El derrame de cianuro generado por la mina Veladero en septiembre pasado fue la prueba evidente de que la gestión de los pulpos mineros como la Barrick Gold anteponen el lucro capitalista a la preservación de las condiciones de vida de los pueblos aledaños al yacimiento y de sus propios trabajadores (accidentes varios que costaron la vida  de trabajadores).

Barrick se vio obligada a suspender en forma indefinida la construcción de Pascua Lama hace más de dos años por los graves daños ambientales comprobados por la justicia chilena, una justicia que nadie puede sospechar de tener prejuicios “antimineros”.

El cierre de Pascua Lama coincidió con una pronunciada baja de las cotizaciones del oro en los mercados mundiales. Ambas cuestiones afectaron duramente a Barrick, una de las mayores productoras de oro del planeta.

El pulpo canadiense optó entonces por “bajar costos” en Veladero, la mina que opera en la provincia de San Juan desde hace más de diez años. A pesar de que Veladero siempre fue rentable por sus bajos costos de extracción, las necesidades financieras de Barrick, de cubrir las deudas contraídas para construir Pascua Lama, dieron como resultado una reducción de los costos de mantenimiento y preservación medio ambiental del yacimiento.

Los accidentes y el derrame de septiembre fueron consecuencia de la zona de riesgo en que había entrado la gestión de Barrick. Las medidas del gobierno de Macri (eliminación de retenciones a las exportaciones mineras, devaluación) sumado a la leve recuperación de los precios del oro, le permiten a la Barrick cobrar un 80% más en pesos que seis meses atrás. Pero la política de “baja de costos” continúa como si nada.

Crisis política

El derrame que inicialmente Barrick intentó minimizar, se conoció por denuncias de los propios trabajadores de la mina y dio como resultado una intensa agitación especialmente en la ciudad de Jachal, por donde pasan los ríos que fueron contaminados por el derrame.

La justicia provincial de San Juan, tal como había ocurrido con la Ley de Glaciares, actuó prontamente a favor del pulpo minero. Tanto la justicia provincial como el propio gobierno (ayer Gioja, hoy Uñac) están completamente colonizados por la Barrick y los otros pulpos mineros que actúan en la provincia (Yamana Gold, entre otros). Le aplicó una multa de unos diez millones de dólares, un “vuelto”.

Pero la crisis política metió la cola. El juez Casanello, que solía cajonear las causas que afectaban a los K, en este caso actuó con algo más de premura y amenaza con cerrar preventivamente la operación del yacimiento. Gestiones de la Barrick lograron que se mantenga en suspenso la medida a la espera de los resultados de una Comisión de peritos, que deberá dictaminar sobre doce puntos para definir si la operatoria del yacimiento asegura o no frente a la posibilidad de nuevos derrames u otros daños medioambientales. Todo esto mientras se define (¿la Corte?) qué justicia debe entender en el tema, si la federal (Casanello) o la provincial, que ya dio por terminado el asunto con la multa.

Movilizaciones cruzadas 

La posibilidad del cierre de la mina conmovió a la provincia de San Juan..

Por un lado, las asambleas populares de Jachal en defensa del agua con el apoyo de las Ongs ambientalistas de todo el país son las querellantes del juicio y reclaman el cierre. Por el otro un sector de trabajadores de la mina, anunció una movilización al centro de San Juan para el viernes 8 reclamando que no se cierre la mina. La burocracia de Aoma se pronunció, como era esperable, en el mismo sentido. Incluso un sector de las comunidades de la zona del departamento de Iglesia (Tudcum entre otras) también se plantea concurrir para que no se cierre la mina.

La posición de los trabajadores en defensa de su fuente de trabajo no critica la gestión de Barrick y de ese modo encubre la negligencia culpable de los pulpos. Si bien el cierre de la mina tendría consecuencias negativas sobre la ocupación en la provincia, que ya sufrió el golpe de la suspensión indefinida de Pascua Lama y la caída del resto de las actividades, tanto minera, como del vino y otras producciones regionales, eso no justifica de ninguna manera avalar a los pulpos depredadores de las riquezas y del medio ambiente.

Para defender los puestos de trabajo se debe levantar un programa independiente de los pulpos mineros, que facilite el trabajo común con las poblaciones afectadas. Esto debería surgir de una deliberación común entre los trabajadores del yacimiento y los representantes de las poblaciones cercanas, tanto de Iglesia como de Jachal.

El reclamo central podría ser una intervención a la mina con una gestión bajo control de comités de trabajadores y de las poblaciones vecinas, que asegure las condiciones tanto de seguridad de los trabajadores como de protección medioambiental.