte de Secheep debería superar un amplio consenso en la defensa de las empresas del Estado en la provincia.

La reforma constitucional buscaría además municipalizar servicios esenciales como salud y educación y privatizar parte de la empresa eléctrica. Para ello, busca el consenso a través de un “pacto social”, que hemos repudiado fervientemente, para reformar la Constitución provincial y concretar la “descentralización del Estado”.

Llamamos a las trabajadoras y trabajadores, activos y pasivos de la provincia del Chaco, a los sindicatos y la sociedad en su conjunto a repudiar y organizarse contra el proyecto de reforma constitucional que abriría estos avances privatistas y de ajuste contra los trabajadores. Por la defensa del 82% móvil y contra la descentralización de los servicios esenciales que el gobierno pretende pasar a municipios y privados.