En sintonía con la Resolución N° 545 “I” del Ejecutivo municipal de la ciudad de Córdoba, que estableció el receso administrativo desde el 22 al 31 de mayo, el viceintendente de la ciudad, Daniel Passerini, dispuso la suspensión de la sesión del Concejo Deliberante del día jueves 27 de mayo. La clausura del Concejo Deliberante constituye un hecho autoritario de extrema gravedad, más aún en un cuadro epidemiológico que coloca a la provincia liderando el ranking de contagios en el interior del país con 4.933 casos positivo en el pasado jueves.

Es justamente este organismo, donde se encuentran representadas el conjunto de las fuerzas políticas electas por las y los vecinos, el que debe intervenir con urgencia. Es en este sentido que el pasado miércoles 19 de mayo solicitamos desde la bancada del FIT un pedido de interpelación al intendente Martín Llaryora, con carácter de urgencia, para que rinda cuentas por el manejo de la pandemia, y demandamos el tratamiento y aprobación de los numerosos proyectos presentado por el FIT para actuar frente a la crisis sanitaria y social.

Ha pasado una semana, nos encontramos en alerta sanitaria, y no sólo se abortó el compromiso asumido por el Ejecutivo, de sostener una audiencia con el conjunto de los concejales, sino que ahora se levantó la sesión del Concejo. La medida, además de autoritaria, responde al manejo discrecional de la pandemia por parte de la gestión del PJ, cuyos únicos beneficiarios son los industriales y las cámaras de comercio, quienes vienen presionando por mantener la liberación total de la circulación, con consecuencias terribles para la población.

Córdoba en Rojo

Los últimos datos son alarmantes. Los casos de Covid positivo se acercan a los 5.000 y ya son más de 2.000 las camas críticas ocupadas en la provincia. Un gran porcentaje de estos casos se concentran en la capital cordobesa. El hecho de que el 80% de los barrios de Córdoba hoy se encuentren en alerta por casos de Covid positivo es muestra de ello.

Según La Voz del Interior “al comienzo de la pandemia y hasta marzo, la provincia calificaba como barrios preocupantes a aquellos que tenían 20 o más casos positivos”. Pero el ascenso de la curva de contagios llegó al punto en que hay “más de 60 barrios con 41 o más de 100 contagios”.

El ascenso exponencial de casos lleva al límite al ya precario sistema de salud municipal. A las denuncias de los trabajadores de salud por la falta de personal, equipos de protección personal adecuados, insumos, medicamentos e infraestructura en condiciones, se suma que hoy deben atender casos febriles sin condiciones mínimas de bioseguridad.

La política de Llaryora es criminal. Cabe aclarar que muchos de estos trabajadores se encuentran aún sin vacunar, y otros tantos son trabajadores a quienes se les suspendió la dispensa por haber recibido una dosis de la vacuna, a pesar de padecer enfermedades prevalentes que agravan cualquier cuadro de Covid.

El colapso sanitario y social en la ciudad es entera responsabilidad del Ejecutivo municipal, quién se negó sistemáticamente a disponer medidas que restrinjan la circulación para preservar los intereses capitalistas.

En este cuadro, es necesario que sesione el Concejo Deliberante, disponiéndose las herramientas necesarias para garantizar la bioseguridad. No hay excusas para el tratamiento y aprobación de  las decenas de proyectos que presentamos para reforzar los centros de salud, el sistema de transporte, mantener la suspensión de la presencialidad en las escuelas, y prever una serie de medidas de asistencia económicas a las familias más vulnerable.

No hacerlo constituye un acto de absoluto autoritarismo, responsabilizamos al gobierno de Martín Llaryora por las consecuencias fatales que esta política está generando en la ciudad.