La postergación de la sesión extraordinaria del miércoles 5 es sin dudas un duro golpe a los planes del gobierno de Chubut y para el gobierno nacional. Las fuerzas políticas gobernantes son, antes que todo, representantes de los intereses patronales, y cuando no pueden dar cuenta de sus exigencias, y del otro lado se profundizan las movilizaciones populares, se agudizan las crisis políticas.

El eje de la crisis provincial y nacional reside en la imposibilidad material de hacer frente a las enormes deudas del Estado con los acreedores: pulpos financieros como BlackRock y el FMI. La jugada del impulso de la megaminería contaminante, largamente resistida por el pueblo de Chubut, obedece en primer lugar al intento de someter a la población y su territorio a los intereses de las mineras y sobre todo de los acreedores de la deuda –muchas veces son los mismos, BlackRock posee deuda de Chubut y también acciones en la mayoría de los emprendimientos mineros a nivel internacional.

Los alcances de la crisis política se manifiestan en los choques entre los distintos sectores del PJ y su base; los carpetazos, como el video de López pidiendo coima; los panquequeos permanentes, como advierte la última editorial del prominero Diario Jornada y las últimas intervenciones del Poder Judicial -que ahora dio marcha atrás frente a la cautelar que impedía tratar el proyecto de zonificación por el planteo de inconstitucionalidad de las asambleas.

La incapacidad del conjunto de las fuerzas políticas capitalistas del régimen de hacer pasar la agenda minera, producto de la intervención activa de la población en las calles y mediante todo tipo de pronunciamientos, dan cuenta de este impasse.

En este caso, la crisis política cobró un alcance nacional a partir de la intervención directa de Alberto Fernández y su ministro Hensel en la provincia. Habían logrado abroquelar al interbloque Sastre-Maderna y al PJ provincial y en plena comisión de ambiente tuvieron que dar marcha atrás. Es importante advertir que detrás de esto también está la disputa por mayor coparticipación de las regalías mineras para los municipios, como de forma bastante explícita plantea Luque, a lo que se suma Gustavo Sastre y Maderna, entre otros.

La intervención prominera del gobierno nacional dio impulso a la marcha plurinacional del 4 convocada por la UACCh (Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses) y apoyada por la coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS), que contó con movilizaciones a lo largo y ancho del país y que logró derribar el cerco mediático, con repercusiones en todos los medios nacionales. Esta experiencia marca la importancia de los frentes únicos de lucha, con independencia política de los distintos gobiernos y fuerzas patronales.

El comienzo del año electoral también se está configurando como un factor de agravamiento de la crisis, que funciona como un disolutivo para que se alcancen acuerdos entre los distintos bloques que operan en la legislatura. Algunos medios incluso plantearon que existe una discrepancia al interior del gobierno nacional respecto a cuándo convendría intentar votar la zonificación -si antes o después de las elecciones- con el límite concreto que para dentro de los próximos meses debería ponerse a votación la Iniciativa Popular, lo que podría dar por tierra los intentos cercanos de avanzar con la megaminería

Otro de los elementos a tener en cuenta para terminar de caracterizar la situación política de Chubut es la inminente vuelta al ciclo lectivo, con tres años de falta de clases por responsabilidad del gobierno. Esto trajo a Trotta a la provincia para ponerse al servicio de imponer la vuelta a clases sin condiciones, de la mano de Perata y Arcioni, pero fue recibido por una movilización y un repudio generalizado en las redes sociales. El cuadro del conjunto de les trabajadores estatales, con pérdida del 40% de su salario, salarios y aguinaldo impagos y crisis de infraestructura solo se agrava con el pasar del tiempo. La capacidad de contención de la burocracia sindical alineada con el gobierno nacional se licúa al ritmo de la crisis política.

Esta situación plantea la tarea necesaria de la intervención del movimiento obrero (estatal, privado, jubilades, descopuades), en el escenario político, por las propias reivindicaciones, que incluyen redoblar los esfuerzos de movilización de la lucha contra la zonificación y por la Iniciativa Popular 2020.

Reforcemos las asambleas de las comunidades. Vamos por asambleas en todos los lugares de trabajo y estudio. Impulsemos plenarios de delegades y conquistemos un congreso provincial de delegades de base de todos los sindicatos, que incluya al movimiento ambiental y los distintos sectores en lucha, para debatir un programa de salida y un plan de lucha para que se vaya Arcioni y todo el régimen de saqueo y endeudamiento.

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