El lunes 14, el movimiento piquetero paralizó todos los accesos a la capital de la provincia. Sobre el kilómetro 999 de la ruta 11, el Polo Obrero, junto a otras organizaciones, reclamó la reapertura de la fábrica textil hilandera de UCAL, en Barranqueras, trabajo genuino o universalización de los planes sociales, satisfacción a los reclamos de los trabajadores en lucha, libertad a Castells y nulidad de los procesos a los luchadores. Sobre la avenida San Martín, en otro corte, el Movimiento 17 de Julio y otras organizaciones pusieron el acento en el reclamo de la tierra para hacer funcionar 62 proyectos productivos.

 

Chaco es una provincia virtualmente paralizada. El mismo día del corte del movimiento piquetero, comenzó un corte de dos rutas en el interior convocado por Aprocha, asociación de pequeños productores chaqueños de algodón que reclama un precio compensador para este producto (14.000 campesinos de menos de 150 hectáreas están siendo barridos por un proceso de concentración a favor de grandes terratenientes, entre ellos Soros y Eurnekian). El miércoles 15 comienza un nuevo paro de 72 horas de los tres gremios docentes, por un ingreso mínimo de 800 pesos, que empalma con un paro de 48 horas de UPCP, el más importante gremio estatal, pidiendo una “recomposición” salarial y de categorías.

 

Las clínicas y sanatorios privados están paralizados por la decisión de la Federación Médica de interrumpir los servicios exigiendo un mayor pago por las prestaciones a las obras sociales. La salud pública, a su turno, está absolutamente desbordada: en una manifestación de enfermeros, empleados de obras sociales, choferes de ambulancias y médicos, en Sáenz Peña, se distribuyó “una fotografía de la sala de Neonatología del Hospital 4 de Junio, donde se podía observar a tres niños en una misma cuna. ¿Qué nos espera la semana próxima?”, decía el diario Norte (14/3).

 

Las “centrales” obreras (CTA y CGT) no han atinado, en este escenario, a promover una sola medida de acción directa que unifique los reclamos. Están paralizadas por el temor a dar un paso que provoque una crisis política mayúscula. Las direcciones de los gremios docentes y estatales (PJ, UCR, kirchneristas), que constituyen el grueso del sindicalismo “organizado” en la provincia, no atinan a elaborar un pliego común (que si es por los conflictos a escala del país, está encabezado por los 750 de básico para todo trabajador que dependa del Estado) y se las ingenian para mantener una división en las luchas que permita el arbitraje del gobierno.