Con 25 votos a favor y uno en contra, la legislatura de Chubut sancionó una ley que autoriza al Ejecutivo a “restaurar la sostenibilidad de la deuda pública provincial”. Es decir, le brindó su apoyo político para renegociar con los acreedores nuevas condiciones para cumplir con el pago de 700 millones de dólares en bonos bajo legislación extranjera.

Las dos fuerzas que son la expresión provincial del Frente de Todos fueron contundentes en la entrega: “Chubut al Frente” (el armado electoral de Arcioni) aportó 15 de sus votos (una diputada se ausentó), y el “Frente Patriótico” (PJ) hizo lo mismo con sus 8 legisladores. Juntos por el Cambio aportó dos votos de su bloque de tres.

La primera conclusión política de esta maniobra es que “a la hora de los bifes” todos apoyan a Arcioni, el gobernador que hace más de dos años no paga en tiempo y forma y reprime a los estatales y docentes de Chubut. Las rencillas con sus aliados Ricardo Sastre (vicegobernador) y Adrián Maderna (intendente de Trelew), que controlan 9 de los 16 diputados del oficialismo, se fundamentan en intereses de camarillas y aspiraciones electorales. Incluso un favorito de la Casa Rosada, el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, sostiene políticamente al gobernador. La segunda conclusión es el fuerte respaldo político del gobierno nacional de Alberto Fernández, quien impulsó y monitoreó este proceso directamente, de la mano de nombres como Rafal Brigo, el encargado de Guzmán para las deudas provinciales, o Julián Leunda, el comodorense que es jefe de asesores de Alberto Fernández, que habría sido clave para “disciplinar” a las fracciones del peronismo chubutense.

Otro elemento para graficar el sostenimiento de la gobernabilidad de Arcioni por parte del gobierno nacional: en simultáneo, mientras se votaba en la legislatura este nuevo pacto de entrega, Sabina Frederic, la ministra de Seguridad de Nación, visitaba Comodoro Rivadavia para inaugurar un edificio de Prefectura Naval, escoltada por el mismo Arcioni y su ministro de Seguridad Federico Massoni, represor, defensor de genocidas, y denunciado por centenares de organismos de derechos humanos por hechos de violencia institucional durante y antes de la pandemia.

La bandera que unifica a los partidos políticos patronales de la provincia, al gobierno nacional y a la oposición de Cambiemos es, al fin y al cabo, la defensa irrestricta de los intereses de una clase social determinada, pues tras el acuerdo nacional con los fondos de inversión, se ha conocido que prácticamente son los mismos que gestionan la deuda de Chubut: BlackRock y Templeton, por mencionar algunos. Tras estos fondos de inversión se esconden los verdaderos acreedores de la deuda en Chubut, los capitales para los que gobiernan los Arcioni, los Fernández y los Macri, sin grieta, como los Bulgheroni (Panamerican Energy), Madanes Quintanilla (Aluar), terratenientes como Benetton, Lewis, los empresarios de la pesca y el lobby minero, para los cuales la provincia es una colonia a la cual se le extraen materias primas de exportación, a costa de miseria y ajustes cada vez mayores para el pueblo trabajador.

Las claves del proyecto de rescate a los especuladores

Tras negociaciones en las comisiones legislativas del miércoles 5 y las reuniones de los bloques de este mismo jueves antes de la sesión, la autorización que votó la legislatura introdujo algunos matices propuestos por los diferentes bloques patronales en relación al primer borrador de Arcioni.

En limpio, se puede mencionar que: se les propondrá a los acreedores (que deben aceptar en un 75%) un “período de gracia” hasta 2025 (2 años más que el proyecto original), no se incluirá la coparticipación federal ni los “recursos de libre disponibilidad” como garantías, sí lo serán las regalías petroleras, y se formará en la legislatura una “comisión de seguimiento”.

