Un nuevo ajuste sobre las y los trabajadores estatales se está procesando en estos días en la vapuleada provincia de Chubut. Mediante la combinación de la Ley de emergencia económica y los decretos que permitieron la  reglamentación de las leyes XVIII 105, 106 y el artículo 107 de la ley XVIII 32, se avanza con el plan de reestructuración capitalista del Estado provincial. El gobierno persigue el objetivo de transferir más de mil millones de pesos (Diario Jornada, 26/7) de pago de salario hacia el pago de la fraudulenta deuda externa, máxima responsable del déficit fiscal provincial.

La Ley de emergencia económica de 2018, prorrogada sucesivamente y revalidada en la Legislatura a fines de diciembre de 2019, implica “la suspensión por el plazo de 18 meses desde que haya entrado en vigencia la ley, [de] los ingresos al Estado provincial bajo cualquier modalidad de vínculo jurídico (planta permanente, planta transitoria y contratos)”. La única excepción que determina es “la cobertura de los cargos vacantes que cuenten con partida presupuestaria aprobada para tal fin y [donde] obre debidamente la fundamentación por acto administrativo por parte de cada titular del poder correspondiente” (El Patagónico, 2/1).

La jubilación de oficio planteada en el artículo 107 y reglamentada por el decreto 619, faculta al Estado a intimar a quienes cumplan con los requisitos a jubilarse. La aceleración de los trámites jubilatorios anunciados implica que entre 1.500 a 2.000 trabajadores (acorde a la declaración de la Asamblea de Jubilados de Esquel) sean jubilados compulsivamente. Teniendo en cuenta que para acceder al 82% es necesario contar con 30 años de aportes en la provincia, y que el monto de la jubilación se calcula a partir de los aportes realizados en los últimos 10 años, con nulo aumento salarial desde diciembre del año pasado, se trata de un ataque a las y los futuros jubilados. Se estima que solo el 34%  de los jubilados de oficio accederían al 82%.

La ley de abstención al débito laboral resulta una suspensión en el Estado. Quienes estén hasta un máximo de 5 años de reunir los requisitos para jubilarse, pueden optar por cobrar un porcentaje de su salario, que va entre el 55% y el 70% bruto (ley XVIII 105 votada por unanimidad y su modificación, la 106), con descuentos de obra social y jubilación calculados sobre el 100%, lo que implica un salario de bolsillo aun inferior. Además, la 105 plantea que “el haber del beneficio de jubilación ordinaria de aquellos que resultaran beneficiarios del presente régimen se calculará de conformidad con la Ley vigente al momento del cese”, lo que pone de manifiesto que no se trata de una jubilación anticipada, sino de una suspensión, en el marco de una tendencia nacional de armonización de las cajas provinciales y de ataques a las jubilaciones.

El retiro voluntario plantea una “indemnización” en 24 cuotas, actualizadas según la tasa Badlar (relacionada a la tasa de interés y las Leliqs) calculada sobre la base del tiempo trabajado. Si un trabajador se adhiere a alguno de estos dos regímenes, queda inhabilitado por 10 años para reingresar en el Estado.

Los argumentos sobre el carácter voluntario de estas dos últimas medidas, esconden las presiones que sufren las y los trabajadores sobre la base de un gobierno ajustador y una burocracia sindical entreguista.

En todos los casos se trata de mecanismos para deshacerse de trabajadores del Estado y de vaciamiento de los servicios públicos. Pero además constituye un avance en el vaciamiento de Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut (ISyS) y de la obra social Seros, toda vez que la reducción de la planta estatal implica una disminución de los aportes, y que la jubilación de oficio aumenta la cantidad de fondos que deben destinarse a tal fin, en una caja ya vaciada, con una deuda histórica por parte del Estado de Chubut que sigue incrementándose.

ISSyS y reforma de cajas provinciales

El directorio de ISSyS está constituido por cuatro miembros: dos designados por el Ejecutivo, Arnaudo y Vecchio (presidente y 1º vocal), uno electo por pasivos, Gianardo, y uno electo por activos, Prior. Este directorio está denunciado por organizaciones de jubilados porque sus mandatos están vencidos desde el 2018 y porque, a pesar de ser un ente autárquico, sus recursos han sido utilizados por los distintos gobiernos, provocando un déficit en la caja que implica que las y los jubilados de Chubut tampoco perciban sus jubilaciones en tiempo y forma.

El vaciamiento de la caja jubilatoria provincial se enmarca en un cuadro de ataque a las cajas provinciales de las 11 que quedan con un régimen particular. En las reuniones de la Comisión Bicameral de Previsión parlamentaria del Congreso Nacional está planteada una reforma jubilatoria profunda como las que sucedieran este año en Córdoba y Entre Ríos. El ataque a la caja provincial es solo la antesala para montar un operativo de armonización (con la Anses) y asestarle un golpe brutal a las jubilaciones, en cuanto al monto, movilidad y edad mínima.

Organicemos un plan de lucha

La reestructuración capitalista del Estado es la ofrenda del gobierno para la renegociación de la fraudulenta deuda externa. La burocracia sindical, en el mejor de los casos, expresó cierta preocupación y pedidos de reunión. Es necesario un congreso de delegados/as de todos los sindicatos, junto con organizaciones de jubilados/as, para poner en pie un plan de lucha y un programa para derrotar el ajuste del gobierno.

Vamos por el 82 % móvil y el pago en tiempo y forma, y por un directorio electo por los trabajadores/as y jubilados/as.

El nuevo Plenario del Sindicalismo Combativo del 12 de agosto tendrá entre sus objetivos la lucha por la defensa de las jubilaciones de todo el país.