Lo que está fuera de discusión en torno al cierre temporal a la exportación de carnes es la marcada improvisación del gobierno. Como sea que evolucione el conflicto, el impacto en “la mesa de los argentinos” será escaso, en medio de un desmadre inflacionario que condena a la mitad de la población a vivir debajo de la línea de pobreza. El lock out que anunciaron las patronales ganaderas, de hecho, deja a los trabajadores como rehenes.

Hace dos semanas se anunciaba pomposamente la renovación del acuerdo con las patronales del sector cárnico, que consiste en ofertas para once cortes en grandes cadenas de supermercados, hasta completar unas 8.000 toneladas. Presentada desde enero como una medida para contener la estampida de los precios de los alimentos, terminó siendo catalogada por el propio Alberto Fernández como una “migaja”, ya que apenas representa un 4% de los que se consume en el país mensualmente.

A ello hay que agregar que el Ministerio de Agroindustria prometía el lanzamiento de un Plan Ganadero de estímulos fiscales al sector, y que Cancillería se encuentra con febriles gestiones para incrementar el mercado externo de carne bovina -especialmente rehabilitando las ventas a México. El Consejo Agroindustrial, que congrega federaciones empresarias de todos los rubros rurales, cuestionó que venían avanzando en ese sentido con distintas áreas del gobierno, en el marco de la promoción oficial a las exportaciones para recaudar divisas con la mira puesta en el repago de la deuda externa. En otras palabras pareciera que, como dice el dicho popular, el gobierno se está escupiendo el asado.

El cierre por un mes de las exportaciones sería con el objetivo de establecer medidas como una suba de las retenciones o la fijación de cupos de venta exterior, o al menos una reducción de la defraudación fiscal vía subfacturaciones y algún acuerdo de precios. El viraje es justificado oficialmente en el aumento descomunal de los precios de los cortes: según los datos del Indec el kilo de asado trepó en términos interanuales un 95% (duplicando el ya alto índice general de alimentos y bebidas), al igual que otros cortes de consumo masivo como el cuadril, la nalga o la paleta con subas superiores al 70%, todos acumulando más del 20% en lo que va del año. Un primer balance debe ser el fracaso rotundo del gobierno tras cuatro meses de intento por contener los precios.

El consorcio ABC que nuclea a los exportadores de carne y la Mesa de Enlace convocaron a un lock out en la comercialización y la faena durante el resto de mayo. Aseguran que la mayoría de los animales y cortes de exportación no se consumen localmente, y que es menos de un tercio de la producción bovina lo que se vende a otros países. Hasta el gobernador peronista de Santa Fe, Omar Perotti. salió con los tapones de punta contra el gobierno nacional, a coro con el cordobés Juan Schiaretti, oficiando como voceros de un sector importante del empresariado de sus provincias.

Lo cierto es que en Argentina el consumo de carne está en sus niveles más bajos en un siglo; un dato fulminante del crecimiento del hambre y la pobreza. Entre tanto, el volumen de las exportaciones de carne vacuna de los últimos tres años más que triplica el promedio de los diez años anteriores. Es decir que la exportación compensa con creces la depresión del mercado interno. La ecuación es simple: producen con salarios devaluados y costos en pesos, para cobrar en dólares y con precios internacionales en alza. La paritaria 2021 para los trabajadores de la carne cerró en un 30%, y pierde en todos los tramos contra la inflación.

La medida de fuerza patronal apunta contra el gobierno, pero por supuesto tiene como rehén a las familias trabajadoras, que hasta podrían ver nuevos incrementos en la medida que escaseen los cortes. Es lo que ya habría empezado a verificarse en el mercado de Liniers. Amenazan además con una ola de cierre de plantas frigoríficas y miles de despidos. No obstante ello, hay dos aspectos que señalan a los cuales vale la pena prestar atención. Uno es que el boom de la cotización de los granos encarece el engorde de los animales, lo cual advierte sobre la cuestión de que habría que revisar toda la cadena productiva. El otro es que impuestos explicarían casi la tercera parte de los precios en góndola, lo que revelan que trasladan su costo al consumidor, cuando recaen además sobre este último los gravámenes más altos como el IVA (10,5%).

Los vaivenes del gobierno son un retrato de su impotencia en contener los precios de los alimentos, expresión de la anarquía y la desorganización capitalista de la economía. Los recules permanentes, como sucedió con el cepo a la exportación de maíz en enero y el año pasado con la intervención de Vicentin, envalentonan a las patronales. La política de rescate de la deuda a base de exportaciones primarias, y la desindexación de los salarios y jubilaciones como ancla inflacionaria, no puede tener otro resultado que un creciente achicamiento de “la mesa de los argentinos”. Mucho antes que esta medida improvisada, la cuestión fue puesta sobre la mesa por las enormes movilizaciones piqueteras y por importantes conflictos obreros que desafiaron al firma de paritarias penosas por las burocracias sindicales.

La incapacidad oficial se desprende por ello del corazón de su política económica. Por el contrario, un plan económico de los trabajadores podría atacar el problema de frente. El control de los precios solo puede ser real si se procede a la apertura de los libros de toda la cadena de valor, para determinar los costos de producción y comercialización. A su vez, solo la nacionalización del comercio exterior permitiría la desindexación de los precios internos respecto de los internacionales, y dejaría un saldo a favor para invertir en un desarrollo nacional, en la medida que se deje de pagar la deuda externa usuraria y fraudulenta. Finalmente, si preocupa realmente la mesa de las familias trabajadoras, urge un aumento de emergencia para salarios y jubilaciones, además de la prohibición de los despidos y la puesta en producción bajo control obrero de las empresas que cierren. En suma, hace falta un camino opuesto al rumbo fondomonetarista por el que llevan al país.

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