En primer lugar, nada se dice acerca de si durante “los años de gracia” y “oxígeno” para la provincia, los intereses que no se pagarán durante estos cinco años pasarán a capitalizarse y abultar los vencimientos originales. Luego, la garantía exclusiva de las regalías petroleras (que son específicamente las de Cerro Dragón de PAE, un 60% de la producción total) deja en el misterio de dónde se sacarán los fondos necesarios para pagar los futuros vencimientos, si como sucede ahora, las regalías no son suficientes, probablemente a costa de nuevos ajustes. En tercer término, la “comisión de seguimiento” es como poner al zorro a cuidar las gallinas: las fuerzas políticas que votaron una comisión similar en el endeudamiento de 2016 que se busca reestructurar (bonos Bocade y Bopro), que aún no se sabe a dónde fueron a parar, son las mismas que ahora.

Por otro lado, está la cuestión de los plazos para concretar la renegociación con los acreedores y los vencimientos próximos. Existe la posibilidad de que, aún llegando a este acuerdo leonino, Chubut deba pagar casi 48 millones de dólares (casi 3.000 millones de pesos) en los próximos meses. Esto porque la estructura del fideicomiso gerenciado por el Deutsche Bank y el Banco Comafi contiene la creación de un “fondo de garantía” que comienza a capitalizarse con retenciones de regalías tres meses antes de los vencimientos de intereses y capital, justamente, para garantizarse un “canuto”, o “unos ahorritos” (Arcioni dixit) y poder así cumplir en tiempo y forma con los especuladores. La obscena antítesis de lo que sucede con los docentes y estatales, a los que se le adeudan ya dos meses y el aguinaldo, que será en más de 6 cuotas. La reestructuración que el gobierno de Arcioni vendió (e incluso burócratas como Guillermo Quiroga de ATE que pidió el voto a los legisladores), extorsivamente, a los trabajadores como una solución al atraso salarial no es garantía de evitar mayores atrasos, todo lo contrario, los dota de mayor legitimidad política.

La orientación general es una reestructuración capitalista, con congelamiento salarial por ausencia de la paritaria 2020 e intentos de achique de la planta estatal con retiros voluntarios y jubilaciones forzadas, todo relacionado con garantizar el repago de la deuda.

No pago e investigación independiente de la deuda

Para triunfar, la impugnación de esta deuda provincial fraudulenta, con millones de dólares desaparecidos en el retorno a los capitalistas y otros tantos en el más llano robo y corrupción, debe dotarse del carácter de una campaña de movilización política y lucha contra el Estado y sus administradores políticos, nunca con mandato social para endeudar de este modo la provincia. Es necesario impulsar esta deliberación y acciones de lucha en las organizaciones obreras, en las asambleas por el No a la Mina y la población en general. La burocracia sindical de la CGT y las CTA de la mano de la MUS que no ha llamado a ningún acción concreta en contra del pago de la deuda, así como estériles convocatorias de centroizquierda en el redil del gobierno nacional, ratifican sus límites para cambiar esta historia, porque están integradas a toda una orientación política opuesta a un programa de salida en los términos de las y los trabajadores.

A esta tentativa de reestructuración apoyada por todo el arco político patronal de Chubut, debemos oponerle un frente único de lucha por el no pago e investigación independiente de la deuda, con participación de los sindicatos y las organizaciones de lucha.

Es necesario debatir en un Congreso de delegados de base de todos los sindicatos de la provincia, un plan de lucha y un programa de salida que, en los términos que plantea el Partido Obrero y el Frente de Izquierda, es absolutamente incompatible con el régimen de Arcioni y sus aliados, que incluya además del no pago de la deuda fraudulenta, impuestos progresivos y permanentes a los grandes capitales, la nacionalización de los hidrocarburos, y la puesta en marcha de un plan de desarrollo provincial bajo la dirección política de las y los trabajadores.

https://prensaobrera.com/politicas/editorial-de-blackrock-al-fmi-sin-estacion-intermedia/