En sintonía con los anuncios del gobierno de Schiaretti, la Municipalidad de Córdoba oficializó la decisión de emitir bonos por $2.000 millones para afrontar el pago a deudas con proveedores y contratistas. Como en la provincia, el bono se emitirá a 36 meses y pagará tasa Badlar. Si bien se afirma que es de aceptación libre de los proveedores, la emisión aparece como el único medio de pago, con lo cual termina funcionando como una cuasimoneda.

El instrumento podrá utilizarse para cancelar impuestos municipales y ya fue inscripto en el Mercado de Valores para facilitar su colocación y “contribuir a generar otras vías de financiamiento a los contratistas" según afirmó Diego Bono, director general de Finanzas del municipio. Asimismo, podrán ser utilizados para como garantía para la obtención de créditos bancarios. 

El anuncio ya tuvo su primera repercusión, la calificadora Moody’s Investors Service bajó ayer las calificaciones de emisor y de deuda de ocho provincias, una ciudad y una municipalidad, entre ellas la provincia y la Municipalidad de Córdoba, anticipando que cualquier endeudamiento futuro será a tasas de interés muy superior.

La medida tiene como trasfondo la virtual quiebra del Estado municipal, que el gobierno peronista intenta revertir echando mano al bolsillo de los trabajadores. Previo a la pandemia, Llaryora había lanzado una intensa campaña mediática sobre la deuda municipal “heredada del mestrismo” (UCR), como plafón para proceder a un mazazo sobre los salarios y jubilaciones de los municipales, y avanzar sobre uno de los mejores convenios de la provincia. En épocas de pandemia esta orientación se profundiza. 

Dentro de la deuda municipal, que supera los $29.000 millones, $4.684 millones corresponden a pago de proveedores (entre los que se encuentra la Cámara de la Construcción) y otros $959 millones corresponden a deudas con el personal. En este contexto, no se puede descartar que la emisión de bonos, hasta ahora restringida al pago de proveedores y contratistas, pueda hacerse extensiva para afrontar el pago de salarios municipales. 

En diversas declaraciones mediáticas el Viceintendente, Daniel Passerini, alertó ante la caída de la recaudación municipal y requirió de la asistencia del gobierno nacional para hacer frente al incremento de gastos que supone la pandemia. Por lo pronto, Llaryora ya se despachó con un brutal descuento en el salario de los municipales del mes de marzo por medio del no pago de la prolongación de jornada de las reparticiones administrativas, y con un ataque a las paritarias de los municipales.

La cara más dramática de esta bancarrota municipal la tenemos en los hospitales y escuelas dependientes de la ciudad, donde se multiplican las denuncias por la ausencia de medidas mínimas de protección personal, insumos y equipamiento para garantizar servicios esenciales como la atención sanitaria o la entrega de alimentos, situación que ya ha dejado a sus primeros trabajadores contagiados en actividad. El presupuesto no aparece y el ajustazo salarial está a la orden del día.

Esta situación ya ha despertado los primeros procesos de organización entre los trabajadores de la salud. Siguiendo los pasos de los y las enfermeras del Hospital de Urgencias, trabajadores de salud del Hospital Príncipe de Asturias han lanzado una carta exponiendo su situación, que establece un programa para garantizar la atención en el nosocomio. 

Más que nunca se impone la necesidad de una intervención activa de las y los trabajadores organizados sobre sus reclamos, tomando en sus manos la conformación de comités de higiene y seguridad por el control obrero de la cuarentena. Asimismo, hay que rechazar las posiciones del gobierno de que la crisis la tienen que pagar los trabajadores, el financiamiento del municipio no puede provenir del robo a los trabajadores. Hay que dejar de pagar la deuda usuaria y avanzar con impuestos progresivos sobre los grandes capitalistas que operan en la ciudad empezando por la especulación financiara e inmobiliaria.