A 20 días del choque fatal que dejó como saldo 13 muertos y que puso en evidencia una profunda negligencia patronal y estatal, el gobierno de Miguel Lifschitz está empeñado es sostener este sistema de transporte bajo las mismas condiciones que desembocaron en los fatídicos hechos de la Ruta 33.

 

Tras el escándalo por el destape de las condiciones en las cuales operaba Monticas (Flechabus), con una responsabilidad directa en el choque, ambos gobiernos (nacional y provincial) determinaron la “suspensión definitiva” del servicio prestado por Monticas en Santa Fe y todo el país (llegaba a algunas localidades de Córdoba). El gobernador Lifschitz se vio obligado a desplazar al subsecretario de transporte de la Provincia.

 

Sin embargo, cuando en los próximos días el gobierno provincial haga la nueva licitación para establecer las “nuevas” empresas que tomarán estos recorridos, dada la concentración que impera en el sector, tendremos como licitataria una nueva Monticas.

 

Entrelazamientos

 

Monticas es una de las más grandes empresas de transporte del país. Los hermanos Derudder están en el directorio de Monticas y de Las Rosas. Son dueños  de Flechabus, también se los  vincula con Chevallier, Empresa Argentina y General Urquiza entre otras.

 

Han sido beneficiados tanto por subsidios como por aumentos en los boletos, pero las condiciones del servicio (así como el estado de las rutas) es pésimo. La absoluta falta de control por parte del Estado es evidente y en los últimos días se difundió en la provincia que la  empresa fue aportante de la campaña electoral del socialismo.

 

Párrafo aparte merece la burocracia de la UTA, que nunca denunció las extenuantes condiciones de trabajo en Monticas y la inseguridad para choferes y usuarios que implica el mal estado de las formaciones.

 

Los familiares y usuarios de las ciudades afectadas están dando una pelea frente a este crimen estatal-empresarial (que la concejal de Capitán Bermúdez, Jorgelina Signa, definió como el Cromañón del gobierno provincial), para el castigo a los culpables.

 

La formación de una comisión investigadora independiente del Estado (que evidentemente es parte implicada) podría ayudar en esa dirección.

 

A este sistema de transporte regido por todo tipo de negociados le oponemos el planteo de la estatización del servicio bajo control  de usuarios y trabajadores.