En las últimas horas se dio a conocer que en los barrios Toba y Chilliyí de la ciudad de Resistencia se han registrado 79 casos positivos de coronavirus y aún faltan realizar hisopados. Frente a esta grave situación el gobierno provincial ha decidido transformar los barrios en guetos, como lo viene realizando en los barrios de la zona sur de Resistencia, con toneladas de escombros, hierros soldados y piedras que impiden el ingreso o egreso a los mismos, tapando los accesos y militarizando la zona.

Este lunes 11 de mayo los vecinos del Toba decidieron movilizarse y cortar la ruta 11 en contra de estas medidas arbitrarias impuestas por el ejecutivo provincial para exigir el cese de este aislamiento, que se garantice la asistencia social, alimentos y medicamentos. Muchos vecinos viven de changas, trabajos esporádicos en el mercado central de frutas y verduras y deben salir a ganarse el pan cada día, pero la cuarentena, el actual bloqueo barrial y la militarización del barrio impide que lo puedan realizar. Además, dejan a los vecinos sin la posibilidad del acceso a la salud y a la alimentación.

En estos barrios viven alrededor de 4.500 personas y de los hisopados que se realizaron durante la semana pasada, la mayoría dio resultados positivos.

El Chaco es una de las provincias más afectadas a nivel nacional. Mientras el gobernador Capitanich analiza junto a las autoridades eclesiásticas comenzar con la apertura de las iglesias y templos para que se dicten misas, las cifras de contagios crecen día a día. Actualmente hay más de 500 casos confirmados, 21 fallecidos y 22 pacientes internados de los cuales 9 están en estado crítico. A su vez se registran 39 casos de Covid-19 en Barranqueras, 14 en Fontana, 7 en Puerto Vilelas, 5 en la Isla del Cerrito y 1 en Sáenz Peña. A ello, debemos sumarle el ascenso de contagios de dengue que ya superan las 2.100 personas con diagnósticos positivos en la provincia.

Las soluciones a estás problemáticas no vendrán de la mano de transformar a los barrios en guetos militarizando los mismos, aislando a la población del acceso a la alimentación y la salud; tampoco de mantener el trabajo en negro y no proporcionar los insumos y las condiciones de salubridad necesarias en los centros de salud y hospitales. Tampoco vendrán de la mano de dejar sin alimentos a los comedores y merenderos o sin asistencia social a los más vulnerados.

Por ello debemos organizarnos para que se aumenten las raciones de alimentos en los comedores populares para hacer frente a la creciente demanda alimenticia, por un subsidio de emergencia irrestricto de $30.000 pesos para las familias desocupadas o aquellas que no pueden acceder a un salario mensual, por el pase a planta. Es necesario un abordaje integral brindando las condiciones de higiene y salubridad necesarias sobre las zonas más afectadas y un aumento salarial que cubra la canasta familiar. Debemos conformar comités de trabajadores y vecinos en los barrios y lugares de trabajo para hacer cumplir estos reclamos.