El transporte urbano de pasajeros (TUP) de la Ciudad de Córdoba va por su segunda semana de paro producto de que sus trabajadores llevan dos meses sin percibir sus salarios debido a que el intendente capitalino, Martín Llaryora, y las patronales retienen ilegalmente los subsidios nacionales y provinciales destinados al pago de sueldos y aguinaldo. Mediante una extorsión ilegal el gobierno municipal prepara una reforma integral del sistema de transporte en la ciudad de Córdoba que implica el desguace del actual sistema, para proceder a una descentralización del servicio en manos de particulares y empresas privadas. Para proceder en este sentido el ejecutivo municipal ingresó hoy al Concejo Deliberante una ordenanza que declara “la emergencia del Sistema de Movilidad Urbana y Transporte Público de Pasajeros de la ciudad de Córdoba” para ser aprobada el próximo viernes.

Con un tratamiento exprés el intendente Martín Llaryora busca aprobar una ordenanza que lo libera de manos para disponer a discreción su nuevo esquema de transporte en la ciudad. La declaración de emergencia, fijada por un año y prorrogable de manera automática, es de un autoritarismo sin límites. En cuatro artículos, la ordenanza concentraría todo el poder en el ejecutivo municipal sin disponer mecanismo de control alguno, reduciendo a la nada el rol del Concejo Deliberante en la regulación de uno de los servicios centrales para la población. El proyecto autoriza al ejecutivo a disponer toda la “readecuación del diseño estratégico, técnico, y operativo” incluyendo “sistemas alternativos de transporte, modificaciones de frecuencias, rediseño de líneas, así como a disponer el ordenamiento e instrumentación del régimen económico financiero”, etc.

Según varios funcionarios, este nuevo esquema reduciría las frecuencias en horas que no sean consideradas “pico”, a la vez que concentraría el servicio en los recorridos troncales eliminando aquellos “no rentables”. Aunque el secretario de gobierno municipal, Miguel Siciliano, afirme que se quiere “preservar el 100 por ciento de las fuentes de trabajo”, lo cierto es que la propuesta supone una reducción sustancial de la flota actual, lo que plantea decenas de despidos.

Para suplir la eliminación de unidades, el ejecutivo habilitaría a los remises “truchos” (que hoy circulan en las barriadas) a trasladar pasajeros al centro. A pesar de que no existe regulación alguna en el sector (ni condiciones laborales, ni habilitaciones de las unidades, ni tarifas) ya han sido bautizados por los funcionarios como “los turquesa”. Paralelamente, se ampliarían la zona de trabajo de los remises registrados y la frecuencia del limitadísimo ferrourbano. La verdadera novedad estaría en la incorporación de una aplicación mediante la cual el personal sanitario sería trasladado a sus trabajos por una flota de transportistas particulares que se registren en dicha app. Esto último ya se ha operativizado, sin necesidad de ordenanza alguna.

El gobierno de Llaryora avanza como nadie en la destrucción del servicio de transporte en la ciudad, y con ello en la liquidación del convenio colectivo de los trabajadores del transporte. Quiere imponer un nuevo sistema de transporte, descentralizado y anárquico, donde llegar al centro de la ciudad o a los lugares de trabajo será una verdadera odisea para los sectores populares.

El argumento principal es la caída en el corte de boletos producto de la cuarentena, -43% en marzo, -91,69% en abril, – 99,77% en mayo, y – 87,55% en junio. Sin embargo, durante estos meses la prestación del servicio fue reducida a su mínima expresión, mientras las empresas siguieron cobrando regularmente los subsidios municipales, nacionales y provinciales, estos últimos destinados al pago de los salarios que no dependen del corte de boletos. En definitiva, la ordenanza del PJ habilitaría al ejecutivo municipal a hacer de todo, excepto lo único que se necesita: la apertura de los libros de las empresas y la estatización del transporte bajo control de usuarios y trabajadores.

Se trata de una orientación nacional. El presidente Alberto Fernández anticipó que el regreso a las actividades productivas sería con un sistema de traslado especial. Lejos de buscar un control epidemiológico de la situación, el presidente adelantaba a provincias y municipios sus intenciones de retirar los subsidios nacionales que financian los sistemas de transportes, reducidos en 2019 y hoy llevan ya varios días de retraso. Fernández fija la política del “sálvese quien pueda”, mientras concentra el sistema de transporte en los centros industriales del país como CABA y provincia de Buenos aires.

El conflicto salarial, una lucha clave

Aunque la ordenanza y el conflicto salarial de los choferes corran institucionalmente por carriles separados, el conflicto con la UTA es la primera pulseada del gobierno para imponer su nuevo esquema. Es en este cuadro debe leerse la nueva propuesta realizada por el ejecutivo municipal, tras la movilización de más de 1.000 choferes. La misma insiste en imponer una reducción salarial de entre el 12% y el 15%, que se implementaría reduciendo de 24 a 19 los días al mes; esos cinco días de diferencia se convertirían en francos no pagos. Esta modificación impactaría en el salario con una reducción de entre $10.000 y $11.000 en un sueldo inicial de $45.703,52. Esto, sumado al congelamiento salarial, dejaría a la mayoría de los trabajadores por debajo de la línea de la pobreza.

La lucha por falta de pago que lleva acumulada más de 45 días de paro durante la cuarentena recibe una insólita respuesta de la intendencia: reducción salarial y reforma laboral. Llaryora juega con el hambre de las 3.000 familias de los choferes que llevan dos meses sin cobrar en plena pandemia. Extorsiona a los trabajadores para que acepten un acuerdo a la baja, y para ello no ha dudado en recurrir a la represión más despiadada. Pero esto es apenas el primer paso. La aplicación del nuevo esquema implica la liquidación del convenio colectivo y la incorporación de un batallón de trabajadores precarios en los sistemas subsidiarios como monotributistas o autónomos, el mismo mecanismo que fuera utilizado para incorporar abogados en reemplazo de agentes municipales.

Al igual que en el conflicto municipal, el intendente avanza con todo sobre derechos conquistados, saqueando el bolsillo de los trabajadores para preservar la caja de las empresas prestatarias de servicios que no han puesto un peso durante la pandemia.

La bancada del Frente de Izquierda en el Concejo Deliberante rechaza de plano esta ordenanza. Está en juego un servicio extremadamente sensible para la población trabajadora, y su suerte no puede estar librada a la discreción de un gobierno garante de los empresarios. Planteamos la apertura de los libros de las empresas, la prohibición de despidos y suspensiones y el inmediato pago de los salarios adeudados. Rechazamos cualquier reducción salarial, y proponemos la estatización del sistema de transporte bajo control de trabajadores y usuarios que dispongan una readecuación en función de las mayorías populares.