Ha muerto uno de los jefes de la dictadura, un genocida por mano propia, un represor que asumió como gobernador- interventor en la provincia de Tucumán el 24 de marzo de 1976 – pero que ya desde diciembre de 1975 ejercía la jefatura del Operativo Independencia, una represión feroz bajo el gobierno peronista. Bajo el gobierno constitucional de Juri en la provincia se había instalado un centenar de campos de concentración, desde la escuelita de Famaillá hasta el ex Arsenal, que como campo de exterminio llegó a ser el equivalente a la Esma.

Durante el Operativo Independencia, Bussi puso en operación todos los mecanismos represivos que luego se iban a generalizar en el país. Secuestro, torturas, robos de bebés, violaciones, robos de bienes. No participó directamente en ningún combate contra la guerrilla, pero sí en las torturas y ejecuciones. Fue el encargado de aniquilar y barrer a todas las organizaciones populares de la provincia, por eso fue apoyado por la oligarquía y todo el arco patronal, empresarial y político, por la burocracia sindical y hasta por la casi totalidad de los partidos.

Las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida lo habilitaron para actuar políticamente y para apoyar esa acción mediante el uso del aparato del Estado -en especial de la policía. Las huelgas y la movilización popular lo obligaron, años después, a abandonar anticipadamente su mandato, que fue completado por el vicegobernador Topa.

A pesar de los centenares de crímenes por los que Bussi estuvo imputado, sólo fue condenado por uno: el del senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse. Por esa causa se lo condenó a prisión perpetua, una condena que la Corte Suprema de Justicia dejó firme los últimos días de 2010 y que cumplió en su casa, en un country de Yerba Buena (zona residencial del Gran San Miguel de Tucumán). Una investigación a fondo de las denuncias de los familiares de las víctimas habría obligado a llevar al banquillo de los acusados a buena parte de los actuales dueños de ingenios y terratenientes de la provincia.

Bussi, tras su muerte, es uno de los casos más emblemáticos de la política de impunidad de la era K, que ampara a todos los cómplices sociales y políticos de los genocidas; a esto conduce el método del enjuiciamiento selectivo y fragmentado.

Se ha escrito mucho sobre Bussi y el bussismo. La Gaceta siempre se refería a él como “ex gobernador”; en el obituario lo designó como represor. Pero Bussi, desde hace años, era un personaje física y políticamente acabado; y el bussismo como expresión política de la derecha tucumana, inexistente. El personal bussista -de la época de la dictadura y los más actuales- se fue pasando de bando, reciclando. En las últimas elecciones, numerosos acoples de dirigentes y punteros bussistas apoyaron a Alperovich; pero la UCR también concedió colectoras a estos, que cohabitaban en el apoyo a la candidatura radical con el PS y el ARI. Los bussistas también han recalado en los aparatos sindicales y en la Justicia. Se mantiene en pie una importante legislación de su paso por el gobierno -comenzando por la Ley de Contravenciones- y toda una política de espionaje y accionar represivos, donde la tortura es cotidiana en las comisarías y el gatillo fácil y la persecución a los luchadores se mantienen intactos.

La lucha por el desmantelamiento del aparato represivo, por el desprocesamiento de los luchadores, por la defensa de las libertades y los derechos de organización es más actual que nunca.