El paro de transporte en el Gran Resistencia, Chaco, entra hoy en su cuarto día.

Los choferes reclaman el pago de un adicional salarial de 10 mil pesos firmado en el convenio de la Fatap, que agrupa a las cámaras de transporte urbano del interior. El gobierno provincial y las empresas firmaron el pago, pero ahora estas sostienen que no tienen fondos y supeditan el mismo al otorgamiento de subsidios; el gobernador Domingo Peppo, por su parte, sentenció “que los empresarios del transporte asuman sus responsabilidades”, sin ofrecer soluciones concretas a los colectiveros.

El conflicto es una expresión de la crisis de fondo del sistema de transporte. Los empresarios han comenzado a cerrar líneas, lo que lleva –junto el cierre del tren metropolitano- a que queden incomunicados barrios enteros. Esto no solamente ocurrió en Barranqueras con el cierre del 122, que dejó de operar la empresa ERSA, sino también en Villa Ángela, donde tampoco funciona más la línea de colectivo. Las empresas reclaman un boleto a 36 pesos, que significaría un gran golpe contra los vecinos que toman el colectivo día a día. 

El paro y la UTA

El reclamo del adicional es totalmente justo. Tanto en Gran Resistencia como en la mayoría del país, los choferes han sido históricamente discriminados en su salario, cobrando incluso menos que los de la Capital y el conurbano bonaerense. El reclamo salarial llevó hace dos meses a un paro de colectivos en todo el interior del país, y antes, al paro y bloqueo en ERSA corrientes, que fue reprimido con la policía por el gobierno provincial.

La justeza del reclamo de los choferes no se tiene que confundir con un apoyo a la orientación de la burocracia de UTA, que limita la exigencia al gobierno, sin cuestionar las ganancias de las empresas. La empresa ERSA, de hecho, cuenta con el respaldo de la UTA para imponer a sus trabajadores una disciplina que lleva a sanciones arbitrarias, despidos, condiciones de trabajo durísimas, una seguridad laboral totalmente deficiente y unidades sin mantenimiento.

Por una salida a la crisis

Los costos del sistema de transporte están desquiciados por la crisis nacional. La fábrica de chasis nacional de colectivos (Metalpar) cerró de la mano del colapso industrial; el gasoil aumenta y los costos de las importaciones no tienen techo de un dólar a la desbandada.

Por eso, la crisis del transporte requiere medidas de alcance nacional. Es necesario terminar con la dolarización de los precios del combustible, una política que defienden con uñas y dientes no sólo Macri sino también los Fernández.

Y poner en marcha un plan de industrialización nacional para la producción de insumos del sistema de transporte, que hoy se importan a un enorme costo para el país.

A su vez, es necesario que se sepa exactamente cuánto ganan las empresas, cuáles son los costos e ingresos reales. Los estudios de costo se realizan en base a números fraguados, mientras la contabilidad real se esconde bajo siete llaves. ERSA, con base en Corrientes y Resistencia y responsable del servicio deficitario y la superexplotación, ha financiado de la mano de los subsidios una expansión nacional. Los usuarios y el Estado ponen plata a ciegas sin que se sepa su destino real. La apertura de cuentas y el control obrero del sistema de transporte constituyen el primer paso para que deje de ser una fuente de ganancias privadas y pase a estar bajo control del pueblo de la provincia.

Llamamos a los usuarios y trabajadores a movilizarse: abajo el tarifazo; por el aumento a los choferes, por la vuelta del tren y la línea 122; abajo los cierres de servicios y las reducciones de frecuencias; por la apertura de cuentas y el control obrero del sistema de transporte.